Río Gallegos mantiene su relleno sanitario sin habilitación ambiental vigente
El relleno sanitario de Río Gallegos funciona sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente desde 2025 y acumula incumplimientos que mantienen en alerta a las autoridades ambientales y a los productores rurales de la zona de Punta Loyola. La Municipalidad, a cargo de Pablo Grasso, todavía no presentó la Auditoría Ambiental de Cumplimiento exigida por la Provincia para renovar la autorización del establecimiento, mientras persisten cuestionamientos sobre el tratamiento de los residuos y las condiciones de operación.
El secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, confirmó que el predio cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado originalmente, pero que necesita una auditoría posterior para verificar si las instalaciones y su funcionamiento cumplen con las condiciones establecidas.
Sin esa documentación, el organismo provincial no puede avanzar con la emisión de una nueva declaración ambiental. La situación resulta especialmente preocupante porque el establecimiento fue concebido para reemplazar el histórico vaciadero municipal y resolver los problemas de disposición de residuos de la capital santacruceña.
Sin embargo, las inspecciones provinciales detectaron deficiencias en la infraestructura, falta de equipamiento y problemas que podrían comprometer la contención de los residuos y los líquidos generados durante su descomposición.
El relleno sanitario de Río Gallegos acumula incumplimientos ambientales
Entre los principales problemas señalados por la Secretaría de Ambiente aparecen la falta de maquinaria necesaria para el tratamiento y disposición de los residuos, una dotación reducida de trabajadores y la ausencia de una balanza para controlar los materiales que ingresan al establecimiento.
También se detectaron deficiencias en el recinto destinado a los residuos peligrosos, una cuestión que requiere condiciones específicas de almacenamiento y control para evitar riesgos ambientales.
Otro de los puntos bajo observación es la impermeabilización de las celdas donde se depositan los residuos. Estos espacios deben contar con una geomembrana que impida que los líquidos generados por la descomposición de la basura, conocidos como lixiviados, se filtren hacia el suelo.
La falta de documentación técnica actualizada impide comprobar si el sistema de impermeabilización fue instalado correctamente y si funciona de acuerdo con las exigencias ambientales.
Los controles también incluyen el manejo de lixiviados y biogás, la capacidad disponible de las celdas, la maquinaria operativa y el contrato vigente entre el Municipio y la empresa encargada de la operación, Nueva Santa Cruz.
La Secretaría de Ambiente realizó cuatro inspecciones en el predio: el 17 de diciembre de 2025, el 5 de marzo, el 7 de abril y el 16 de octubre de 2026. En cada oportunidad se labraron actas y se formularon requerimientos a la Municipalidad y a la empresa operadora.
Desde el organismo provincial señalaron que las exigencias administrativas y técnicas todavía no fueron cumplidas en su totalidad, por lo que las actuaciones de fiscalización continúan abiertas.
La basura plástica amenaza a los campos ganaderos de Punta Loyola
Los problemas del relleno sanitario también generan preocupación fuera de sus límites. Productores rurales de la zona denunciaron la presencia de residuos plásticos dispersos en los campos linderos y alertaron sobre las consecuencias para la actividad ganadera.
Javier Álvarez Bento, administrador de la estancia Punta Loyola, advirtió que los plásticos abandonados se fragmentan y pueden incorporarse a la vegetación que consumen los animales. Esta situación representa un riesgo para su alimentación y salud, además de comprometer la superficie disponible para la producción.
La dispersión de residuos expone una de las principales fallas que debe evitar un relleno sanitario: que los materiales depositados terminen fuera del área destinada a su tratamiento y disposición final.
El problema no solo afecta al ambiente, sino que también puede generar costos económicos para los establecimientos rurales que deben convivir con residuos provenientes de una instalación municipal. La pérdida de superficie productiva y los posibles efectos sobre el ganado ponen en discusión quién debe hacerse cargo de las consecuencias de una gestión deficiente.
Frente a este escenario, productores afectados presentaron una acción de amparo ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 2. Según informó la Secretaría de Ambiente, está prevista una audiencia judicial para este miércoles.
En paralelo, el organismo provincial y Fiscalía de Estado impulsaron actuaciones ante el mismo juzgado por el funcionamiento del antiguo vaciadero municipal ubicado sobre la calle José Ingenieros. El objetivo es avanzar hacia una solución definitiva para la problemática de los residuos en la ciudad.
La continuidad de ambos espacios refleja que Río Gallegos todavía no logró resolver su gestión integral de residuos. El nuevo relleno sanitario debía reemplazar al antiguo vaciadero, pero las deficiencias detectadas en su funcionamiento y la persistencia de la disposición de basura en el predio urbano mantienen abierto un problema ambiental que requiere respuestas concretas.
La situación deja bajo cuestionamiento la planificación municipal y los controles sobre la empresa operadora. Sin documentación ambiental actualizada, infraestructura adecuada y garantías de contención de los residuos, una obra concebida para reducir el impacto ambiental puede terminar trasladando el problema a los suelos rurales y a las actividades productivas de la zona.
