Duracell, Energizer y Rayovac: alertan por la flexibilización de controles sobre 200 millones de pilas que se venden al año

El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen para la fabricación, importación y comercialización de pilas y baterías en Argentina, un mercado que mueve alrededor de 200 millones de unidades por año y que está dominado por un puñado de grandes marcas internacionales.

Lo hizo mediante la publicación de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por las Secretarías de Turismo y Ambiente e Industria que fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes 5 de junio.

La norma, que lleva las firmas de Daniel Scioli y Pablo Agustín Lavigne, reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025 que desregula la importación, fabricación y ensamblado de pilas y baterías primarias. 

Fue sancionado con el objetivo de agilizar el comercio internacional y reducir costos burocráticos eliminando la exigencia de ensayos técnicos realizados exclusivamente por entidades locales como el INTI.

Hasta ahora las pilas debían atravesar un proceso de certificación y autorización previo para ingresar al mercado argentino. 

La nueva resolución traslada gran parte de la responsabilidad a fabricantes e importadores mediante declaraciones juradas y certificaciones emitidas en el exterior.  

También modifica el sistema de certificaciones para estos productos con el eje también puesto en simplificar trámites para importadores y fabricantes. 

“Corresponde a las autoridades de aplicación dictar una resolución conjunta que precise los estándares de calidad y seguridad, los del procedimiento de evaluación y los mecanismos de control que se aplicarán a las pilas y baterías primarias en la Argentina”, establece la resolución en sus considerandos.

Alcances de los cambios 

Con ese objetivo se reconocen certificaciones técnicas emitidas en el exterior y se eliminan controles previos que hasta ahora exigían validaciones locales.

La norma también abarca a los aparatos o artículos que contengan en su interior o exterior pilas y baterías primarias, aun cuando no sean fácilmente extraíbles.

En el anexo de la medida se establecen una serie de requisitos y características esenciales de calidad y seguridad que se aplicarán a los productos alcanzados por los cambios.

En ese sentido, se establece que el cuerpo de cada pila debe figurar la fecha de vencimiento con indicación de mes y año, o la fecha de fabricación indicando la cantidad de meses durante los cuales la pila puede ser útil. 

Las pilas deben estar protegidas por una carcasa, o blindaje, que asegure la hermeticidad a los líquidos que contengan las mismas.

También deben cumplir con los requisitos de duración mínima promedio que se establezcan en los ensayos de descarga dispuestos en las normas técnicas. 

Las empresas deberán además colocar en el cuerpo del producto la marca; modelo; origen y fecha de vencimiento, indicando mes y año, o fecha de fabricación y cantidad de meses durante los cuales la pila puede ser utilizada. 

Para el caso de la pila botón, si el tamaño no permite la indicación de la fecha de vencimiento, podrá estar consignada en el blister y cuando se trate de los blisters troquelados, deberá estar presente en cada división por unidad. 

Etiquetado obligatorio

En el mismo sentido, la norma obliga a colocar la leyenda “Marcado de Conformidad” en los productos, que será obligatoria independientemente del procedimiento de evaluación de la conformidad al que hayan sido sometidos. 

En cuanto a los aparatos, artículos o productos que contengan pilas y/o baterías, el marcado de conformidad será opcional. 

También se permiten incluir etiquetas, sellos, rótulos, calcomanías o estampados, con información del producto, siempre que no produzca confusión o pueda inducir a error al consumidor. 

Impacto en el mercado 

El nuevo escenario normativo plantea cambios para la comercialización de un producto cotidiano y de bajo valor unitario, pero que mueve un negocio millonario y de escala significativa.

Según datos utilizados históricamente por organismos ambientales y programas de gestión de residuos, el país importa aproximadamente 200 millones de pilas por año. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se consumen cerca de 19 millones de unidades anuales, equivalentes a unas 500 toneladas de residuos potencialmente contaminantes.

A diferencia de otros sectores industriales, prácticamente no existe producción local relevante de pilas alcalinas, por lo que el abastecimiento depende casi exclusivamente de las importaciones. 

Esta situación fue uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para avanzar con la flexibilización de los procedimientos de certificación.

Los dueños del negocio

El mercado está altamente concentrado y los principales jugadores son las marcas Duracell, Energizer y Rayovac, que controlan cerca del 90% del segmento de pilas alcalinas, las más utilizadas por los consumidores para controles remotos, juguetes, linternas, relojes y pequeños dispositivos electrónicos.

Hay también otras empresas con presencia en nichos específicos como Panasonic, Sony, Philips, Maxell y diversas marcas blancas comercializadas por supermercados y cadenas de retail.

En el caso de Duracell, la distribución en Argentina está asociada a Newsan, mientras que Energizer y Rayovac lideran buena parte del negocio de importación y comercialización de pilas alcalinas.

Qué cambia para estas empresas

La principal novedad es que los fabricantes, ensambladores e importadores ya no necesitarán repetir ensayos o certificaciones en organismos locales cuando cuenten con certificaciones técnicas internacionales reconocidas por las autoridades argentinas.

Hasta ahora, muchos productos debían pasar por procedimientos adicionales que generaban costos y demoras, incluso cuando ya habían sido certificados en mercados como Estados Unidos, Europa o Asia.

Con el nuevo esquema, las empresas podrán respaldar el cumplimiento mediante declaraciones juradas y documentación técnica emitida por organismos extranjeros acreditados.

Para multinacionales como Duracell, Energizer o Panasonic, esto implica una reducción de tiempos y costos regulatorios.

Menos controles aduaneros 

Otro cambio relevante es que la Dirección General de Aduanas dejará de intervenir en el control de estos productos ya que la comercialización no requerirá autorizaciones previas específicas, salvo excepciones determinadas por las autoridades competentes.

En la práctica, esto acelera el ingreso de mercadería y reduce la carga burocrática para importadores y distribuidores.

Pese a la flexibilización administrativa, el Gobierno mantuvo intactos los límites máximos de sustancias peligrosas establecidos por la Ley 26.184, por lo cual siguen prohibidas las pilas y baterías que superen 0,0005% de mercurio; 0,015% de cadmio, y  0,200% de plomo.

Estos metales pesados son considerados altamente contaminantes debido a sus efectos sobre la salud humana y los ecosistemas.

El artículo que preocupa

Pero más allá de estos cambios, la norma incorpora además una advertencia contundente. Las pilas y baterías que incumplan los parámetros técnicos podrán ser consideradas residuos peligrosos bajo los términos de la Ley 24.051 que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos con el objetivo de proteger la salud pública y el medio ambiente aplicando un control estricto “de la cuna a la tumba”.

Esto implica que fabricantes, importadores y comercializadores podrían enfrentar sanciones económicas, decomisos, clausuras e incluso responsabilidades civiles o penales en caso de infracciones graves.

La simplificación de los procedimientos podría favorecer el ingreso de nuevos proveedores internacionales, especialmente fabricantes asiáticos que ya cuentan con certificaciones reconocidas globalmente.

Riesgos contaminantes 

La mayor competencia podría traducirse en una ampliación de la oferta y eventualmente en menores precios para los consumidores, especialmente en categorías de alta rotación como las pilas AA y AAA.

Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que el desafío será garantizar que la reducción de controles previos no derive en el ingreso de productos de menor calidad o con niveles de contaminantes superiores a los permitidos.

Una de las principales críticas es que la eliminación de los controles previos en Aduana, implica pasar de un sistema de prevención a uno de fiscalización posterior.

“El problema es que el daño ambiental se detecta después. Si una pila contaminante ya ingresó al mercado, el control llega tarde”, sostienen especialistas en gestión de residuos peligrosos.

También cuestionan la menor participación del Estado en productos potencialmente tóxicos, al eliminarse la intervención previa de organismos locales y reconoce certificaciones extranjeras. 

Los críticos plantean que las pilas contienen metales pesados como mercurio, plomo y cadmio y que justamente por eso deberían mantener controles específicos antes de su comercialización. 

Entienden que, más allá de las modificaciones regulatorias, el problema de fondo permanece sin solución y es que Argentina continúa sin contar con un sistema nacional de recuperación y reciclado masivo de pilas usadas. 

Argumentan que, si bien se simplifica el ingreso de pilas al mercado, no se resuelve qué hacer con los millones de pilas agotadas que terminan en la basura y se amplía el riesgo del ingreso de productos más baratos y de menor calidad.

 Si bien eso podría aumentar la competencia y bajar precios, algunos especialistas advierten que el Estado deberá fortalecer los controles posteriores para evitar el ingreso de productos que no respeten los estándares ambientales. 

Cada año millones de unidades terminan mezcladas con residuos domiciliarios comunes, pese a contener materiales potencialmente peligrosos para el ambiente.

Por eso, mientras la nueva resolución apunta a facilitar el comercio y reducir costos para empresas como Duracell, Energizer, Rayovac y Panasonic, el verdadero desafío ambiental continúa siendo qué hacer con las 200 millones de pilas que ingresan al mercado argentino cada año una vez que se agota su vida útil.

En ese contexto, los sectores críticos a la norma sostienen que flexibilizar los controles previos puede favorecer el comercio, pero también aumentar los riesgos de que productos potencialmente contaminantes lleguen a los consumidores antes de que el Estado detecte eventuales incumplimientos.