Comarsa: suspenden la causa ambiental más relevante de Vaca Muerta y crece la polémica
Un fallo judicial dejó en suspenso el proceso iniciado en 2020 por contaminación con residuos petroleros en Neuquén. Fiscalía y querellas cuestionaron la decisión y anticiparon que la impugnarán.
La causa ambiental más importante vinculada a Vaca Muerta quedó momentáneamente suspendida tras una decisión del juez de garantías de Neuquén, Lucas Yancarelli, que generó fuerte controversia. El magistrado hizo lugar al pedido de los imputados -el dueño de Comarsa, Juan Manuel Luis, y dos exgerentes- y dejó en suspenso el proceso judicial iniciado en 2020.
Como parte de la resolución, Luis deberá retirar los residuos tóxicos acumulados en el predio desde 2018, completar su saneamiento y, junto a los otros imputados, abonar una suma que se definirá fuera de la audiencia. La decisión provocó el rechazo del público presente, que fue expulsado de la sala, y el enojo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, quien se retiró visiblemente molesto. Tanto la fiscalía como las querellas adelantaron que impugnarán el fallo.
La causa Comarsa investiga la contaminación generada por unas 300.000 toneladas de residuos tóxicos acumulados entre 2011 y 2026 en un predio de 18 hectáreas ocupado sin autorización y sin condiciones adecuadas, como la impermeabilización del suelo. Se trata del proceso judicial ambiental más relevante en la historia de Vaca Muerta y pone el foco en uno de los puntos más críticos del fracking: la gestión de residuos.
Según la acusación, el caso no solo implica delitos ambientales con potencial impacto en la salud, sino también una presunta defraudación millonaria. Sin embargo, en su resolución, Yancarelli omitió esa dimensión, no solicitó documentación respaldatoria y confundió conceptos técnicos como “remediación”, “traslado” y “tratamiento”.
El juez justificó su decisión en base a un antecedente de 2024 -la causa Cerutti- que, según las querellas, no es comparable: aquel caso involucraba un volumen de residuos 100 veces menor y contaba con reconocimiento de culpabilidad por parte de los responsables, algo que no ocurre en Comarsa.
Durante la audiencia, el magistrado estableció inicialmente un plazo de un año para el traslado y saneamiento del predio, aunque luego lo modificó tras consultar a la defensa: fijó un año para retirar los residuos y tres años para la remediación. No obstante, no se expidió sobre el tratamiento de los barros, que actualmente son enterrados sin procesar.
En paralelo, la empresa ya presentó cinco planes de saneamiento en la última década sin cumplirlos. Incluso, en la audiencia se anticipó que tampoco se alcanzarán los plazos del plan vigente, algo que, según la fiscalía, no fue considerado en la resolución.
Cuestionamientos políticos y económicos
El caso también expuso tensiones políticas. La defensa intentó citar como testigo a la ministra de Ambiente de Neuquén, Leticia Esteves, lo que fue rechazado por el juez, aunque dejó en evidencia el peso político del expediente.
El plan vigente, autorizado en 2024, prevé el traslado de 210.000 metros cúbicos de residuos a la empresa Indarsa en un plazo de 24 meses. Al presentarlo, Esteves afirmó: “Nosotros estamos resolviendo los problemas, no haciendo circo”. Sin embargo, no detalló por qué los residuos no serán tratados, sino simplemente depositados en otra planta.
El acuerdo también genera dudas económicas: Indarsa financia el traslado, acumulando una deuda de 27 dólares por tonelada para Comarsa, lo que podría alcanzar unos 8 millones de dólares. La empresa, sin embargo, no tendría capacidad patrimonial para afrontar ese monto.
La defensa y la postura de los imputados
Durante la audiencia, Juan Manuel Luis defendió su accionar y aseguró avances en el traslado de residuos: “Desde diciembre de 2024 hasta ayer llevamos trasladadas 150 mil toneladas. Mi compromiso personal de solucionar este tema está claro”.
Sin embargo, también planteó una contradicción en el proceso: “Sería al mismo tiempo condenado y estaría remediado el problema. Eso es paradojal”, y cuestionó: “¿Cuál es el incentivo de continuar si voy a ser juzgado de igual manera?”.
El empresario también sostuvo que la responsabilidad es de la industria: “Comarsa no contamina, descontamina. Comarsa no genera residuos. Los residuos los genera la industria de la que vive la provincia”.
La acusación: impacto ambiental y sanitario
Desde la fiscalía, Breide Obeid remarcó la gravedad del caso y su impacto potencial en la población: “Los damnificados son los habitantes de la ciudad, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”.
El fiscal detalló que los residuos contienen al menos seis sustancias cancerígenas y advirtió: “No tenemos una idea del problema que tenemos casi en el centro de la ciudad”.
Además, cuestionó la propuesta de los imputados para evitar el juicio: “Lo que ofrecen nos parece un chiste o una cachetada”. Y agregó: “Las 300 mil toneladas son solo la punta del iceberg”, en referencia a residuos enterrados detectados en allanamientos.
En la misma línea, el abogado querellante Emanuel Roa Moreno fue contundente: “Comarsa no descontaminó, acumuló”, y advirtió que ni siquiera se conoce la cantidad total de residuos enterrados.
Por su parte, Bruno Vadalá, de la APDH Neuquén, subrayó que se trata de un caso de “gravedad social” y cuestionó el uso de la suspensión del juicio a prueba: “Está pensado para reducir desigualdades, no para casos que involucran a empresarios”.
Un precedente en debate
La decisión judicial abre un fuerte debate sobre el futuro de las causas ambientales en contextos de expansión petrolera. Para la fiscalía y las querellas, el fallo podría sentar un precedente de impunidad en uno de los enclaves energéticos más importantes del país.
Mientras tanto, el proceso queda en pausa y la resolución final dependerá de las impugnaciones en curso, en un caso que pone en tensión desarrollo económico, responsabilidad ambiental y salud pública.
