El mayor escándalo de contaminación derivado de la actividad hidrocarburífera en la Patagonia avanza a paso firme hacia el debate oral y público. La Justicia de Neuquén ratificó el cronograma para el control de la acusación contra los tres directivos de la firma Comarsa, imputados por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública e infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en concurso con administración fraudulenta. Las autoridades judiciales establecieron que las defensas de los ejecutivos tendrán plazo hasta el próximo 19 de junio para presentar sus respectivos elementos de prueba, luego de que fracasaran sus intentos por anular las actuaciones y dilatar el inicio del proceso.
La hipótesis que sostienen el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas —que actúa como querellante— describe una maniobra corporativa multimillonaria. De acuerdo con las pericias integradas al expediente, la firma recibió barros, lodos y desechos tóxicos provenientes del fracking en Vaca Muerta que jamás fueron sometidos a procesos reales de descontaminación. En lugar de invertir en la infraestructura técnica necesaria, la empresa expandió ilegalmente su área de acopio sobre predios vecinos y zonas municipales, ganando millones de dólares por un servicio de remediación ambiental que nunca llegó a ejecutarse en los términos declarados.
Montañas de lodo tóxico pegadas a los centros urbanos
El factor determinante de la causa penal radica en las dimensiones físicas del pasivo ambiental acumulado a cielo abierto. Las inspecciones documentaron la existencia de cerros artificiales de barro contaminado que superan los 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos. Lo escandaloso del caso es que el predio original se encuentra ubicado a escasos 500 metros de populosos asentamientos urbanos de la capital provincial, violando flagrantemente las normativas que exigen una distancia mínima de 8 kilómetros de cualquier población para este tipo de actividades industriales.
Las pericias químicas incorporadas al expediente determinaron la presencia de metales pesados e hidrocarburos volátiles de alta toxicidad que penetraron en las capas del suelo y amenazan los acuíferos locales. Vecinos de los barrios periféricos linderos al Distrito 6 denunciaron durante años afecciones respiratorias agudas y erupciones cutáneas, lo que motivó la intervención directa del Cuerpo Médico Forense. Los acusados camuflaban este desastre mediante la adulteración sistemática de balances financieros y la emisión de certificaciones truchas que les permitían seguir facturando a las grandes operadoras petroleras.
Un embargo millonario y una remediación que tardará diez años
A fin de resguardar los fondos para reparar el ecosistema dañado, la justicia ordenó un embargo preventivo de 7 millones de dólares sobre los bienes de los exdirectivos de Comarsa. La fiscalía de delitos ambientales estimó que este monto representa apenas un cálculo inicial frente al costo real de la remediación, el cual diversas organizaciones especializadas proyectan que podría superar ampliamente los 5.000 millones de pesos debido a la enorme complejidad logística que implica limpiar el área afectada.
Los fiscales del caso advirtieron formalmente que los planes de remoción y traslado de los lodos contaminados hacia nuevas plantas ubicadas en la localidad de Añelo avanzan a un ritmo extremadamente lento. El movimiento del material tóxico acumulado requiere de miles de viajes en camiones pesados y un estricto protocolo de bioseguridad para evitar fugas en el trayecto. Al ritmo de operación registrado en las últimas actas, las autoridades estiman que el proceso para limpiar definitivamente el Parque Industrial de Neuquén podría extenderse por casi una década, dejando una pesada herencia ambiental para la población local.