La Justicia federal frena el regreso de los desmontes en el Chaco y reactiva la causa penal

La defensa de los bosques nativos y la lucha contra la impunidad en los delitos ecológicos en el norte argentino registraron un hito legal definitivo gracias a una resolución emitida por la máxima instancia penal del país. Hasta el momento, las maniobras de flexibilización judicial a nivel local amenazaban con reactivar los permisos de deforestación masiva en zonas protegidas, un proceso destructivo que ponía en jaque el último pulmón verde de la región del Gran Chaco. Para superar esta preocupante regresión ambiental, la Justicia federal de alzada anuló de manera contundente las resoluciones previas que permitían el regreso de las topadoras, estableciendo que la preservación de los recursos naturales debe blindarse ante sospechas de corrupción corporativa.

El expediente judicial que originó esta crucial intervención de Casación se enmarca en la megacausa penal que investiga una red de presuntas autorizaciones forestales espurias y desmontes ilegales ejecutados en territorio chaqueño. El tribunal superior hizo lugar a los recursos presentados en conjunto por el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, quienes actúan como querellantes en el caso. Con este revés judicial, queda sin efecto la controvertida decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que en diciembre de 2025 había habilitado una reapertura parcial de la actividad forestal, obligando a dictar un nuevo pronunciamiento que contemple de forma obligatoria el principio de prevención ambiental.

Una vigencia absoluta para frenar las topadoras industriales

La principal disrupción de esta resolución radica en la restitución plena de la medida cautelar que congela cualquier tipo de intervención sobre el suelo forestal en comparación con los esquemas permisivos anteriores. Según los lineamientos ratificados por los magistrados federales, vuelve a tener vigencia estricta la orden de suspensión total dictada originalmente en agosto de 2024. Esta prohibición absoluta abarca no solo el congelamiento inmediato de la emisión de nuevas licencias de desmonte por parte de las autoridades políticas provinciales, sino también la paralización de todos aquellos permisos que ya habían sido otorgados y que se encontraban listos para ser ejecutados por los terratenientes.

Investigación penal reactivada por estrago rural

El factor determinante para el éxito de esta avanzada jurídica es la reactivación de los mecanismos punitivos contra los empresarios sospechados de violar las restricciones ambientales. La resolución de la Sala IV dispuso de forma expresa que continúe la investigación penal contra el productor forestal Alesio Nardelli, acusado de presunta desobediencia judicial a la cautelar original y de cometer estrago rural en los campos nativos. Las peritajes de la fiscalía buscan determinar si los imputados aprovecharon los vacíos y las apelaciones defensivas para avanzar de forma clandestina con el desbroce de hectáreas protegidas mientras los amparos se encontraban plenamente vigentes.

El precedente contra la impunidad forestal en el norte del país

Las implicancias de este veredicto extienden sus horizontes mucho más allá de las fronteras de Resistencia y sientan las bases jurisprudenciales para un control severo sobre toda la frontera agropecuaria de la Argentina. Tras este fallo, los especialistas proyectan que las auditorías federales se extenderán hacia otras jurisdicciones con altas tasas de deforestación, forzando a los gobiernos locales a revisar sus ordenamientos territoriales bajo la lupa del fuero penal. El antecedente de Casación demuestra que los crímenes contra la biodiversidad y las redes de corrupción institucional asociadas ya no pueden tratarse como simples infracciones administrativas, transformando las reglas del derecho ambiental a escala nacional.