La participación ciudadana podría convertirse en una nueva herramienta para fortalecer los controles ambientales en Mendoza. Un grupo de legisladores radicales presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca habilitar un sistema digital oficial para que cualquier persona pueda denunciar presuntas infracciones ambientales mediante fotografías y videos capturados desde una aplicación desarrollada por el Estado. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte Sanabria y Néstor Majul, quienes proponen crear un marco legal que permita incorporar registros audiovisuales aportados por ciudadanos como evidencia en procedimientos administrativos vinculados a la protección del ambiente. Según explican los autores, actualmente Mendoza dispone de distintos canales para realizar denuncias ambientales, como la mesa de entradas virtual o aplicaciones de mensajería instantánea. Sin embargo, consideran que esas herramientas presentan limitaciones para garantizar la autenticidad de las pruebas y facilitar una respuesta rápida por parte de los organismos de control. En los fundamentos del proyecto señalan que, en numerosos casos, los inspectores llegan al lugar cuando la situación denunciada ya no puede verificarse, lo que dificulta la aplicación de sanciones y reduce la capacidad de intervención del Estado frente a posibles infracciones. Denuncias ambientales digitales: cómo funcionará la plataforma propuesta en Mendoza La propuesta establece que las denuncias deberán realizarse exclusivamente a través de una plataforma digital oficial diseñada para capturar fotografías y videos en tiempo real. La herramienta incorporará georreferenciación obligatoria, sello temporal y distintos mecanismos de seguridad informática destinados a garantizar la autenticidad e integridad de los archivos generados por los usuarios. “Esta propuesta legislativa busca implementar dentro de una plataforma digital oficial la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos puedan captar, en tiempo real y con georreferenciación obligatoria, presuntas infracciones ambientales”, señala el texto. Los legisladores consideran que el sistema permitirá mejorar la capacidad de fiscalización del Estado y agilizar la respuesta ante situaciones potencialmente dañinas para el ambiente. Según sostienen en el proyecto, la herramienta ayudará a “optimizar los recursos de la Administración Pública” y reducir los tiempos entre la denuncia y la actuación estatal. La iniciativa prevé que cualquier persona pueda informar una posible infracción ambiental a la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Energía y Ambiente. No obstante, para que la denuncia sea considerada válida, el usuario deberá acreditar previamente su identidad dentro del sistema y el contenido audiovisual deberá ser generado exclusivamente mediante la aplicación oficial. De esta manera, los impulsores del proyecto buscan evitar la utilización de imágenes o videos obtenidos por canales externos cuya procedencia o fecha de registro no puedan verificarse adecuadamente. Inteligencia artificial, pruebas digitales y control ambiental Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta es la incorporación de mecanismos específicos para detectar posibles manipulaciones digitales. El proyecto define como “contenido adulterado” a cualquier fotografía, video o registro audiovisual que haya sido generado, modificado o alterado mediante inteligencia artificial, edición digital o técnicas de montaje capaces de modificar los hechos efectivamente registrados. En esos casos, las denuncias serán rechazadas de manera inmediata y podrían ser derivadas a los organismos competentes para analizar posibles responsabilidades vinculadas a la presentación de información falsa. La iniciativa también aclara que los registros audiovisuales aportados por los ciudadanos no constituirán una prueba concluyente de infracción ambiental. Su función será servir como elemento de respaldo para la elaboración de informes técnicos y para la eventual apertura de investigaciones administrativas por parte de los organismos competentes. Incluso, el texto contempla que la falta de una constatación presencial inmediata por parte de inspectores no necesariamente impedirá el avance de las actuaciones cuando los hechos denunciados hayan quedado debidamente documentados mediante la plataforma oficial. En los fundamentos, los autores destacan que la propuesta toma como referencia experiencias desarrolladas en países como Chile, Uruguay y Perú, donde existen sistemas digitales orientados a facilitar las denuncias ambientales y fortalecer la participación ciudadana. Asimismo, sostienen que la iniciativa se encuentra alineada con los principios del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Argentina que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones relacionadas con el ambiente. De avanzar en la Legislatura, Mendoza podría incorporar una herramienta tecnológica que combine fiscalización estatal y participación ciudadana, con el objetivo de mejorar la detección temprana de posibles infracciones ambientales y fortalecer los mecanismos de protección del entorno natural.
