Presentaron una cautelar para suspender la derogación de la Ley de Tierras tras el fallo de la Corte

Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot recurrieron a la Justicia para intentar frenar los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.

La presentación se produjo después de que la Corte Suprema dejara sin efecto el fallo que había declarado inconstitucional esa disposición y mientras la Cámara de Diputados se prepara para tratar el futuro del megadecreto.

La cautelar fue presentada por ambos dirigentes como ciudadanos y habitantes de la Nación, y no en su condición de diputados. Además de solicitar la suspensión del artículo 154, pidieron una medida interina urgente para evitar que nuevas operaciones de compra de tierras por parte de extranjeros puedan consolidarse como derechos adquiridos antes de que avance el expediente.

En su cuenta de X, Pichetto explicó el objetivo del planteo: “Con @Nicolas_Massot presentamos una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras. Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”.

La acción quedó radicada ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. En el escrito, Pichetto y Massot sostienen que las operaciones que se concreten mientras el artículo 154 permanezca vigente podrían quedar consolidadas aun si posteriormente el Congreso rechaza el DNU o la Justicia modifica el escenario jurídico. Por eso también solicitaron medidas destinadas a preservar la información sobre las operaciones que se realicen durante este período.

Entre esas medidas, pidieron que continúe funcionando el Registro Nacional de Tierras Rurales, que se conserve su base de datos y que el Ministerio de Justicia informe mensualmente al tribunal sobre las adquisiciones de tierras rurales por extranjeros que lleguen a su conocimiento desde el 29 de septiembre. También reclamaron que el Boletín Oficial publique un aviso sobre la existencia del expediente y que la validez del artículo 154 se encuentra bajo revisión judicial.

Qué resolvió la Corte sobre la Ley de Tierras

La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 y rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) por falta de legitimación.

El máximo tribunal aclaró luego que su decisión fue de carácter procesal: no resolvió la constitucionalidad del artículo 154 ni estableció que la derogación de la Ley de Tierras sea constitucional. El efecto concreto de la sentencia, sin embargo, dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También fijaba restricciones por nacionalidad, límites de superficie y prohibiciones específicas para inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

El debate también llegará a Diputados

La disputa judicial se desarrolla en paralelo al debate legislativo. La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión especial para el 15 de octubre en la que se incluyó el tratamiento del DNU 70/2023. El Senado había rechazado el decreto en marzo de 2024, pero para que un DNU quede definitivamente sin efecto debe ser rechazado por ambas cámaras.

Así, mientras la Justicia analiza la cautelar presentada por Pichetto y Massot, el Congreso tiene pendiente definir el futuro del decreto que derogó la Ley de Tierras.

Misiones también recurrió a la Justicia

A este frente se sumó el gobierno de Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua instruyó, mediante el Decreto 1935, al fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales necesarias para resguardar los derechos de la provincia sobre su territorio después del fallo de la Corte.

Passalacqua justificó la decisión en las características territoriales de la provincia y sostuvo: “Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”.