Alertan riesgo para la soberanía hídrica: firma israelí Mekorot hizo acuerdos con 12 provincias sin control legislativo

Desde 2023 hasta la fecha, el asesoramiento y la elaboración de Planes Maestros Hídricos en -al menos-, doce provincias argentinas para el desarrollo de infraestructura y manejo del agua avanzó sin pasar por el Congreso o las legislaturas provinciales. La responsabilidad está en manos de la empresa israelí Mekorot, pero la clave se encuentra en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un ente autárquico que actuó como enlace, capaz de financiar proyectos y gestionar recursos de manera interjurisdiccional.

Los convenios firmados con Mekorot generan inquietud a legisladores, organizaciones socioambientales, -con campañas como Fuera Mekorot-,  y un sector de la sociedad civil que advierte sobre la falta de información y el riesgo de la soberanía respecto al recurso esencial. 

La compañía hídrica fundada en 1937 con capitales sionistas tuvo desde su inicio el objetivo de extraer y distribuir agua en una zona desértica, hecho fundamental para la creación del Estado de Israel, once años después. Pero su  ejemplo de eficiencia, no solo para diseñar el mapa hídrico de la región, sino también para exportar conocimiento y tecnología a otros países, tiene un lado B: organismos internacionales denuncian la restricción del acceso al agua para la población palestina, en un territorio bloqueado por la ocupación militar del gobierno de Israel. 

En 2019 el Relator Especial de la Asamblea de Derechos de Naciones Unidas, Michael Lynk, detallaba: “Desde el comienzo de su ocupación beligerante en 1967, Israel estableció un control militar sobre el uso y aprovechamiento de todos los recursos hídricos palestinos”. Se acusa a la empresa Mekorot de la apropiación ilegal y la distribución desigual del recurso. “Mientras que los israelíes, incluidos aquellos que viven en asentamientos ilegales, disponen de un abastecimiento ilimitado de agua corriente durante todo el año, varios millones de palestinos sufren escasez de agua debido a la contaminación o a la falta de acceso a este recurso”.

Mekorot en Argentina

El primer desembarco de la compañía en Argentina fue fallido. En 2012, un pedido de informes de la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la Coalición Cívica cuestionaba la adjudicación del proyecto de una planta potabilizadora en La Plata a un consorcio encabezado por Mekorot. El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli fue el encargado de negociar. Las críticas hablaban de endeudamiento injustificado de 170 millones de dólares y hacían foco en las denuncias de la empresa de Israel. El riesgo de que el agua se convirtiera en una mercancía de alto valor, con uso restringido, provocó el rechazo de una parte de la sociedad. La falta de financiamiento fue crucial para la cancelación del contrato en 2014.  

En 2021 la Cámara Argentina de Comercio Israelí anunciaba la firma de un “acuerdo de cooperación para la gestión de los recursos hídricos” entre Mekorot y  el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, (ENOHSA), organismo que regulaba la gestión y administración del agua en Argentina. Tres años más tarde, la motosierra del gobierno de Milei eliminó por decreto al actor local, y sus tareas fueron absorbidas por la  Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH). En 2022, una comitiva encabezada por el Ministro del Interior, Wado de Pedro, arribó a Tel Aviv para ver de cerca el modelo exitoso de gestión que querían replicar. Al año siguiente, en el -todavía- CCK, se concretó la firma de los contratos de consultoría entre representantes de Mekorot y el CFI, con la presencia de los gobernadores provinciales.

Raquel Perier, Doctora en Ciencias Naturales, es parte de la campaña Fuera Mekorot y desde Las Grutas, Río Negro aporta los datos sobre la empresa a la que calfican como “monje negro”. 

«Mekorot no tiene oficinas en ningún lugar, ni en Buenos Aires ni en ninguna otra ciudad. Los acuerdos en general no pasan por las legislaturas de las provincias y después no se tiene conocimiento porque no aparecen en el Boletín Oficial ni en ninguna otra parte», asegura Perier. 

Según detalla, la empresa israelí elabora planes hídricos y de asesoramiento técnico en las provincias de Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Mendoza, San Juan, Jujuy, y Neuquén. En el caso de Chubut, el contrato fue cancelado, en parte por resistencia social y por “falta de consenso técnico”. También hubo acuerdo con Santiago del Estero y Santa Fe. Mekorot es asesora de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en proyectos hídricos con el fin de “aumentar la eficiencia” en una red que llega a quince millones de usuarios. 

En una consulta por escrito al CFI acerca de los Planes Maestros, respondieron desde el área de Recursos Hídricos a Economía Sustentable que la razón para solicitar la cooperación técnica internacional se da en el contexto de una crisis hídrica que se agudiza en el país. Fueron los mismos gobernadores y equipos provinciales quienes solicitaron al CFI conocer experiencias concretas de gestión del agua en contextos de escasez, y así se concretó el viaje de 2022 a Israel. 

El papel de Mekorot se enmarca -según la explicación-, en la asistencia técnica especializada: acompaña a los equipos provinciales y del CFI en la estructuración del sector hídrico. Por ello, “no tiene participación en el manejo del recurso ni en la toma de decisiones. Se trata de una decisión estratégica de los gobiernos provinciales”. Los líderes de los Planes Maestros son equipos técnicos provinciales y del CFI -aseguran-, además de recibir aportes de organismos nacionales y provinciales. “La asistencia internacional se adapta a cada provincia, la planificación estratégica de los planes hídricos permite pasar de decisiones aisladas a una gestión integrada y basada en evidencia”.

Falta de transparencia

Ante el pedido de información sobre los convenios, la respuesta oficial del CFI fue: “los convenios, en sí mismos, son instrumentos administrativos entre organismos y, como tales, están alcanzados por los mecanismos de acceso a la información vigentes. Puede haber limitaciones temporales o parciales vinculadas a procesos administrativos en curso, información técnica en elaboración o cláusulas específicas de confidencialidad”.

Aseguran que la razón por la que todavía no está disponible es porque se trata de información técnica en desarrollo, porque los productos requieren validaciones técnicas e institucionales, o es necesario asegurar consistencia y calidad en los resultados. Pero han realizado presentaciones públicas de los resultados en Mendoza, La Rioja y Catamarca. 

“No son públicos los acuerdos porque se enmarcan en procesos de asistencia técnica y cooperación institucional, y no implican ninguna modificación del régimen legal del agua ni la cesión del recurso”.

Que en Argentina el agua sea  de dominio provincial, implica que su gestión se define en cada provincia. Por lo tanto, el CFI asegura que los convenios firmados se limitan a ser acuerdos de cooperación entre organismos públicos (provincias y CFI). “El objetivo no es adoptar decisiones vinculantes sobre el uso del recurso. No se delega la gestión, ni la operación, ni la regulación del agua”. 

Al quedar las decisiones en manos de las  provincias, con un trabajo en conjunto,  garantizan que no se pondría en riesgo la soberanía. “No se trata de una ley, una concesión ni una privatización: no altera el marco normativo vigente ni compromete la soberanía sobre el recurso”. 

Todavía no es posible saber el estado de algunos contratos. Pero en Río Negro, las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, después del pedido de agrupaciones socioambientales de la multisectorial Golfo San Matías, y de la Fundación Inalafquen, lograron acceder al contrato de Consultoría de Mekorot, firmado el 13 de febrero de 2023. Incluso -cuenta la diputada Odarda del bloque Vamos con Todos-, presentaron un proyecto de ley para derogar el contrato con Mekorot, “El convenio comprometería gravemente la soberanía provincial sobre los recursos hídricos”. Realizaron una  denuncia penal a la ex gobernadora Arabela Carreras, por abuso de autoridad  y por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. La denuncia fue desestimada. El 20 de abril de 2026, la legisladora Odarda presentó un nuevo pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial, y al CFI “ante el incumplimiento en la entrega del informe final del contrato con la empresa Mekorot”.

En convergencia con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación aprobada de la Ley de Glaciares, la firma de los acuerdos suele corresponder a provincias en donde hay grandes acuíferos, humedales -como en Chaco y Santa Fe-, salares y glaciares: los de la Cordillera.  

«Donde el agua se necesita tanto para la minería como para los hidrocarburos o para el gas, allí es donde está Mekorot que oficia de intermediario para darles el agua. Hay un artículo en el RIGI que dice que frente a una solicitud de uso de agua por parte de una comunidad o de una empresa, o una empresa minera, se le dará prioridad a la empresa minera», afirma Perier. 

Se trata de un paradigma que basa la eficiencia en la mercantilización del agua, no ya como un derecho o un bien común sino como un recurso estratégico destinado a quien pueda pagarla. Su presidente, Yitzhak Aharonovich, proviene del ámbito político-militar. La campaña Fuera Mekorot  también habla de un atentado a la soberanía. Raquel Perier menciona el trabajo las actividades que realizan, el mapeo de todas las zonas de acuíferos, aguas superficiales, aguas internas; el agua que defienden las organizaciones socioambientales como un derecho para los pueblos.

Ambientalistas y el derecho a la información 

El abogado Jorge Oscar Daneri, integra la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, (CAJE), organizaciones que, según cuenta, articulan sinérgicamente.

«Nosotros desde la asociación no tenemos una acción judicial iniciada porque en razón de la documentación que hemos logrado obtener hasta este momento, el convenio firmado con la provincia de Río Negro, gracias en gran medida al rol que ha tenido como legisladora provincial Magdalena Odarda, es un convenio donde tenemos claro que no hay una transferencia de decisiones institucionales de la provincia a favor de Mekorot», comenta.

Aunque creen que el resto de los convenios son de características similares, no tienen certeza documentada ya que a pesar de haberlo solicitado por escrito, nunca el Gobierno Nacional les entregó una copia. Pero hasta donde pudieron observar, Mekorot tiene roles de consultoría, investigación y estudios para ser puestos a disposición del gobierno de la provincia.

Tampoco les entregaron datos de negociaciones realizadas por la represa hidroeléctrica de Salto Grande o, en 2023, el memorándum de entendimiento con el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, sobre una consultoría de gestión de cuencas en Argentina, firmado pocos días antes del término del mandato de Alberto Fernández. La respuesta fue que no se había elaborado ningún informe. 

«Algo que destaca Magdalena Odarda y que compartimos, es que Mekorot reserva bajo su propiedad todos los estudios técnicos y descubrimientos que haga a nivel de gestión de cuencas, de acuíferos. No le traslada los fundamentos de lo que informe o proponga porque se lo reserva técnicamente, profesionalmente, científicamente.
El colectivo legal menciona la ley 25.831, otras leyes nacionales, artículos de la Constitución y del Acuerdo de Escazú, de acceso a la información pública ambiental, para solicitar los convenios y los datos que se mantienen bajo cláusulas de confidencialidad.  Por otra parte, la respuesta del Instituto Nacional del Agua, (INA), y la subsecretaría de Ambiente de la Nación, fue que ninguno de ellos tuvo intervención en estos procesos», concluye.