“Fortalecer el Estado”: las propuestas para sostener los recursos naturales post pandemia

Tanto en la Argentina como en la mayoría de los países de América Latina y del mundo, las medidas para frenar el avance del Covid-19 repercutieron sobre los recursos naturales produciendo fuertes impactos que afectan a las economías y en consecuencia a los sectores sociales más vulnerables. 

Hubo, por caso, una disminución de los precios globales de los combustibles fósiles, minerales y productos agropecuarios de exportación. También se observó una caída de la demanda energética; reducción de la rentabilidad de las empresas; merma de los ingresos fiscales y  debilitamiento de las divisas regionales. 

Estos efectos, además de reducir la capacidad económica de la Argentina y de los demás países para luchar contra la pandemia, contribuyen a un aumento de la pobreza y la pobreza extrema, en un contexto en el que el número de contagiados por el virus sigue aumentando y cuyo futuro aún es incierto.

Un escenario tan complejo que hasta pone en riesgo los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, que se ven seriamente comprometidos por los impactos económicos y sociales del coronavirus.

En este marco, un documento reciente de la Cepal analiza la situación y considera “fundamental” lograr una recuperación económica sostenible, de manera que se pueda seguir avanzando hacia el logro de los objetivos vinculados con la gestión de los recursos naturales. 

Por la recuperación

Para el organismo regional, la transición hacia una economía sostenible brindará beneficios significativos que superan los costos de inversión. 

“Los incentivos económicos y financieros deben incluir valoraciones de la naturaleza como un activo rentable  y considerar las externalidades negativas de la extracción de recursos naturales”, detalla el paper en el cual también se asegura que la protección y uso sostenible de los recursos naturales puede generar empleos y crecimiento económico a través de turismo, agricultura y acuicultura.

El ente multinacional reclama a los gobiernos garantizar la disponibilidad de agua; el acceso a una energía para todos; seguridad alimentaria; conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos; gestionar los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 

Según los autores del documento, las medidas de recuperación post-pandemia deberán enfocarse fuertemente en reducir la vulnerabilidad social y ambiental en el mediano y largo plazo, y así disminuir el riesgo de sufrir impactos tan profundos como los actuales ante futuros escenarios complejos.

“Se identifica la necesidad de fortalecer el rol del Estado para garantizar el acceso al agua, electricidad y alimentos para las poblaciones más vulnerables. Y se destaca la importancia de proteger el funcionamiento de las actividades esenciales de cadenas asociadas al uso de recursos naturales, además de preservar la diversidad de los ecosistemas, respetar sus fronteras naturales y evitar la fragmentación, degradación y destrucción de los hábitats que caracterizan a la región”, detalla el informe de la Cepal al que tuvo acceso economíasustentable.com.

La esencia del trabajo parte de la recomendación para que el gobierno argentino y los del resto de los países de la región que consideren las dificultades de la sociedad frente a la pandemia y adopten un rol facilitador, impulsando la creación de programas y políticas de ayuda dirigidas a los sectores más vulnerables y que garanticen su seguridad hídrica, alimentaria y energética.

Es que el acceso al agua potable es fundamental por constituir el lavado de manos una de las principales medidas para evitar el crecimiento de los contagios; la energía y electricidad son indispensables para garantizar el suministro de agua y las condiciones de habitabilidad de los hogares, así como para asegurar el funcionamiento de los hospitales.

También, la actividad agrícola es la base para el mantenimiento de la seguridad alimentaria y los recursos naturales no renovables tienen gran importancia macroeconómica en la mayoría de las economías de la región.

“La pandemia incrementa la necesidad de proteger la biodiversidad, la urgencia de respetar y proteger los espacios naturales y asegurar sus servicios a la población de manera sostenible. Es posible que la recuperación económica se construya en coherencia con recuperar la salud de los ecosistemas, pero se requieren cambios estructurales”, advierte la Cepal

Para este organismo, el Estado juega un papel clave para impulsar las políticas públicas relacionadas con el suministro de servicios básicos; desarrollar sistemas de subsidios para el pago de las facturas de los hogares más vulnerables; y junto con las empresas proveedoras, asegurar la continuidad del suministro.

Reclama asegurar el funcionamiento de las cadenas de suministro alimentario, a partir de políticas financieras de ayuda a la producción agrícola y a la industria alimentaria, y darle impulso a nuevos modelos productivos más sostenibles, inclusivos y adaptados al cambio climático.

Para la Cepal es fundamental “aunar esfuerzos para preservar la diversidad e integridad de los ecosistemas, respetando sus fronteras naturales y evitando la fragmentación, degradación y destrucción de hábitats, tarea clave para proteger la salud humana, ya que regula la dispersión y disminuye el riesgo de contagio de las enfermedades zoonóticas”.

Acceso al agua potable y electricidad

La inequidad en el acceso al agua y a la electricidad ha profundizado el impacto de la crisis principalmente en las personas más vulnerables. Y cumplir medidas como la cuarentena obligatoria se complejiza en hogares sin acceso o con intermitencia en ambos servicios.

Por estos motivos, los gobiernos deben garantizar la disponibilidad de agua potable, así como su gestión en forma sostenible y el saneamiento para todos, junto a una prestación de servicios energéticos accesibles, fiables y sostenibles.

El acceso a electricidad es también indispensable para garantizar los medios de vida en los hogares (iluminación, refrigeración y calefacción entre otros).

Además, el suministro de agua depende en gran medida de la energía para su extracción, saneamiento y distribución. Sin embargo, todavía existen 18 millones de personas que carecen de ella, profundizando aún más las desigualdades y vulnerabilidad en tiempos de pandemia.

Otros tanto han aumenado considerablemente la demanda de agua potable y electricidad debido al aislamiento, teletrabajo y combate contra el virus, situación que conlleva a un mayor gasto en hogares que en muchos casos han visto reducida su capacidad de pago por pérdida de empleo o reducción de salarios.

Por otra parte, las medidas de contención frente al COVID-19 han impactado en la producción industrial y reducido su demanda por electricidad.

Además, se pronostica que la demanda total siga a la baja obligando a las empresas distribuidoras y generadoras a adaptarse a este nuevo patrón de oferta y demanda.

Pero estas empresas no cuentan con un sistema de contingencia preparado para enfrentar las situaciones que está provocando la pandemia, como el confinamiento en los hogares, los cierres prolongados de infraestructura crítica local  y las restricciones de viaje adicionales que pueden producirse en caso de una emergencia sanitaria.

Para mitigar el impacto económico en los hogares, los gobiernos de la región han establecido medidas como la reducción de las tarifas, la flexibilidad de los pagos y la eliminación del corte de suministro. 

La implementación de estas medidas debería contemplar mecanismos de control para evitar que usuarios que sí se encuentran en condiciones de afrontar los pagos, no lo hagan, reduciéndole así potenciales problemas de gestión, liquidez y sostenibilidad de las empresas encargadas de los suministros. 

Proteger las energías renovables

Por otro lado, en el sector de energías renovables, los impactos macroeconómicos del Covid-19 van a perjudicar a las empresas que estaban en pleno desarrollo de proyectos de generación.

Los proyectos de energías renovables en Argentina, Brasil, Chile y México serán especialmente afectados y enfrentarán fuertes aumentos no esperados en los costos de capital, debido principalmente a la depreciación de las monedas. 

Este impacto va a limitar el logro de las metas para el 2020 y 2021 de implementación de energías renovables en la región.

Respaldar la  agricultura y el suministro de alimentos

La pandemia reduce la seguridad alimentaria, debido a la caída del empleo y los ingresos por salarios y le pone una presión distinta a cada nodo de la cadena de suministro del sector agrícola, desde la cosecha hasta el consumo final.

Además, ha generado una reducción en los precios internacionales de la mayoría de los grupos de productos básicos y la tendencia general en la mayoría de los alimentos es a la baja.  También el problema de la interrupción de la cadena de pagos tiene una connotación específica en el sector agrícola.

Por eso, el desafío principal para los gobiernos regionales es evitar que la pandemia se transforme en una crisis alimentaria.

En este contexto el sector agrícola necesita “reconstruir mejor” y los gobiernos deben repensar las políticas públicas después de la crisis. Se deben desarrollar nuevos programas para enfrentar la emergencia y sus consecuencias económicas, así como para acelerar el proceso de adaptación al cambio climático. 

La pandemia reafirma la necesidad de impulsar una transición hacia modelos productivos más inclusivos y sostenibles, promovidos a través de amplios acuerdos políticos y un buen sistema de políticas públicas.

Efectos  sobre la biodiversidad

Los efectos sobre la biodiversidad y existen casos ilustrativos para turismo, explotación ilícita, relajación de normas ambientales y posible disminución del presupuesto fiscal.

Uno de los efectos negativos en la salud de los ecosistemas es el incremento en la explotación ilícita de recursos naturales por grupos que aprovechan la restricción de labores de fiscalización, tutela y defensoría de los territorios por las medidas de cuarentena. 

Recursos naturales no renovables

Las actividades extractivas y de producción de minerales y combustibles fósiles han sido consideradas en muchos de los países de la región como exentas de las medidas de restricción, al tratarse de eslabones iniciales de las cadenas de suministro y de valor. 

Por ello, no se han paralizado de forma completa y gran parte de los proyectos continúan en operación. 

Sin embargo, nuevos proyectos se han visto afectados por suspensiones o aplazamientos y las medidas de contención están causando profundos efectos como la desaceleración de la actividad extractiva, al provocar restricción de la oferta (por cierres e interrupciones de las cadenas globales de suministro) y la demanda (por fuertes caídas en los gastos en turismo, recreación, comercio minorista y transporte, que genera pérdidas masivas de ingresos). 

Estos efectos conllevan a una disminución de los precios internacionales de los productos básicos, lo que es particularmente relevante para las economías de la región.

En lo que respecta a la oferta y demanda de petróleo y sus derivados, las medidas de contención de la pandemia también han tenido efectos sobre la producción y el consumo de combustibles fósiles. Tanto la demanda como la oferta, a nivel mundial y regional, han decrecido. 

En el caso de los minerales, las medidas también han tenido efectos sobre la oferta y demanda de  minerales metálicos, como cobre, plata, oro y, en menor medida, estaño, hierro y zinc.

Las empresas de la región también han comenzado a reducir inversiones, principalmente, en desarrollo, equipamiento y exploración y empleo, con distinta gravedad según el país y el tamaño de empresa.

La agenda de recomendaciones

Teniendo en cuenta este escenario, la Cepal elaboró una serie de recomienda al gobierno argentino y a los del resto de América latina y el Caribe que se resumen en:

A) Facilitar el pago de las cuentas de agua potable, con especial atención en los grupos más vulnerables y establecimientos de salud. Para la población que no poseen agua potable, establecer formas alternativas de acceso, como camiones aljibe para evitar situaciones graves de contagio en estas zonas que normalmente están además alejadas de los establecimientos de salud.

B) Desarrollar o fortalecer sistemas de subsidios y focalizarlos en quienes más lo necesitan.

C) Implementar acciones conjuntas entre los gobiernos y las empresas proveedoras de servicios energéticos y de agua potable para asegurar el suministro. En particular, es importante garantizar el acceso a liquidez de las empresas y a ingresos de los hogares.

D) Fortalecer el rol del Estado como garante del derecho al acceso a los servicios básicos mediante un esquema de cooperación público-privada, que apunte a implementar un sistema económico más inclusivo, solidario y menos desigual y estratificado.

E) El acceso a créditos blandos, a fin de poder aumentar la tasa de desarrollo de proyectos de energías renovables para facilitar la continuidad del suministro en futuros casos de pandemia, dado que las energías renovables, como lo son, la solar y la eólica, permiten que puedan ser operadas de manera remota, y llegar a sitios rurales dispersos.

De este modo se puede fortalecer las capacidades para enfrentar de mejor manera otro tipo de eventos extremos y desastres.

F) Complementariedad y desarrollo de una integración energética regional para lograr una mejor fiabilidad del suministro y ayudar a la estabilidad de los precios de la electricidad, extendiendo estos beneficios a aquellos países con menor proporción de generación hidroeléctrica.

 G) Garantizar el acceso a los alimentos de las poblaciones más vulnerables e implementar un bono contra el hambre equivalente al 70% una línea de regional pobreza extrema (u$s67 en 2010).

El costo total del bono contra el hambre se estima en u$s27,1 miles de millones de dólares, equivalente a 0,52% del PBI regional e incluirá a todas las personas que se encuentren en situación de pobreza extrema en 2020. 

H) Asegurar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos, debiendo mantener y ampliar las políticas financieras de apoyo a las empresas para que los productores agrícolas y las empresas alimentarias y de servicios puedan seguir operando sin interrupción.

I) Garantizar el funcionamiento de las actividades extractivas y evitar alivios fiscales innecesarios y la desregulación ambiental, laboral y tributaria.

J) Fortalecer los procesos de fiscalización de las regulaciones ambientales y las relativas a los compromisos sociales, en los territorios de explotación de recursos naturales no renovables (extractivos). 

K) Reforzar las capacidades para controlar y limitar la actividad informal e ilegal de la minería, que pudiera desarrollarse en esos territorios, tanto durante, como después, de la pandemia.

L) Lograr una mejor gestión de la volatilidad de los precios de commodities, agregarle valor a los mismos a través del desarrollo tecnológico e innovación de sus cadenas productivas.