El Gobierno busca cerrar “la grieta” con los productores de biocombustibles: ¿qué propuso?

Para mejora la relación con las empresas de biocombustibles y terminar con la grieta que se generó el año pasado con este sector, el Gobierno tomó la decisión de modificar sustancialmente el régimen de promoción de este tipo de combustibles más amigables con el medio ambiente que la nafta y el gasoil.

La decisión oficial de poner paños fríos busca terminar con las tensiones generadas durante el 2020 por el congelamiento de los precios de esta industria que son fijados por el Estado nacional y el derrumbe de la actividad, producto de las  consecuencias que generaron en toda la economía del país las medidas sanitarias para combatir la pandemia del Covid-19.

Este escenario puso a los productores de biocombustibles en una situación “insostenible”, según las propias empresas manifestaron a las autoridades nacionales a principios de enero pasado.

De hecho, hasta se puso en tela de juicio la continuidad de un centenar de compañías y miles de fuentes laborales, en especial en las provincias del Noroeste del país, donde se concentra la mayor actividad productiva de este sector que produce biodiesel a partir de la soja, y bioetanol, del maíz y la caña de azúcar.

Pero, luego de la visita que Alberto Fernández hizo a Tucumán, el pasado martes 9 de febrero, la situación de conflicto parece haber entrado en un período de paréntesis, tras el anuncio presidencial de revisar el régimen que regula el sector y modificarlo a partir del envío de un nuevo proyecto de ley al Congreso.

La propuesta

La idea oficial es sostener una industria sustentable que además deja cerca de u$s1.500 millones anuales a las arcas estatales y que genera cerca de 7,000 empleos a partir de continuar con un esquema de promoción pero incorporando nuevos aportes que mejoren su productividad y competitividad.

En principio, este objetivo presidencial y el anuncio del envío de un proyecto de ley para mejorar los beneficios al sector generó alivio entre los empresarios, a pesar de que no se prorrogaría el régimen actual que vence en mayo próximo y que viene regulando las necesidades del sector desde el 2006.

Los industriales consideran “imperativa” la sanción de la norma que va a regir el futuro de miles de puestos de trabajo, plantas y pymes.

Pero también recuerdan que se trata de combustibles que, a diferencia del petróleo, carbón o gas natural que provienen de energía almacenada durante largos períodos en los restos fósiles, ofrecen fuentes de energía renovables y con una producción mucho más rápida.

Los expertos  aseguran que el uso de estos combustibles es altamente beneficioso para el medioambiente. El bioetanol, por ejemplo, es considerado uno de los mecanismos principales en la búsqueda de reducción de gases de Efecto Invernadero.

En el caso del biodiésel, tiene grandes ventajas ya que su quema puede emitir 48% menos monóxido de carbono; 47% menos material particulado (que penetra en los pulmones) y 67% menos hidrocarburos. En cuanto al biogás colabora con la reducción de la tala de árboles y permite reutilizar los residuos constituyendo una real alternativa de energía renovable.

De hecho, una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), estima que en el último año se logró reducir en un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero gracias al uso de biocombustibles y la producción de nafta con corte de bioetanol de maíz. 

Este informe también calculó que el país remite 29 gramos de dióxido de carbono por megajoule de energía generada, mientras que para la Unión Europea el valor de referencia límite asciende a 84 gramos.

Con este escenario económico y medio ambiental de fondo, ahora los industriales locales se encuentran esperando proyecciones positivas y piden que la ley que se debatirá en el Congreso incluya el beneficio no solo para la industria azucarera, sino que también contemple las necesidades del resto de las provincias cuya principal producción es el maíz.

También destacan el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de aumentar el mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias, pensado para beneficiar a trabajadores y jubilados, y reactivar el mercado interno.

“Frente a los anuncios recientes, el Gobierno estaría dando un respiro a los empresarios del sector y daría lugar a retomar aquella ley establecida por el ex presidente, Néstor Kirchner, en 2006, que fue enviada a Diputados con el fin de prorrogarla por cuatro años más, para promover la producción y el uso sustentable de biocombustibles en el suelo argentino”, destacaron a Economía Sustentable desde la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).

Lo hacen luego del año crítico para el sector y con la esperanza de que el 2021 marque la reactivación de las plantas productoras de biocombustibles y se transforme en una “gran oportunidad” para continuar apostando por la industria nacional y dar mayor previsibilidad al sector industrial que, aseguran, realizó “enormes esfuerzos para salir adelante teniendo en cuenta el contexto en el que la Argentina y el mundo se encuentran hoy”.

En este sentido, Pedro Milla, secretario general de  FASiPeGyBio, estima que el Gobierno mantendrá los beneficios del régimen actual como la exención del pago del IVA; el Impuesto a las Ganancias para la compra de bienes de capital que además no formarán parte del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

Se seguirá contemplando también lo que marca el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la nación que sostiene que los biocombustibles no se verán afectados por el Impuesto sobre Combustibles Líquidos y el Gas Natural. 

La prórroga estableció, también, los valores correspondientes de las mezclas de biodiesel de soja en el gasoil, de un 10%, y del etanol en las naftas, 12%.

Los empresarios recuerdan que a principios de este año, el Gobierno estableció una serie de aumentos correspondientes para el biodiesel y bioetanol, luego de un congelamiento establecido en el 2019, por el anterior presidente Mauricio Macri.

Ese cepo a los valores hizo que los empresarios no lograran cubrir los costos de producción y quedaran amenazados miles de puestos de trabajo, plantas y pymes.  Pero, tras la insistencia y pedidos por parte de los gremios, se logró acceder a incrementos que mejoraron la performance de las compañías.

 “Creemos que aún falta un largo camino por recorrer, pero logramos hacer valer nuestros derechos y, lo más importante, el trabajo y el desarrollo así de sus economías regionales para hacerlo crecer”, expresó Milla luego de la decisión de descongelar los valores.

Aun así, plantas, empresarios y trabajadores se encuentran a la espera de respuestas más certeras con la expectativa que esta nueva Ley de Biocombustibles presente una solución y no afecte el desarrollo productivo de la región que está estabilizándose gradualmente.

Hasta el momento, el proyecto no fue debatido en Diputados y desde el Gobierno aseguraron que están trabajando para que sea considerada en los próximos meses, luego del encuentro que el Presidente Fernández mantuvo con industriales del NOA y NEA ante quienes se comprometió a continuar con esta política implementada en 2006.

En ese viaje, el Jefe de Estado mantuvo reuniones con integrantes de las Uniones Industriales del NOA y NEA (UNINOA), para confirmarles que el programa oficial de biocombustibles se mantendrá.

“Cuando decimos que queremos revisar la Ley de Biocombustibles, es que queremos hacerlo mejor y queremos que se produzca más y haya más trabajo”, les dijo Fernández a los industriales.

Por estos días, el proyecto de ley está siendo debatido por los titulares de los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura para luego ser enviado a la Cámara de Diputados.

Las autoridades aseguran que el nuevo esquema legal que regirá a los biocombustibles será “exitoso” y que se seguirá basando en los preceptos del régimen actual que fue creado por el ex presidente Néstor Kirchner en el 2006.

Al respecto, Jorge Feijoó, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), calificó como “positivo” el anuncio presidencial y estimó que la nueva ley “mantendrá intactos los beneficios energéticos, ambientales y de agregado de valor en origen”. 

De todos modos, pidió que el sector que representa participe del debate sobre la nueva ley “porque tenemos aportes que hacer desde nuestra perspectiva”

Cambio de clima

En la última sesión del año pasado, cuando se aprobó la ley del aborto, el oficialismo le pidió a los representantes de las provincias productoras de biocombustibles no incluir el tratamiento de la extensión del beneficio para acortar la sesión. En pleno debate, Sergio Massa se comprometió a tratarla en la segunda quincena de enero cuando se retomarían las extraordinarias.

Pero la presión de las provincias petroleras hizo que el proyecto no fuera incluido en extraordinarias y tampoco cuando se amplió el listado de temas. 

De hecho, las petroleras buscaron forzar la caída de la promoción para evitar la obligación de utilizar un corte de 12% en etanol y 10% en biodiésel.

Sin embargo, fuentes oficiales descartaron que este pedido vaya a formar parte de la nueva ley de biocombustibles ni que tampoco vaya a incluir solamente al combustible producido con caña de azúcar, lo que favorecería especialmente a Tucumán y perjudicaría a otras provincias especialmente Córdoba y Santa Fe que lo hacen mayormente con maíz.

Por el contrario, el propio Presidente adelantó que este comodity será sumado a la ley para incrementar la viabilidad económica de la industria en la medida en que también constituye un instrumento estratégico para proveer el equilibrio imprescindible para el desarrollo estable y sostenido del sector a partir de una norma que permita a todas las 10 provincias productoras donde se radicaron 54 plantas industriales beneficios económicos, socio-productivos, energéticos y ambientales.

Hasta los aumentos otorgados por el Gobierno, en enero pasado, el sector atravesó momentos críticos que, según los industriales, se debieron a permanentes cambios en el modo de determinación de los precios entre 2017 y 2019, cuando se abandonó la fórmula que actualizaba los valores de materia casi automática en función de diversos indicadores, y garantizando una mínima rentabilidad para los operadores.

Esto se agravó a partir del recambio de gobierno ya que la administración del Frente de Todos decidió mantener el congelamiento de los valores de los combustibles y esto afectó la productividad del sector. Como corolario, la pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento derrumbaron el consumo de naftas y gasoil, que se “cortan” con biocombustibles con una caída superior al 25%.

El crítico escenario causó la parálisis de todas las plantas de biodiesel que abastecen el mercado interno que, de manera adicional, sufrieron un fuerte incremento de sus costos por encima del precio congelado, lo que, sumado al elevado costo financiero que origina la estacionalidad para distribuir el abastecimiento en 12 meses, configuraron un quebranto económico para la actividad.