En Virrey del Pino, un grupo de vecinos lleva 17 años reclamando respuestas sobre las condiciones ambientales que rodean a la planta de Sika Klaukol. Ahora, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la empresa denuncia que al conflicto ambiental se sumó un nuevo frente: actuaciones judiciales contra integrantes de la organización que, según sostienen, buscan desalentar los reclamos.
La planta industrial produce adhesivos para cerámicos y porcelanatos, pastinas, morteros y otros productos destinados a la construcción. Para los vecinos, sin embargo, la discusión excede la actividad productiva y está vinculada con las condiciones ambientales y sanitarias del barrio.
Susana Aranda, referente de la Asamblea, sostiene que las denuncias acumuladas durante casi dos décadas no encontraron una solución definitiva.
“Estamos pidiendo que dejen de matarnos, nada más y nada menos”, afirmó Aranda al describir la situación que atraviesa el barrio.
La dirigente también cuestionó el recorrido institucional de los reclamos y denunció una presunta connivencia entre distintos sectores del poder: “No hemos recibido justicia, al contrario: somos perseguidos, somos amenazados. Acá está metido el poder político y el poder judicial muy en convivencia”.
Estas acusaciones deberán ser evaluadas por los organismos competentes y no permiten, por sí solas, establecer responsabilidades penales o administrativas. Pero el conflicto expone una situación que permanece abierta desde hace 17 años: una comunidad que continúa reclamando respuestas sobre el ambiente en el que vive.
Contaminación de Klaukol y los reclamos por problemas de salud
Uno de los principales ejes de la denuncia está relacionado con las partículas y sustancias que, según los vecinos, provienen de la actividad industrial. La Asamblea señala emisiones de polvo y material fino y sostiene que la exposición ambiental estaría vinculada con distintos problemas de salud registrados entre habitantes de la zona.
Aranda resume su denuncia con una frase contundente: “Respiramos vidrio molido”.
La expresión hace referencia a la sílice cristalina, cuya exposición respiratoria prolongada está reconocida como un riesgo para la salud. Sin embargo, la presencia de una sustancia en el ambiente no permite atribuir automáticamente cada enfermedad a una fuente determinada. Para establecer una relación causal son necesarios estudios ambientales y epidemiológicos específicos.
La Asamblea afirma contar con antecedentes técnicos que respaldan parte de sus reclamos y menciona investigaciones en las que participaron organismos científicos, entre ellos el CONICET. También sostiene que un relevamiento realizado por una organización suiza detectó cicatrices pulmonares entre las personas examinadas.
Entre los casos mencionados por los vecinos aparece el de Nadia Carabajal. Según relató Aranda, la joven recibió un trasplante renal y tres peritos determinaron que no debía permanecer en el barrio debido a las condiciones ambientales. De acuerdo con su testimonio, fue trasladada durante tres años y luego regresó a vivir a la zona.
La referente también habló sobre la situación de su nieta, una niña que, según su relato, presenta problemas respiratorios severos y debe limitar su exposición al exterior.
Son casos individuales que forman parte de un reclamo colectivo más amplio. Cuando una comunidad denuncia durante años posibles exposiciones ambientales y problemas de salud, la respuesta institucional debería incluir controles, mediciones, seguimiento sanitario y publicación de resultados que permitan determinar qué ocurre efectivamente en el territorio.
Vecinos de Virrey del Pino denuncian persecución judicial
El segundo capítulo del conflicto está relacionado con las actuaciones judiciales que involucran a integrantes de la Asamblea. Los vecinos sostienen que estos procedimientos pueden funcionar como una forma de presión sobre quienes mantienen los reclamos contra la empresa.
La denuncia plantea una preocupación que excede cada expediente particular: el impacto que puede tener la judicialización sobre una organización vecinal que lleva años reclamando por cuestiones ambientales.
Esto no significa que cualquier actuación judicial contra un manifestante pueda ser considerada automáticamente una persecución. Las denuncias y los expedientes deben ser analizados individualmente y con las garantías correspondientes.
Al mismo tiempo, las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar que el ejercicio del derecho a reclamar no se transforme en un obstáculo para la participación ciudadana.
La Asamblea también realizó otras acusaciones de extrema gravedad, entre ellas referencias al supuesto uso de glifosato en determinados procesos industriales y a trabajadores fallecidos por cáncer. Por tratarse de afirmaciones que implican posibles responsabilidades concretas, requieren documentación y una investigación que permita establecer si existieron efectivamente esas situaciones y cuáles fueron sus causas.
El conflicto de Virrey del Pino plantea una tensión que atraviesa a muchas comunidades cercanas a establecimientos industriales: cómo compatibilizar la producción y el empleo con el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente saludable.
La respuesta debería apoyarse en información verificable. Controles ambientales independientes, resultados públicos, seguimiento sanitario y garantías para quienes realizan denuncias permitirían determinar si existen incumplimientos y, en ese caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
Después de 17 años de reclamos, los vecinos siguen pidiendo saber qué ocurre con el ambiente que los rodea. Y esa pregunta no debería depender únicamente de su capacidad para organizarse y sostener el reclamo.