La Justicia argentina ratificó su competencia para intervenir en una causa contra empresas extranjeras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Juzgado Federal de Río Grande afirmó su competencia territorial, material e internacional para entender en la acción impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra la petrolera británico-canadiense Rockhopper Exploration y otras firmas relacionadas con el proyecto.
La resolución se conoció en línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal (Dictamen N.º 267/2026) y sostiene la jurisdicción de los tribunales argentinos para intervenir frente a actividades extractivas que, según el planteo de las organizaciones, se desarrollan sin las autorizaciones exigidas por la legislación nacional.
El juzgado fundamentó su competencia en el artículo 116 de la Constitución Nacional y en la legislación vinculada con la exploración y explotación de hidrocarburos, entre ellas la Ley 26.659 y sus modificatorias.
La resolución también incorporó una dimensión ambiental al análisis. Según el planteo judicial, las actividades hidrocarburíferas se desarrollan en aguas del Atlántico Sur que, debido a su dinámica oceanográfica y sus corrientes, mantienen una conexión con las ecorregiones del Mar Argentino.
En ese sentido, el juzgado consideró que una eventual degradación ambiental podría afectar recursos compartidos e interjurisdiccionales, lo que activa las disposiciones de la Ley General del Ambiente y la doctrina de la Corte Suprema.
Qué denunciaron las organizaciones
La causa fue impulsada por el CECIM junto con la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), que presentaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo para intentar frenar el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las organizaciones solicitaron la suspensión de las obras y operaciones vinculadas con el proyecto y también cuestionaron las operaciones financieras destinadas a su desarrollo.
El planteo sostiene que la explotación proyectada se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. “Está en riesgo el Mar Argentino. También la soberanía”, sostuvieron.
Según las organizaciones, las empresas avanzaron con el proyecto sin haber realizado ante el Estado argentino la evaluación de impacto ambiental que, de acuerdo con su interpretación, exige la legislación nacional ni obtenido las autorizaciones correspondientes.
Qué es el proyecto Sea Lion
Sea Lion, denominado León Marino en la presentación judicial, se desarrolla en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b, en la Cuenca Malvinas Norte.
De acuerdo con la información difundida por las organizaciones, las primeras dos etapas contemplan la perforación de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas. El desarrollo también incluye cañerías, instalaciones sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
La primera etapa contempla 11 pozos y la segunda otros 12. La compañía prevé comenzar la producción en 2028 y extenderla durante más de 30 años.
El proyecto también contempla infraestructura terrestre en Puerto Argentino, entre ellas ampliaciones portuarias, depósitos y plantas vinculadas con combustibles, productos químicos y lodos de perforación.
Las organizaciones denunciaron que durante 2026 comenzaron obras en el muelle y en la base terrestre, mientras que la perforación estaría prevista para comienzos de 2027.
Qué impacto ambiental advierten
La presentación judicial también pone el foco en los posibles impactos sobre los ecosistemas marinos.
Según las organizaciones, el proyecto se desarrolla en un área vinculada con las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, donde habitan y se alimentan numerosas especies de peces, mamíferos marinos y aves.
Entre los potenciales impactos mencionan las perforaciones, los movimientos del lecho marino, el tránsito de embarcaciones, el ruido submarino, el uso de productos químicos y el riesgo de derrames de hidrocarburos.
También advierten que las corrientes marinas podrían extender los efectos de un eventual incidente hacia áreas utilizadas para alimentación, reproducción y migración de distintas especies.
A esto se sumarían los impactos asociados con la infraestructura terrestre y portuaria proyectada en Puerto Argentino.
El pronunciamiento del Juzgado Federal de Río Grande no implica por sí mismo que se haya ordenado detener el proyecto, sino que reconoce la competencia de la Justicia argentina para intervenir en la causa. El planteo de las organizaciones continuará ahora dentro de ese marco judicial.
“Defender Malvinas exige paz. Exige derecho. Exige cuidar. Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz forman una misma trama. El mar es territorio. El ambiente es patrimonio. La soberanía es del pueblo”, concluyeron.