Cómo es la ley de mercados de carbono que obtuvo media sanción en el Senado

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que busca regular los mercados de carbono en Argentina. La iniciativa, aprobada el jueves con 60 votos afirmativos y dos negativos, apunta a establecer reglas para registrar, regular y comercializar créditos de carbono generados en el país, con el objetivo de atraer inversiones y facilitar su participación en mercados internacionales.

El texto surgió de la unificación de tres propuestas legislativas, entre ellas la impulsada por la senadora Flavia Royón, y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Durante el debate, la senadora Nadia Márquez (La Libertad Avanza), miembro informante del proyecto, sostuvo que la iniciativa “abre a la Argentina a un nuevo campo de exportación”.

“Escuchamos a 25 expositores, incorporamos aportes de senadores de todos los espacios y llegamos a un texto común. Hoy el @SenadoArgentina
demostró que se construye con consensos y diálogo”, afirmó Royón tras la aprobación del proyecto en “X”.

Sin embargo, el avance legislativo también abre interrogantes sobre cómo garantizar que estos instrumentos contribuyan efectivamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y no se conviertan únicamente en una nueva oportunidad comercial.

Qué establece el proyecto de ley sobre mercados de carbono

Los créditos de carbono representan reducciones o remociones de gases de efecto invernadero que pueden ser verificadas y comercializadas. En términos generales, permiten que empresas u otros actores financien proyectos ambientales y utilicen los créditos generados para compensar determinadas emisiones, de acuerdo con las reglas de cada mercado.

Entre las iniciativas que pueden generar estos créditos se encuentran la conservación y restauración de bosques, la recuperación de suelos y distintas actividades destinadas a reducir o capturar emisiones.

El proyecto aprobado por el Senado establece un marco nacional para el registro y la comercialización de estos instrumentos y crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), con criterios de transparencia y trazabilidad.

También busca definir la naturaleza jurídica de los créditos de carbono como bienes inmateriales de carácter patrimonial, establecer reglas sobre su titularidad y facilitar su comercialización en mercados nacionales e internacionales.

Uno de los puntos centrales es evitar la doble contabilización de las reducciones de emisiones, es decir, que un mismo resultado ambiental sea utilizado por más de un actor o país para justificar el cumplimiento de sus compromisos climáticos.

En materia económica, la iniciativa contempla beneficios para los proyectos registrados. Aunque el texto informado inicialmente por el Senado mencionaba diez años de estabilidad fiscal, durante el tratamiento en particular se aprobó una modificación para extender ese plazo a 30 años.

Un mercado que podría generar hasta USD 3.900 millones

La media sanción fue celebrada por la Mesa Argentina de Carbono (MAC), una entidad que reúne a más de 50 empresas y organizaciones vinculadas al sector y que desde hace años impulsa una regulación nacional.

Para la organización, la aprobación representa un avance hacia la construcción de condiciones que permitan atraer inversiones, generar empleo, promover el desarrollo regional y abrir nuevas oportunidades de exportación.

Según estimaciones preliminares de la MAC, los proyectos vinculados con actividades agropecuarias y forestales “podrían generar ingresos anuales de entre USD 460 millones y USD 2.377 millones, dependiendo de los escenarios futuros del mercado”.

Por otra parte, estudios del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería estiman un potencial mínimo de generación de 131,4 millones de créditos de carbono por año, con posibles ingresos por exportaciones de entre USD 1.400 millones y USD 3.900 millones. Se trata de proyecciones sobre el potencial del sector, no de ingresos garantizados.

La MAC también sostiene que la regulación permitiría acceder a mercados internacionales que pagan entre dos y cinco veces más que el mercado voluntario actual.

De acuerdo con la entidad, actualmente existen más de 40 proyectos de carbono en implementación en Argentina, aunque considera que todavía hay margen para ampliar significativamente la actividad.

Las advertencias ambientales sobre los mercados de carbono

Más allá de las expectativas económicas, la regulación plantea desafíos ambientales y sociales.

En un análisis publicado el 18 de septiembre, antes de la media sanción, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que una ley sobre mercados de carbono no debería limitarse a crear condiciones para desarrollar una nueva actividad comercial.

Según la organización, la regulación debe garantizar que estos mecanismos contribuyan a los objetivos climáticos de Argentina, respeten estándares de integridad ambiental y social y se articulen con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

Entre los criterios que FARN considera necesarios se encuentran priorizar la reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero, establecer estándares mínimos comunes para todo el territorio nacional, prevenir estrictamente la doble contabilización e incorporar salvaguardas ambientales y sociales.

También plantea la necesidad de definir criterios para distribuir los beneficios económicos y excluir proyectos que provoquen la degradación de ecosistemas naturales, afecten los derechos de las comunidades o se utilicen para justificar actividades altamente emisoras.

Para FARN, la creación de un mercado de carbono no garantiza, por sí sola, una mayor ambición climática. De hecho, advierte que estos mecanismos pueden expandirse incluso en contextos donde se debilitan las políticas destinadas a reducir las emisiones.

Esta discusión resulta especialmente relevante porque la compra de créditos de carbono no equivale necesariamente a una reducción de las emisiones propias de las empresas que los adquieren.

Qué falta para que la regulación entre en vigencia

Con la media sanción del Senado, el proyecto deberá avanzar en la Cámara de Diputados.

Desde la Mesa Argentina de Carbono consideran que la aprobación definitiva permitiría mejorar la competitividad del país frente a otros mercados de la región, como Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y México.

No obstante, el debate de fondo excede la creación de un registro y la apertura de nuevas oportunidades de exportación. También será necesario definir cómo se verificará la calidad ambiental de los créditos, qué controles existirán sobre los proyectos, cómo se protegerán los derechos de las comunidades y de qué manera se evitará que las compensaciones reemplacen los esfuerzos para reducir las emisiones.