La Justicia habilitó una demanda contra el Gobierno de Milei por la falta de implementación de un fondo ambiental
La demanda busca que el Ejecutivo ponga en marcha el mecanismo destinado a prevenir, reparar y compensar daños ambientales.
La Justicia Federal admitió como acción colectiva ambiental que reclamaba por la falta de implementación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental, una herramienta creada por ley para prevenir, mitigar, reparar y compensar daños ambientales en todo el país.
El amparo fue presentado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas contra el Estado Nacional. La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que además ordenó la inscripción del expediente en el Registro de Procesos Colectivos. De esta manera, el tribunal reconoció que el reclamo excede el interés de una organización en particular y alcanza a la sociedad en su conjunto, especialmente a las comunidades afectadas por incendios, contaminación y otros pasivos ambientales.
Qué dice la demanda colectiva
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas celebraron el avance judicial, aunque remarcaron que aún resta resolver el fondo de la cuestión. “Exigimos que el Estado ponga en funcionamiento el Fondo que debe reparar daños ambientales”, señalaron desde la entidad en un comunicado de prensa. Y agregaron: “No se pide crear una política nueva. Se pide activar una herramienta que el Congreso creó y que el propio Poder Ejecutivo reglamentó”.
La demanda solicita que se declare la inconstitucionalidad por omisión derivada de la falta de instrumentación del Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental y reclama que el Estado cumpla con una obligación legal vigente. Entre otras medidas, exige la celebración del contrato de fideicomiso previsto por la normativa, la designación del fiduciario, la conformación de los órganos de administración y control, y la integración de los recursos destinados a su funcionamiento.
Qué es el Fondo de Compensación Ambiental
El Fondo de Compensación Ambiental fue previsto originalmente por la Ley General del Ambiente. Después, la Ley de Presupuesto 2018 creó el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental y, en 2019, el Poder Ejecutivo aprobó su reglamentación. Sin embargo, según la información presentada en la causa, el mecanismo nunca llegó a ponerse en marcha.
De acuerdo con la organización demandante, el propio Estado reconoció, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, que no existe un contrato de fideicomiso firmado ni un fiduciario designado. También admitió que el Fondo no registra ingresos, no financió proyectos y carece de informes de rendición de cuentas.
El tribunal sostuvo que la falta de funcionamiento del Fondo podría afectar derechos de incidencia colectiva y advirtió que la omisión estatal impacta sobre comunidades expuestas a incendios forestales, contaminación, deforestación y otros daños ambientales.
En el escrito judicial se mencionan casos concretos que, según la asociación, reflejan la necesidad de contar con una herramienta activa para afrontar la recomposición ambiental. Entre ellos figuran los incendios en el Delta del Paraná y en la Patagonia, los pasivos mineros de Bajo la Alumbrera, la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, los impactos hidrocarburíferos sobre el río Colorado y la presencia de arsénico en el agua potable en distintas regiones del país.
Para la entidad, la ausencia de este instrumento deja a las comunidades afectadas sujetas a respuestas “tardías, parciales o improvisadas”. “La reparación ambiental no puede depender de campañas solidarias ni de respuestas fragmentadas. Necesita presupuesto, instituciones, control público y planificación”, afirmaron.
