En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares aprobada el pasado 9 de abril, organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) impulsaron una acción de amparo colectivo ante el juzgado federal de La Pampa, en la que solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la norma. La presentación judicial cuenta con el respaldo de más de 850 mil personas que adhirieron de forma individual. El objetivo central es obtener una medida cautelar que suspenda la aplicación de la reforma en todo el país, al considerar que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Mientras se resuelve el fondo de la cuestión, los demandantes piden que continúe vigente la Ley 26.639. En el bloque actor también participa Marta Maffei, autora de la ley original, junto a asambleas y organizaciones territoriales de distintas provincias, como Asamblea Jáchal No Se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará y la Multisectorial Golfo San Matías, entre otras. A ellas se suman entidades de derechos humanos y de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales. Más de 850 mil personas respaldan un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares por considerarla inconstitucional y regresiva en materia ambiental Reforma de la Ley de Glaciares: cuestionamientos legales y falta de participación La acción judicial surge tras un proceso legislativo que, según los impulsores del amparo, estuvo marcado por irregularidades. Denuncian que más de 100.000 personas se inscribieron para participar de una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, pero menos del 0,2% pudo exponer de manera oral. Además, señalan que las reglas de participación fueron modificadas una vez iniciada la inscripción, incorporando presentaciones escritas y videos bajo criterios considerados arbitrarios, lo que -afirman- vulnera los estándares de transparencia y participación establecidos en el Acuerdo de Escazú. Para las organizaciones, la reforma implica un retroceso ambiental que contradice la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión y el esquema de presupuestos mínimos previsto en la Constitución Nacional. Impacto ambiental y riesgo sobre el agua en Argentina El amparo también solicita suspender cualquier acto administrativo o autorización vinculada a la nueva normativa, especialmente aquellos relacionados con proyectos mineros en zonas que se superponen con glaciares, según el Inventario Nacional de Glaciares y los informes técnicos del IANIGLA. Las organizaciones advierten que la modificación pone en riesgo reservas clave de agua y denuncian irregularidades en el proceso legislativo Según advierten, la reforma reemplaza criterios científicos por decisiones provinciales discrecionales, lo que podría fragmentar la protección de estos ecosistemas clave. Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas del país y garantizan el acceso al agua para más de 7 millones de personas. En ese sentido, recuerdan que en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, estableciendo que el dominio provincial sobre los recursos naturales no puede reducir los estándares mínimos de protección fijados a nivel federal. La demanda, aseguran, marca una nueva etapa en la defensa de las reservas estratégicas de agua en Argentina. En ese marco, las organizaciones convocaron a una conferencia virtual abierta para el martes 5 a las 12, donde brindarán detalles y responderán consultas sobre la acción judicial. Diego Salas, Director de Programas de Greenpeace: “Esta demanda representa un hito de participación ciudadana: más de 850 mil personas de todo el país se han unido en esta defensa histórica de los glaciares. Es un mensaje fuerte y claro; la sociedad no permitirá una reforma que ponga en riesgo las reservas de agua dulce de Argentina”. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN): “Esta reforma viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según lo que establece la Constitución nacional. Si bien hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, no pueden disponer de ellos a cualquier costo porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección. Además de los impactos ambientales, la reforma compromete seriamente la credibilidad internacional del país, porque contradice compromisos asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que consagra el principio de no regresión en materia ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones extranjeras”.
