CAME, la Rural y Coninagro se presentaron en la Corte Suprema para apoyar la reforma laboral del DNU
Las entidades registraron ante el Alto Tribunal un escrito en apoyo al decreto que impulsa el Gobierno nacional liderado por Javier Milei.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) anunciaron hoy su respaldo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, la cual fue objeto de amparos judiciales que suspendieron temporalmente su implementación, según el DNU 70/2023.
En un comunicado conjunto, las tres entidades empresariales expresaron su posición ante la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Señalaron la importancia de derogar los artículos que imponen multas económicas, identificándolos como principales desencadenantes de litigios laborales en Argentina. Específicamente, hicieron hincapié en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744 (conforme al texto ordenado por la Ley 25.345).
Las entidades argumentaron que estas multas económicas obstaculizan la creación de empleo genuino al imponer cargas financieras a las pymes, que muchas veces resultan insostenibles. Afirmaron que estas sanciones afectan de manera significativa a las empresas y a la sociedad en su conjunto, considerándolas un error crucial en la legislación social y económica argentina, ya que disuaden a los empleadores de contratar.
Asimismo, destacaron que su respaldo se limita exclusivamente al ámbito del derecho individual del trabajo contenido en el cuarto capítulo del DNU, excluyendo cualquier relación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Además, adjuntaron informes económicos que respaldan su posición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La acción de respaldo se llevará a cabo bajo la figura de amicus curiae, permitiendo a terceros ajenos a la disputa presentar argumentos y opiniones que podrían ser considerados durante el juicio. En línea con esta postura, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y las principales entidades empresariales de Córdoba también expresaron su respaldo en enero.
Adicionalmente, las entidades empresariales cordobesas, conformadas por la, presentaron una solicitud para expresarse como terceros interesados en las causas:
- Bolsa de Comercio de Córdoba
- Cámara de Comercio de Córdoba
- Cámara de Comercio Exterior de Córdoba
- Federación Comercial de Córdoba
- Unión Industrial de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba
En su petición, solicitaron a la Corte Suprema revocar la cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y dejarla sin efecto. Estas entidades argumentaron que las normas laborales vigentes han generado cargas y costos que han afectado negativamente las contrataciones de empleados y han creado obstáculos para el desarrollo de las PyMEs y la generación de empleo en Argentina. Enfatizaron que el empleo formal en el sector privado se ha mantenido estancado desde 2011, resultando en una situación inaceptable donde el empleo informal supera al formal en un 33 por ciento.