Este país es el más peligroso del mundo para los líderes ambientalistas
Costó la vida a 79 personas, cifra que supone el 40% de los asesinatos de líderes ambientales en el planeta, según la ONG Global Witness.
Colombia se consolidó nuevamente como el país más peligroso del mundo para quienes defienden el medioambiente, con un total de 79 activistas asesinados. Esta cifra representa el 40% de los homicidios de líderes ambientales a nivel global, según el último informe de la ONG Global Witness.
//Mirá también: Esta startup argentina convierte gases contaminantes en energía limpia y biomateriales, ¿cómo lo hace?
Este número es el más alto jamás registrado en un solo país desde que la organización comenzó a monitorear estas amenazas y asesinatos en 2012. “Nunca habíamos visto una cifra tan alarmante”, expresó Laura Furones, asesora de Global Witness y directora del informe.
En total, 461 defensores del medioambiente han sido asesinados en Colombia en la última década, lo que lo convierte en el país con el mayor número de homicidios documentados entre 2012 y 2023. Del total de asesinados en 2023, 31 eran indígenas y seis afrodescendientes, según el informe, que también destaca que la mayoría de los ataques se concentran en las regiones de Cauca, Nariño y Putumayo.
El informe señala que grupos armados son sospechosos de haber perpetrado la mitad de estos asesinatos en 2023, mientras que solo en algunos casos se ha podido vincular los crímenes con industrias como la minería, la pesca, la tala y la energía hidroeléctrica.
Qué otros países lideran el ranking
Colombia lidera la lista de países con más asesinatos de líderes ambientales, seguido por Brasil con 25 casos, y México y Honduras con 18 cada uno. América Latina, en general, sigue siendo la región más peligrosa para quienes defienden la naturaleza, concentrando el 85% de los casos documentados por Global Witness.
//Mirá también: Lanzan un programa de capacitación IT gratuito y 100% online para mujeres: cómo inscribirse
A pesar de la gravedad de estos datos, la ONG advierte que la cifra real podría ser aún mayor, debido a la falta de denuncias y la intimidación que enfrentan las víctimas y sus comunidades.