La tensión volvió a escalar en Peñas Negras, una comunidad indígena diaguita ubicada en el norte del departamento Belén, Catamarca, donde un conflicto territorial que lleva años volvió a quedar atravesado por denuncias de violencia, hostigamiento y amenazas.
En los últimos días, integrantes de la comunidad denunciaron el ingreso de personas vinculadas a intereses mineros, la presencia de efectivos de la Policía de Catamarca y nuevos episodios que, según sostienen, profundizaron una situación que permanece sin una resolución política ni judicial.
Desde Peñas Negras cuestionan que el despliegue de las fuerzas de seguridad haya tenido como principal efecto garantizar el ingreso y la circulación de personas relacionadas con actividades de exploración minera en un territorio sobre el que la comunidad reclama derechos ancestrales. Al mismo tiempo, denuncian dificultades para circular libremente y una situación de aislamiento que incrementó la preocupación entre las familias.
El conflicto vuelve a poner bajo la lupa el rol del Estado provincial frente a las disputas territoriales vinculadas con la expansión de la actividad minera. Para los comuneros, no se trata de un episodio aislado, sino de la continuidad de una disputa que acumula antecedentes y que, pese al paso de los años, continúa sin una respuesta que permita evitar nuevos enfrentamientos.
Conflicto minero en Peñas Negras y reclamos por el territorio indígena
Peñas Negras se encuentra en una región del norte del departamento Belén donde familias de la comunidad indígena diaguita desarrollan históricamente actividades vinculadas al pastoreo y mantienen una relación ancestral con el territorio. Allí se encuentran sus viviendas, sus animales, las aguadas utilizadas por las familias y espacios que consideran fundamentales para su historia, su cultura y su forma de vida.
En los últimos años, la zona quedó en el centro del interés de empresas vinculadas con la exploración minera. El conflicto actual se desarrolla en torno a actividades relacionadas con las áreas de Aguas Calientes I, II y III y Alto El Mulato, donde existen proyectos e intereses vinculados con la búsqueda y exploración de recursos minerales.
La comunidad sostiene que nunca otorgó su consentimiento para el avance de estas actividades sobre su territorio y denuncia que tampoco se respetó su derecho a participar en las decisiones que pueden afectar directamente su vida y el espacio que habitan.
El reclamo se vincula además con el marco jurídico que protege los derechos de los pueblos indígenas. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
A su vez, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en Argentina, establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada mediante procedimientos apropiados y de buena fe cuando se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente.
En este contexto, Peñas Negras denuncia que el avance de la actividad minera se produjo sin garantizar una verdadera consulta previa, libre e informada y sostiene que sus derechos territoriales no están siendo respetados.
La discusión, por lo tanto, excede el ingreso de una empresa o el desarrollo de un proyecto puntual. Para la comunidad, el conflicto pone en juego quién decide sobre un territorio habitado históricamente por familias indígenas y cuál debe ser el papel del Estado frente a esa disputa.
Denuncias contra la Policía de Catamarca y la Justicia de Belén
Los integrantes de Peñas Negras denunciaron que efectivos policiales participaron de los operativos desarrollados en la zona mientras se producía el ingreso de personas vinculadas con intereses mineros.
Desde la comunidad cuestionan que las fuerzas de seguridad hayan intervenido en un conflicto territorial de esta magnitud sin priorizar la protección de los derechos de quienes viven en el lugar.
Durante los episodios registrados en los últimos días, los comuneros también denunciaron hechos de violencia, agresiones físicas, amenazas y situaciones de hostigamiento. Entre las denuncias aparece además el uso de gas pimienta, una situación que generó preocupación entre los habitantes de la comunidad y sus representantes legales.
Para Peñas Negras, la situación resulta especialmente grave porque consideran que la Policía vuelve a ocupar un rol similar al que tuvo durante conflictos anteriores. Según denuncian, las fuerzas de seguridad aparecen para garantizar el avance de actividades mineras que rechazan mientras las denuncias realizadas por los propios comuneros no reciben una respuesta equivalente por parte del Estado.
La situación también generó cuestionamientos hacia la Justicia de Belén. En medio de la nueva escalada, la abogada Andrea Morales Leanza, representante legal de la comunidad, presentó denuncias y solicitó medidas urgentes para proteger a los integrantes de Peñas Negras, investigar los hechos denunciados e identificar a los responsables de las agresiones y situaciones de hostigamiento.
Sin embargo, desde la comunidad cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades judiciales. Según denunciaron, pese a la gravedad de los hechos informados y a los pedidos de intervención, no existió una reacción inmediata destinada a garantizar la seguridad de las personas que permanecían en el territorio.
La pregunta que atraviesa el conflicto es cuál debe ser el papel de las instituciones estatales frente a una disputa de estas características. Una fuerza de seguridad debería garantizar la integridad de todas las personas involucradas, mientras que la Justicia debería investigar las denuncias de violencia y determinar eventuales responsabilidades.
Desde Peñas Negras, en cambio, sostienen que la respuesta estatal terminó profundizando el conflicto y favoreciendo el ingreso de intereses vinculados con la actividad minera.
Una comunidad que denuncia estar aislada
En medio de la nueva escalada, integrantes de Peñas Negras denunciaron que la comunidad quedó prácticamente aislada por la presencia policial y las dificultades para ingresar y salir libremente del territorio.
La situación generó temor entre las familias y profundizó la preocupación por la posibilidad de nuevos episodios de violencia. Los comuneros sostienen que no pueden desarrollar con normalidad sus actividades cotidianas y que las restricciones a la circulación funcionan como una forma de presión sobre quienes intentan defender el territorio.
En una comunidad rural y de difícil acceso, las dificultades para circular pueden afectar cuestiones básicas como el abastecimiento, el traslado de animales y la posibilidad de recibir asistencia.
El escenario vuelve a poner en discusión una cuestión que atraviesa a numerosos territorios donde existen proyectos extractivos: qué ocurre cuando el desarrollo de una actividad económica entra en conflicto con los derechos de comunidades que habitan históricamente esas tierras.
El gobernador Raúl Jalil, en el centro de los reclamos
La situación también interpela directamente al gobernador Raúl Jalil y al Gobierno de Catamarca. El conflicto de Peñas Negras no comenzó con los episodios recientes y cuenta con antecedentes de enfrentamientos y denuncias de violencia registrados durante 2024.
Por ese motivo, desde la comunidad cuestionan que una disputa territorial de estas características continúe escalando sin una respuesta política capaz de generar una instancia de diálogo y evitar nuevos episodios de violencia.
La Policía de Catamarca depende del Gobierno provincial y, por lo tanto, el Ejecutivo debe responder frente a los cuestionamientos sobre el accionar de los efectivos desplegados en la zona. Si los comuneros denuncian que las fuerzas de seguridad garantizaron el ingreso de personas vinculadas con actividades mineras y que durante los operativos se produjeron hechos de violencia, corresponde que las autoridades esclarezcan qué ocurrió y determinen las responsabilidades que correspondan.
Jalil convirtió a la minería en uno de los principales ejes de su política de gobierno y Catamarca se consolidó como una de las provincias con mayor proyección para el desarrollo de proyectos extractivos. Pero el impulso de la actividad minera no elimina las obligaciones estatales respecto de los derechos de las comunidades indígenas.
La discusión no puede reducirse únicamente a inversiones, empleo y recursos minerales. También involucra a las familias que viven en los territorios donde esos proyectos pretenden avanzar, sus actividades tradicionales, sus animales, sus fuentes de agua y su relación histórica con el territorio.
Cuando una comunidad denuncia que no fue escuchada y que sus derechos no fueron respetados, la respuesta del Estado debería contemplar mecanismos de diálogo, participación y protección, además de garantizar una investigación independiente sobre los hechos denunciados.
Hasta ahora, desde Peñas Negras sostienen que el diálogo no llegó. Lo que denuncian haber recibido, en cambio, es presencia policial, hostigamiento y falta de respuestas de las autoridades.
El conflicto vuelve así a exponer los límites de un modelo en el que la expansión de la actividad minera avanza sobre territorios donde existen comunidades que reclaman ser escuchadas. Para Peñas Negras, el reclamo no es solamente contra un proyecto o una empresa: también es contra un Estado al que le exigen que deje de responder al conflicto con fuerzas de seguridad y asuma su responsabilidad de garantizar derechos.