Abra Pampa lleva 20 años esperando justicia por la contaminación con plomo
457 vecinos reclaman una reparación por los daños causados por la exfundidora Metal Huasi en Jujuy. Detectaron plomo en niños.
La contaminación con plomo en Abra Pampa sigue sin una respuesta judicial definitiva, más de dos décadas después del inicio de los reclamos contra el Estado provincial y el municipio. En esta localidad de la Puna jujeña, los residuos tóxicos que dejó la antigua fundidora Metal Huasi continúan siendo el centro de una disputa ambiental y sanitaria que involucra a 457 vecinos. Aunque una sentencia de 2019 reconoció responsabilidades del Estado municipal, los damnificados todavía esperan una resolución que permita avanzar con las reparaciones.
El conflicto volvió a visibilizarse el 26 de octubre de 2026, cuando vecinos afectados viajaron hasta San Salvador de Jujuy para manifestarse frente a los tribunales provinciales. El reclamo apunta a la máxima instancia judicial de la provincia, donde permanece pendiente la definición del expediente iniciado en 2005.
La demora tiene consecuencias concretas para los damnificados. Durante estos años, algunos de los demandantes fallecieron sin obtener una respuesta, mientras que otros continúan reclamando una indemnización para afrontar los problemas de salud asociados a la exposición al metal.
El caso expone las consecuencias de una actividad industrial que terminó hace décadas, pero dejó un pasivo ambiental que todavía condiciona la vida de la población. También pone en discusión la responsabilidad de las autoridades para controlar, sanear y reparar los daños generados por establecimientos productivos.
Metal Huasi dejó 7.000 toneladas de residuos con plomo en Abra Pampa
La fundidora Metal Huasi comenzó a funcionar durante la década de 1950 y cerró sus operaciones hacia fines de los años ochenta. Durante ese período procesó minerales que contenían plomo, zinc y otros metales, y generó residuos metalúrgicos que quedaron acumulados en distintos sectores de Abra Pampa.
El problema adquirió una dimensión especialmente grave por la ubicación de esos depósitos. Los residuos permanecieron en zonas accesibles para los habitantes, lo que favoreció el contacto directo con materiales contaminantes y la dispersión de partículas hacia el entorno urbano.
Una investigación de la Universidad Nacional de Jujuy identificó aproximadamente 7.000 toneladas de escoria de plomo. Los análisis detectaron concentraciones del metal entre 17 y 50 veces superiores a los valores de referencia utilizados en Estados Unidos y México.
La contaminación también fue documentada en estudios científicos posteriores. En 2010, un trabajo publicado en la Revista de Salud Ambiental confirmó que Abra Pampa constituía un sitio contaminado y advirtió sobre los riesgos sanitarios vinculados con la exposición al plomo.
Uno de los resultados más preocupantes surgió de las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) de la Universidad Nacional de Jujuy. Los estudios encontraron que el 81% de los niños evaluados presentaba concentraciones de plomo en sangre superiores a los 5 microgramos por decilitro.
El porcentaje corresponde a la población infantil incluida en la investigación y no representa necesariamente a la totalidad de los niños de la localidad. Sin embargo, constituye un indicador de la magnitud del problema sanitario que enfrentó la comunidad.
El plomo es un metal tóxico que puede afectar el desarrollo neurológico, el aprendizaje, la memoria y la conducta. La infancia es una de las etapas de mayor vulnerabilidad frente a la exposición, ya que el contacto con estas sustancias puede provocar consecuencias persistentes.
La gravedad de los resultados motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que abrió una investigación en 2007 y reclamó medidas de asistencia sanitaria y remediación ambiental.
La Justicia reconoció responsabilidades en 2019, pero 457 vecinos siguen esperando
El reclamo judicial comenzó en 2005, cuando los damnificados iniciaron demandas por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Abra Pampa y el Estado provincial.
En mayo de 2019, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial dictó una sentencia favorable a los pobladores. Según informó El Submarino Jujuy, el fallo reconoció la responsabilidad por omisión de la Municipalidad de Abra Pampa en el cumplimiento de sus obligaciones de control y salubridad pública.
Sin embargo, el expediente continuó su recorrido judicial y todavía espera una resolución definitiva del máximo tribunal provincial.
Los vecinos reclaman que el presidente del tribunal, Federico Otaola, se pronuncie sobre la causa. Según manifestó la abogada Lorena Mendoza, otros dos magistrados que intervienen en el expediente ya habrían emitido votos favorables, aunque todavía no se comunicó una decisión definitiva a las partes.
La demora judicial es uno de los principales cuestionamientos de los damnificados. A más de veinte años del inicio del proceso, los afectados todavía no cuentan con una respuesta definitiva sobre las reparaciones económicas reclamadas.
La situación tampoco se limita a las indemnizaciones. Los vecinos sostienen que las tareas de saneamiento realizadas hasta el momento fueron insuficientes y que todavía existen sectores afectados por los residuos industriales.
En 2011, la Defensoría del Pueblo de la Nación ya había advertido sobre demoras e irregularidades en los trabajos de remediación. Mediante la Resolución 215/2011, reclamó al Gobierno de Jujuy que implementara medidas de asistencia sanitaria y avanzara con la recomposición ambiental, además de solicitar la intervención de las autoridades nacionales.
Entre las acciones previstas figuraban la remoción de residuos contaminantes, el aislamiento de las áreas afectadas y la limpieza de viviendas e instalaciones expuestas al polvo con plomo.
La persistencia de los reclamos plantea la necesidad de realizar nuevos estudios independientes para determinar el estado actual del suelo, el agua y el aire. También resulta necesario actualizar el seguimiento sanitario de la población para identificar posibles consecuencias de la exposición y garantizar la atención de los afectados.
El caso de Abra Pampa vuelve a poner en evidencia los problemas que genera la falta de controles ambientales durante la actividad industrial y, especialmente, después del cierre de los establecimientos. Cuando una empresa deja de operar, los residuos y sus efectos no desaparecen con ella. La responsabilidad de prevenir, controlar y reparar esos daños sigue siendo una obligación central del Estado.
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece la obligación de recomponer el daño ambiental. En Abra Pampa, ese principio todavía espera traducirse en una respuesta concreta para cientos de familias que llevan décadas reclamando justicia.
