Denuncian el avance de capitales de los Emiratos Árabes Unidos dentro de un área natural protegida en Santa Cruz

¿Cuánta biodiversidad puede perderse cuando se habilita un emprendimiento turístico dentro de una reserva natural protegida sin un estudio de impacto ambiental adecuado? Esta es la encrucijada en la que se encuentran los habitantes de la provincia de Santa Cruz, luego de que el gobernador Claudio Vidal habilitase la venta de una fracción de tierra dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes a una empresa creada por un fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos. 

La excepción parece la regla. Hasta la primera mitad de este año, la empresa que estaba gestionado un estudio de impacto ambiental para desarrollar un emprendimiento turístico dentro de parcelas propias que forman parte del área protegida provincial era Lacustre del Sud S.A. En junio, se constituyó en la provincia la sociedad ASB Hospitality Calafate S.A.U y a principios de septiembre de este año, el Gobernador autorizó la venta de tierras desde Lacustre hacia los capitales de los Emiratos Árabes Unidos.

Para concretar la operación, se firmó un decreto estableciendo la excepcionalidad de la situación en detrimento de lo establecido en el decreto 994 del 2017, que expresamente prohibía la venta de tierras a sociedades extranjeras. 

“La empresa Lacustre presentó un plan de negocio en 2023 que fue aprobado al año siguiente. Pero con la propuesta de los emiratíes se modificó en un 20% el proyecto original. Por ende, se necesitaría, primero, otro estudio de impacto ambiental. Pero lo más grave es que se pasó por encima una normativa provincial que restringe la venta de tierras a extranjeros, sobre todo dentro de áreas protegidas”, sostuvo la diputada provincial Agostina Mora Doldan (Unión por la Patria), en diálogo con Economía Sustentable. 

La autorización del gobernador Vidal para la venta de tierras a una sociedad extranjera sucedió antes de que la Corte Suprema de Justicia fallase a favor de la derogación de la ley de tierras incluida en el 70/2023.

Capitales emiratíes avanzan sobre tierras protegidas de Santa Cruz

La clave de todo este entramado se encuentra en el Expediente N° 495894 iniciado en 2023 al que Economía Sustentable tuvo acceso. La empresa Lacustre del Sud S.A había sido la iniciadora del proyecto turístico y hotelero dentro de una serie de fracciones de tierra de su propiedad ubicadas dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes en las cercanías del Glaciar Perito Moreno (El Calafate). Los empresarios nacionales fueron el mascarón de proa para luego allanar el camino hacia los capitales de los EAU.

En la foja 215 del expediente pueden leerse algunas de las observaciones que se realizaron desde la Dirección de Bosques de la provincia.

“La Dirección General de Bosques hace la observación a donde le sugiere al emprendimiento construir en terreno plano; se deberá tener en cuenta que el proyecto se encuentra en la categoría 1 de conservación según lo establecido en el artículo 90 de la Ley Nacional 26.331. Dicha norma y su decreto reglamentario considera la presencia de valores biológicos sobresalientes y la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, no pudiendo autorizar desmontes”.

El plan de Lacustre del Sud S.A se aprobó en 2024. Una vez concretado, apareció casi de la nada la nueva empresa llamada ASB Hospitality LLC, una corporación internacional radicada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El titular es Albwardy Investment, un conglomerado multi industrial fundado por el magnate emiratí Ali Saeed Juma Albwardy. En la Argentina, su domicilio fiscal se constituyó en las oficinas del estudio jurídico Bomchil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“Una cosa puede ser el plan de manejo elaborado por Lacustre del Sud, integrada por 43 propietarios de parcelas pero con la iniciativa de los emiratíes se modificó en un 20% la propuesta original. Esta es una zona de categoría roja de bosques nativos que deben mantenerse para su conservación, en un contexto de preservación de toda la biodiversidad que se encuentra en la región”, enfatizó Mora Doldan.

El proyecto turístico modifica su plan y queda bajo cuestionamientos ambientales

Dentro del expediente constan los pasos de la maniobra. Primero se aprobó un proyecto para una empresa local desarrolle un emprendimiento turístico dentro de un área protegida; luego, en junio de este año se creó la sociedad ASB Hospitality LLC; al mismo tiempo se presentó una nota en el Consejo Agrario Provincial para solicitar la autorización de venta a los capitales extranjeros; en agosto se iniciaron los trámites administrativos internos para dictar un decreto de excepción; durante los primeros días de septiembre se firmó dicho decreto pero su divulgación parcial se concretó el 22 de ese mes. 

Al momento de aprobarse la venta seguía vigente a nivel nacional la ley 26.737 (protección del dominio nacional) y el decreto provincial 994 del 2017 que establecía la prohibición expresa de vender tierras a sociedades extranjeras que estuvieran dentro de áreas protegidas. 

“Los predios de cada ocupante o adquiriente extranjero alcanzados por dicha Ley no podrán estar ubicados en forma total y/o parcialmente en zona de área provincial protegida, en áreas de reserva natural provincial, reserva provincial, reserva provincial intangible, en área de uso especial, en área de uso científico, en parques provinciales y/o monumentos naturales”, establecía la norma dictada durante la gobernación de Alicia Kirchner. 

La excepcionalidad es la trampa. Para la actual administración provincial, el decreto 994 es poco menos que un “impedimento formal”. “Que el titular dominial de la superficie involucrada ha solicitado autorización para transferir el inmueble a favor del inversor extranjero, constituyendo la restricción del artículo 2° del Decreto Provincial N° 0994/17 un impedimento meramente formal para la concreción de esta inversión estratégica que la Provincia no puede desaprovechar”, puede leerse en el proyecto de decreto que luego se pasó a la firma del Gobernador. 

“El gobernador había dicho que venía trabajando en una inversión internacional de 90 millones de dólares desde hacía un año. Hace doce meses que se viene planificando un Lago Escondido en Santa Cruz. Estas tierras, además, se encuentran en una zona donde prevalece el régimen de seguridad de frontera, es decir, que para realizar una operación de estas características primero hay que solicitarles autorización a las autoridades nacionales. Ni hablar de la ley general de ambiente y la libre participación informada de la ciudadanía, otro de los temas vulnerados con este acuerdo”, concluyó la legisladora provincial.