Desmonte ilegal en Salta: la Justicia elevó a $21.800 millones el embargo sobre la finca Cuchuy

La Justicia de Salta amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo sobre dos catastros ubicados en la finca Cuchuy, en el norte provincial, debido a los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosque nativo.

La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia a partir de un pedido presentado por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal, Rosa Vélez Román.

La medida cautelar recae sobre los catastros 30.746 y 30.747, ubicados en el departamento San Martín, y eleva el embargo original -que superaba los $171 millones- hasta la suma de $21.805 millones.

Según explicó el Ministerio Público Fiscal, el nuevo monto surge de informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que actualizaron el costo necesario para ejecutar las tareas de recomposición ambiental en caso de que deban ser realizadas de manera forzada.

El expediente tiene origen en el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosque nativo cercanas a la localidad de Dragones, una de las mayores afectaciones ambientales registradas en la provincia durante la última década.

Restauración ambiental en Salta: ocho años después, la Justicia detecta incumplimientos

De acuerdo con los fundamentos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los demandados Juan José y Daniel Darío Karlen incumplieron de manera reiterada el acuerdo definitivo de restauración ambiental homologado judicialmente en 2018.

Los informes técnicos realizados entre 2019 y 2026 concluyeron que no existe evidencia concreta de restauración activa en los terrenos afectados. Además, se detectó la continuidad de actividades productivas incompatibles con las restricciones impuestas por la Justicia.

Entre las irregularidades observadas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en los planes de reforestación y la ausencia de avances significativos en la recuperación del bosque nativo.

Desde el Juzgado consideraron acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, al entender que el paso del tiempo y la continuidad de actividades incompatibles con el plan ambiental profundizan el daño ecológico y dificultan la recuperación del ecosistema.

Como consecuencia, se ordenó la inscripción de la ampliación del embargo sobre los inmuebles involucrados y la notificación a la Dirección General de Inmuebles para su correspondiente registración.

En la presentación judicial, el procurador García Castiella, con asistencia de la Relatoría Ambiental encabezada por Juan Sebastián Lloret, sostuvo además que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, demorando el avance del expediente y el cumplimiento efectivo de la sentencia ambiental.

Finca Cuchuy: el trasfondo político detrás de una de las mayores polémicas ambientales de Salta

La finca Cuchuy, un extenso predio rural de aproximadamente 30.000 hectáreas ubicado en el departamento San Martín, se convirtió en 2017 en el centro de una de las controversias ambientales y territoriales más importantes de la provincia.

El conflicto se desarrolló durante el proceso de revisión predial del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos impulsado por la gestión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey. Aquella etapa estuvo marcada por cuestionamientos a los criterios utilizados para modificar las categorías de protección establecidas por la Ley Nacional de Bosques.

Las críticas apuntaban a la reclasificación de áreas protegidas y a supuestas decisiones discrecionales que habrían facilitado desmontes en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.

En ese contexto también surgieron denuncias sobre presuntas maniobras vinculadas al negocio inmobiliario rural y al aprovechamiento económico de tierras previamente protegidas. Entre los nombres mencionados en las controversias públicas apareció el de Facundo Urtubey, hermano del entonces gobernador, en medio de cuestionamientos sobre operaciones de transferencia de tierras y beneficios para emprendimientos productivos de gran escala.

A casi una década del desmonte, la causa continúa abierta y la Justicia busca asegurar los recursos necesarios para que la restauración ambiental finalmente se concrete.