La Justicia imputó a Humberto Mingorance y a otros dos directivos de AYSAM por el vuelco clandestino de líquidos cloacales en un canal de riego de Guaymallén. La causa incluye cargos por daño agravado y contaminación peligrosa del agua, mientras crece la tensión por el impacto ambiental y el rol de funcionarios públicos involucrados.

Tras meses de desbordes en Guaymallén, la empresa estatal aceptó nuevas exigencias ambientales, monitoreo permanente y responsabilidad ante futuros derrames.

El caso también reavivó el debate sobre el Acuerdo de Escazú y la protección de quienes denuncian daños ecológicos dentro de la industria petrolera.

Lo que alguna vez fue un espacio de recreación, pesca y turismo hoy carga con décadas de abandono, residuos cloacales y contaminación.

Mientras miles de turistas viajan cada año al continente blanco impulsados por el “turismo de última oportunidad”, científicos y organismos internacionales alertan por el aumento del riesgo sanitario.

La Justicia Federal de Azul procesó al presidente de la firma por el vuelco de efluentes sin tratamiento en el Río Salado y le fijó un embargo de 20 millones de pesos. Según la investigación, los efluentes contenían materia orgánica -como restos de plumas y sangre- y otros contaminantes en niveles superiores a los permitidos

Muchos productos de uso cotidiano contienen químicos que pueden afectar la salud, contaminar el aire dentro del hogar y generar riesgos invisibles.

Desde la explosión inicial en 1979 hasta las tareas de bombeo vigentes en 2026, la contaminación por hidrocarburos continúa activa.