La Comisión Europea investiga a 20 aerolíneas por posible “greenwashing”, ¿cuáles son y por qué?
Por este motivo, las compañías tienen ahora un plazo de 30 días para responder a la Comisión. Más detalles.
La Comisión Europea expresó dudas sobre si una tasa adicional para financiar proyectos climáticos podría reducir o contrarrestar completamente las emisiones de CO2. Por esta razón, unas veinte aerolíneas están siendo examinadas y acusadas de “greenwashing”, un término que señala la tendencia de muchas empresas a pretender prácticas amigables con el medioambiente para ser consideradas sustentables, cuando en realidad hacen poco por el medioambiente.
La Comisión y las autoridades de consumo de la Unión Europea enviaron cartas a estas aerolíneas identificando diversas comunicaciones que podrían ser sospechosas de greenwashing. Las compañías tienen ahora un plazo de 30 días para responder a la Comisión.
Aunque el organismo continental no reveló los nombres de las empresas, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) acusó previamente a varias aerolíneas, incluyendo Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP, Volotea, Vueling y Wizz Air, entre otras.
“Las autoridades están preocupadas de que las prácticas identificadas puedan considerarse acciones u omisiones engañosas, lo cual está prohibido según los artículos 5, 6 y 7 de la directiva sobre prácticas comerciales desleales”, indica la Comisión. “Por su parte, las compañías aéreas aún deben aclarar si tales afirmaciones están respaldadas por pruebas científicas sólidas”, agregan.
La denuncia también abarca otros aspectos, como el uso del término “combustibles de aviación sostenibles” (SAF) sin justificar claramente el impacto ambiental de dichos combustibles; el empleo de términos como “ecológico”, “sostenible” o “responsable” de manera absoluta, así como otras afirmaciones ecológicas implícitas; declaraciones sobre el avance hacia un nivel cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) o cualquier otro comportamiento ambiental futuro, sin compromisos claros, verificables y objetivos, junto con un sistema de seguimiento independiente; y la presentación a los consumidores de una “calculadora” de emisiones de CO2 de un vuelo específico, sin suficientes pruebas científicas sobre la fiabilidad del cálculo y sin información sobre los elementos utilizados para dicho cálculo.
