Vecinos de Jujuy frenan la colocación de una antena y cuestionan los permisos ambientales de la obra
La instalación de una torre de 30 metros generó un conflicto socioambiental en Villa Jardín de Reyes al reclamar que sea relocalizada.
Una nueva disputa por el impacto ambiental y el ordenamiento urbano enfrenta a vecinos y autoridades en Villa Jardín de Reyes, Jujuy. La comunidad rechazó la instalación de una antena de telecomunicaciones de 30 metros de altura sobre avenida Jorge Cafrune al 2900 y reclamó que la estructura sea relocalizada.
La obra está a cargo de Sitios Argentina S.A. y comenzó a avanzar durante el último fin de semana, según la denuncia de los vecinos. La instalación provocó preocupación entre los residentes por la cercanía de la estructura con espacios educativos y de uso público.
De acuerdo con la denuncia presentada por el vecino Gustavo Spadoni, la torre se pretende emplazar a unos 50 metros de un colegio secundario y aproximadamente 100 metros de la plaza principal, en una zona de circulación habitual de niños y familias.
Los vecinos cuestionaron además que el inicio de los trabajos se haya producido sin una instancia previa de información y participación ciudadana. También señalaron que el encargado de la obra, Esteban Savoy, no habría podido exhibir ante los residentes los estudios que le fueron solicitados.
El conflicto derivó en una denuncia ante la Seccional N.º 34 de Reyes y en presentaciones ante organismos ambientales. Los vecinos también comenzaron a reunir firmas para respaldar el pedido de relocalización de la antena.
Antena de telecomunicaciones en Villa Jardín de Reyes y reclamo ambiental
Uno de los principales cuestionamientos de la comunidad está relacionado con la documentación ambiental. Los vecinos sostienen que la obra no contaría con la habilitación correspondiente del Ministerio de Ambiente de la provincia y reclaman que se determine si se cumplieron todas las exigencias previstas por la normativa.
La situación motivó la intervención del secretario de Calidad Ambiental de Jujuy, Alejandro Fernández, quien se presentó en el lugar e inspeccionó la zona donde se desarrollaban los trabajos. Según la información publicada, las autoridades asumieron el compromiso de realizar un seguimiento e investigar eventuales responsabilidades administrativas.
La obra fue clausurada y se colocaron fajas de clausura durante el domingo. Según los vecinos, se trató de la segunda clausura vinculada con el proyecto y cuestionaron que los trabajos hubieran continuado pese a la medida.
A partir del conflicto, los residentes conformaron además un grupo de lucha ambiental para reclamar la paralización definitiva de la obra y el desmantelamiento de la estructura.
El reclamo vecinal se sostiene también en la preocupación por la ubicación elegida para la torre y en la falta de información previa a la comunidad. Los residentes reclaman que cualquier proyecto de estas características respete las normas ambientales y contemple mecanismos de participación ciudadana.
Qué permisos tiene la antena de telecomunicaciones
El conflicto presenta, sin embargo, un aspecto que complejiza la situación. La propia información difundida por Jujuy Dice incluye documentación presentada por el abogado de la empresa, Alejandro Fermi, que indica que la obra sí cuenta con autorizaciones emitidas por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Según el expediente municipal citado, la Dirección de Obras Particulares otorgó el 27 de agosto de 2026 un permiso de construcción mediante el Expediente N.º 6225/2026, bajo la Ordenanza N.º 6084/2011.
Además, la Dirección de Gestión Ambiental municipal habría emitido el 20 de agosto de 2026 una Declaración de Impacto Ambiental, identificada como N.º 418/2026 y firmada por la ingeniera Sofía Maionchi Sawczuk, que habilitaría la relocalización de la torre autosoportada.
El punto de conflicto está en otro nivel administrativo: de acuerdo con la documentación publicada, el proyecto no cuenta con la documentación del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy.
Así, el caso quedó atravesado por una disputa sobre las competencias y habilitaciones necesarias para avanzar con la instalación. Mientras los vecinos reclaman que la falta de autorización provincial impide continuar con los trabajos, la empresa cuenta con documentación municipal que avalaría tanto el permiso de construcción como la evaluación ambiental local.
Por ahora, la comunidad mantiene su reclamo y exige que la antena sea retirada del lugar y relocalizada. El Gobierno provincial, en tanto, deberá determinar si el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales exigidos para su emplazamiento y si existen responsabilidades administrativas por la forma en que comenzaron los trabajos.
