Syngenta suma nueva soja transgénica en plena discusión por el impacto de los agroquímicos
La empresa logró aval del Gobierno para comercializar una semilla preparada para soportar distintos herbicidas, a pesar de los riesgos de contaminación por el uso de insumos químicos.
El Gobierno nacional autorizó una nueva soja transgénica en el marco del plan de sustentabilidad de Syngenta, preparada para soportar aplicaciones de distintos herbicidas, entre ellos glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D.
La decisión amplía las herramientas químicas disponibles para combatir malezas resistentes pero vuelve a colocar en primer plano el impacto ambiental asociado al uso de agroquímicos en un cultivo que ocupa 16,3 millones de hectáreas en la Argentina.
La empresa logró el respaldo oficial a su nuevo producto mediante la Resolución 200/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este viernes 16 de octubre en el Boletín Oficial.
La norma autoriza para todo uso la soja genéticamente modificada DAS-444Ø6-6 x MST-FGØ72-2, que tolera herbicidas a base de 2,4-D, glufosinato de amonio y glifosato, que se habilitó recientemente en Misiones, además de productos que inhiben una enzima conocida como el HPPD que interviene en procesos metabólicos necesarios para que las plantas produzcan compuestos que protegen la clorofila.
Cuando determinados herbicidas bloquean esa enzima, las malezas susceptibles pierden pigmentación y dejan de desarrollarse y la soja modificada incorpora tolerancia a ese mecanismo y suma esa capacidad a las otras tres previstas en el evento autorizado.
A partir de estas características es que el nuevo producto reabre la discusión ambiental que rodea a la decisión, teniendo en cuenta que, frente al avance de malezas resistentes, la respuesta tecnológica acumula dentro de una misma semilla tolerancias a herbicidas con diferentes mecanismos de acción.
Se trata de una estrategia que amplía las posibilidades de control y mantiene a los productos químicos en el centro del manejo agrícola.
En el caso de la nueva soja de Syngenta, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) evaluó la modificación genética y concluyó que “no presenta nuevos riesgos o riesgos incrementados” respecto de otras variedades y que “su liberación al agroecosistema es tan segura como la de cualquier soja comercial”.
Pero algunos de los herbicidas que pueden integrar estos esquemas tienen antecedentes regulatorios ambientales propios al punto que el SENASA llegó a prohibir determinadas formulaciones de 2,4-D por su alta volatilidad y los daños que podían ocasionar sobre cultivos, “las personas y al medio ambiente”.
En el mismo sentido, el INTA desarrolló un protocolo específico para estudiar cuánto pueden volatilizarse productos comerciales elaborados con ese principio activo.
La tensión queda así planteada entre dos componentes del mismo sistema productivo: una modificación genética que superó las evaluaciones oficiales y un manejo químico que requiere regulaciones y controles para evitar impactos fuera del lugar donde los productos deben actuar.
Herbicida restringido por sus efectos externos
El 2,4-D constituye uno de los antecedentes ambientales más relevantes entre los herbicidas que tolera la nueva soja de Syngenta.
De hecho, en el 2019, el SENASA prohibió en todo el país la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de formulaciones elaboradas con ésteres butílicos e isobutílicos de este tipo de formulación.
El organismo fundamentó la decisión en su “alta volatilidad” y en la posibilidad de ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales y otros vegetales ubicados fuera del área tratada, además de advertir sobre “los potenciales daños sobre las personas y el ambiente”.
El problema ya había llevado a Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos a prohibir o restringir esos ésteres.
Además, el desplazamiento de los agroquímicos fuera del cultivo al que están destinados sigue siendo objeto de investigación, más que nada cuando se descubre que llega donde no debía.
En este sentido, el INTA desarrolló un protocolo específico para medir la volatilización de formulaciones comerciales de 2,4-D con una metodología que utiliza plantas de algodón como bioindicadores capaces de detectar vapores del herbicida dentro de cámaras de evaluación.
El organismo señala que el protocolo se utiliza para prestar servicios a empresas que solicitan ampliar el uso de formulaciones comerciales de 2,4-D sobre sojas tolerantes a ese herbicida.
Para el INTA, el problema analizado es la capacidad de determinados productos de pasar al estado de vapor después de la aplicación y desplazarse fuera del lugar donde deberían actuar.
Esa posibilidad se suma al movimiento de pequeñas gotas durante una pulverización y explica por qué la elección de la formulación y las condiciones de aplicación resultan determinantes.
En el caso de la nueva soja de Syngenta, se incorpora a ese escenario con una característica central al estar preparada para tolerar varios mecanismos herbicidas que afectarían a plantas que carecen de esas características genéticas.
Por qué las malezas resistentes impulsan nuevas sojas transgénicas
Para el organismo, la acumulación de tolerancias tiene una explicación productiva que se basa en la expansión de malezas resistentes a herbicidas utilizados reiteradamente durante años.
De hecho, uno de los eventos que Syngenta acaba de combinar, DAS-444Ø6-6, ya había recibido autorización en la Argentina y aporta tolerancia a glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D, mientras que el MST-FGØ72-2, incorpora la tolerancia vinculada a los inhibidores de HPPD.
La advertencia en este sentido se basa en aclarar que cuando una misma herramienta química se utiliza repetidamente, las plantas capaces de sobrevivir al tratamiento pueden reproducirse y aumentar su participación dentro de una población y, con el tiempo, herbicidas que antes resultaban efectivos pierden capacidad de control sobre determinadas malezas.
La respuesta de la biotecnología es trasladar la responsabilidad a la propia semilla al incorporar varias tolerancias para permitir diferentes alternativas de control químico sobre el mismo cultivo.
Qué productos agrícolas y semillas comercializa Syngenta en Argentina
Syngenta representa precisamente la convergencia entre genética y productos para el manejo agrícola.
Nació en 2000 de la fusión de los negocios agrícolas de Novartis y AstraZeneca; en el 2017 fue adquirida por ChemChina y desde el 2020 integra Syngenta Group, estructura que reunió a Syngenta AG, ADAMA y los negocios agrícolas de Sinochem.
El grupo tiene sede en Suiza y desarrolla actividades de protección de cultivos, semillas, productos biológicos y servicios agrícolas.
En la Argentina, posee sus oficinas centrales en la localidad bonaerense de Vicente López; una planta de procesamiento en la ciudad de Venado Tuerto; estaciones experimentales en Santa Isabel y Camet y un centro logístico en el parque industrial de Pilar.
La compañía participa así de los dos segmentos que confluyen en tecnologías como la aprobada ahora al desarrollar semillas y también productos para la protección de cultivos.
Esa combinación forma parte de la estrategia global de Syngenta, que se presenta como una compañía de tecnología agrícola y sostiene que la innovación genética y química permite mejorar la productividad y responder a problemas como las malezas resistentes.
Al mismo tiempo, la empresa amplió durante los últimos años su negocio de productos biológicos, que presenta como complemento de las soluciones convencionales para protección de cultivos.
Una historia ambiental llena de conflictos
Pero la historia de Syngenta también incluye controversias alrededor de algunos de sus herbicidas.
Uno de los antecedentes más fuertes está relacionado con paraquat, principio activo utilizado en Gramoxone, un herbicida históricamente vinculado a Syngenta y a las compañías que la precedieron.
En 2021, la organización suiza Public Eye y Unearthed, la unidad de investigación de Greenpeace UK, analizaron cientos de documentos internos de la compañía incorporados a un litigio judicial en Estados Unidos, además del testimonio de un ex empleado que había trabajado durante dos décadas en la seguridad de productos con paraquat.
La investigación cuestionó las medidas utilizadas históricamente para reducir las intoxicaciones con ese herbicida y sostuvo que documentos internos mostraban discusiones dentro de la compañía sobre la eficacia de esas medidas y los precios de alternativas destinadas a disminuir el riesgo.
De hecho, Public Eye ya había publicado en 2002 un informe dedicado específicamente al paraquat comercializado por Syngenta y reclamaba entonces su eliminación progresiva debido a los riesgos sanitarios asociados al producto.
Si bien estos antecedentes no forman parte de la evaluación realizada por el Gobierno argentino sobre la nueva soja, sirven para documentar la historia ambiental de una compañía que desde su creación combina los negocios de protección de cultivos y semillas.
Es más, la discusión actual vuelve a colocar ambos segmentos en un mismo punto al identificar una semilla diseñada para tolerar simultáneamente varios mecanismos herbicidas.
Las críticas apuntan al corazón del modelo
De todos modos, el cuestionamiento ambiental excede a Syngenta y alcanza al modelo productivo construido alrededor de semillas modificadas y agroquímicos.
Por lo menos así surge de analizar un documento de Greenpeace Argentina publicado en octubre del 2025 en el que se sostiene que “el uso masivo de glifosato y otros agrotóxicos” genera contaminación ambiental y consolida una agricultura dependiente de insumos químicos y semillas transgénicas.
La organización relaciona ese esquema con pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y contaminación del agua.
La crítica ganó actualidad este año al punto que en junio pasado, Greenpeace volvió a reclamar mayores controles sobre las fumigaciones después del juicio por contaminación con agroquímicos en la localidad de Pergamino y sostuvo que el uso masivo de esas sustancias constituye un problema estructural para las comunidades expuestas.
El planteo de la organización ambientalista pasa a ser si la respuesta frente a las malezas resistentes debe consistir principalmente en ampliar las herramientas químicas disponibles o reducir progresivamente su utilización mediante cambios en el manejo agrícola.
En el mismo sentido, un estudio oficial difundido apenas un día antes de la autorización concedida a Syngenta, este 15 de octubre, aporta datos concretos a esa discusión.
Se trata de un estudio elaborado por investigadores de la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez del INTA que analizaron durante años el uso de cultivos de cobertura para combatir yuyo colorado y rama negra en soja, dos malezas resistentes que generan problemas en los sistemas productivos.
El documento explica que los cultivos de cobertura ocupan el suelo entre ciclos agrícolas y compiten con las malezas por recursos a partir de una estrategia que busca reducir su densidad y crecimiento antes de implantar el cultivo comercial.
“Los cultivos de cobertura son una herramienta más dentro de un sistema”, explicó Tomás Baigorria, profesional del INTA Marcos Juárez que estuvo a cargo de redactar las conclusiones del trabajo.
El especialista señaló que el objetivo consiste en reducir la densidad de las malezas, retrasar su emergencia y disminuir su crecimiento.
El informe evidencia que los resultados acumulados durante seis años mostraron una diferencia considerable como que en una rotación soja-maíz, el uso acumulado de principios activos herbicidas pasó de 31 kilos por hectárea sin cultivos de cobertura a 13 kilos con su incorporación, con una reducción que fue del 56%.
El sistema mantuvo la utilización de productos químicos y el propio INTA explicó que los cultivos de cobertura se complementan con los herbicidas y permiten mejorar el control.
El trabajo agrega que la diferencia está en la cantidad utilizada ya que el trabajo explica que mientras una línea tecnológica enfrenta la resistencia incorporando varias tolerancias dentro de una semilla, el ensayo consiguió reducir más de la mitad de los principios activos herbicidas acumulados mediante cambios en el manejo agrícola.
Un debate que alcanza a millones de hectáreas
La escala transforma esa discusión tecnológica en una cuestión ambiental de alcance nacional si se tienen en cuenta, por ejemplo, los datos de la campaña 2025/26 que terminó con 16,3 millones de hectáreas sembradas con soja y una producción de 49,7 millones de toneladas, según la Dirección Nacional de Agricultura.
El organismo aseguró que fue la segunda mayor cosecha de los últimos cinco años y que el rendimiento promedio superó los 3.000 kilos por hectárea, además de recordar que la Argentina acumula tres décadas de cultivos transgénicos y que las autorizaciones oficiales muestran cómo evolucionaron las características incorporadas a las semillas.
A las primeras tolerancias se sumaron nuevos mecanismos, protección frente a insectos y nematodos y eventos capaces de soportar diferentes herbicidas dentro de una misma planta.
Un aval condicionado a China
En el caso de la nueva soja de Syngenta, agrega otro evento a ese proceso, aunque todavía existe una barrera antes de su llegada comercial a los productores locales.
Esto se debe a que la Secretaría de Agricultura estableció que la empresa deberá abstenerse de comercializar variedades con la nueva combinación hasta obtener el Certificado de Bioseguridad para Importación de China que habilite el ingreso del poroto producido con ese evento.
El organismo sostuvo que con la información disponible “no se detectan riesgos potenciales para la exportación”, pero recomendó esperar esa autorización.
El expediente incorpora, además, una condición que seguirá vigente aun después de una eventual llegada de esas variedades al mercado ya que obliga a Syngenta a suministrar inmediatamente cualquier nueva información científico-técnica que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas utilizadas por los organismos que evaluaron la soja.
La exigencia alcanza a la evidencia que aparezca después de las evaluaciones utilizadas para conceder la autorización y obliga a la empresa a comunicarla a la autoridad competente.
La resolución avanza un paso más al anticipar que la autorización “quedará sin efecto” si aparece nueva información científico-técnica que, a criterio de la autoridad, invalide las conclusiones científicas utilizadas para aprobarla.
