Un informe presentado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) ySin Azul No Hay Verde puso en evidencia la falta de controles y sanciones por parte de la autoridad nacional de pesca frente al denominado ‘caso Nddanddu’.
Se trata de un buque pesquero de bandera nacional que en febrero de este año fue filmado mientras desechaba en alta mar más de 90 toneladas de merluza (unos 3 mil cajones arrojados por la borda), en lo que constituye un acto de depredación que -denunciaron ambas ONGs- resulta habitual en el Mar Argentino.
El descomunal descarte de merluza (una especie protegida y que tiene cuotas asignadas de pesca) obedeció a priorizar el espacio en el barco para el calamar, una especie también protegida, pero con un valor de mercado mayor).
En el interín, se cometieron todo tipo de infracciones: desde la salida del buque sin un inspector a bordo, pese a su historial de irregularidades; la pesca sin permiso de calamar (sólo tenía autorización para merluza); el uso de artes de pesca prohibidos que capturan juveniles y otras especies no objetivo; a la depredación y contaminación que supone el descarte de miles de toneladas de pescado, incluyendo cajones y redes de plástico, pasando por la alteración de permisos de pesca y declaraciones juradas. Cada una de ellas constituye una violación al Régimen Federal Pesquero.
Sin embargo, pese a la carga de la evidencia a partir de videos, testimonios, datos satelitales y las declaraciones públicas del propio armador, quien admitió el descarte como una práctica habitual, el buque continuó operando sin sanción alguna.
Crónica de una depredación anunciada.
El buque Nddanddu, propiedad del armador Luis Santander y operado por la empresa “Luez SA”, zarpó el 26 de enero del puerto de Caleta Olivia. La cuota de pesca que le había sido asignada por la provincia de Chubut, de unas 1.000 toneladas de merluza, lo ubica entre los buques con mayor cuota de pesca junto con el Marlene del Carmen, de la misma empresa.
Pese a registrar antecedentes de irregularidades previas, el barco no contaba con un inspector ni observador a bordo, lo que configura una infracción desde el vamos.
Lo que sucedió después, quedó registrado en videos e imágenes satelitales.
Según testimonios de la tripulación, una vez en altamar, se los obligó a priorizar la selección del calamar en cubierta y descartar la merluza capturada, pese a ser ésta una especie regulada.
Cuando algunos trabajadores se negaron a continuar con esa práctica, el conflicto escaló y -de acuerdo con declaraciones de los empleados-, el armador amenazó con desembarcar a parte del personal y no pagar el pasaje de regreso a quienes no eran de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La orden habría cambiado recién cuando los tripulantes advirtieron que harían públicos los videos del descarte.
Finalmente, el buque arribó a Comodoro Rivadavia el 1 de febrero por la noche. Según lo informado en el acta de descarga, se declararon 379 cajones de calamar, 495 de merluza y 37 de abadejo, pese a tener capacidad para 2.200 cajones. La proporción de calamar capturado superaba ampliamente el 20% permitido como “pesca incidental” por la Ley de Pesca. Tras el arribo, casi toda la tripulación renunció .
Una práctica (depredatoria) habitual
Los videos que luego circularon por redes y medios especializados (a partir del 9 de febrero) mostraron tanto el descarte de merluza como el uso de redes “calcetín” (un arte de pesca que impide la salida de ejemplares pequeños), incluyendo una toma continua donde se observa el nombre del buque y parte de los tripulantes , lo que constituiría evidencia relevante para un sumario.
Consultado por la prensa, el armador Luis Santander declaró: “Si viene mayor cantidad de calamar, se prioriza el calamar. Es tan simple como eso… en altamar siempre se descarta… esto va así desde hace 30 años” .
Estos dichos “son un reconocimiento explícito de prácticas incompatibles con el régimen pesquero, al admitir el descarte sistemático en función del valor comercial y la eliminación de ejemplares juveniles”, sostiene Consuelo Bilbao, Directora del Círculo de Políticas Ambientales, y una de las autoras del informe.
Sin embargo, lejos de tratarse de un hecho aislado, la referencia a que estas prácticas “se hacen hace 30 años” evidencia su carácter estructural, reforzando la existencia de un patrón de incumplimiento que contradice las obligaciones de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos”, destaca Bilbao.
Doble Vara en la fiscalización pesquera
Frente a esta evidencia, la respuesta fue dispar. La Secretaría de Pesca de Chubut actuó al día siguiente de conocerse los hechos y solicitó la revocación de la cuota de pesca del buque Nddanddu al Consejo Federal Pesquero (CFP), que la aprobó por unanimidad el 12 de febrero.
Por el contrario, la Subsecretaría de Pesca de La Nación, a cargo de Juan Antonio López Cazorla, no solo no abrió sumario alguno, sino que tampoco convocó a los testigos, no analizó la evidencia satelital disponible, ni emitió una respuesta pública concluyente.
Como resultado, el Nddanddu continuó realizando viajes de pesca sin ninguna restricción, siendo su último puerto de recalada el de Mar del Plata el 19 de mayo, de acuerdo al localizador Vesselfinder.
“Lo que el caso Nddanddu muestra es que el Estado argentino tiene capacidad técnica para fiscalizar lo que ocurre en el mar, pero esa capacidad se aplica de forma selectiva. La misma Subsecretaría que utiliza tecnología satelital para instruir sumarios contra buques de bandera extranjera optó por no usar ningún tipo de herramienta, frente a una embarcación nacional con evidencia pública, testimonios de la tripulación y el propio reconocimiento del armador. Eso no es una limitación operativa: es una decisión política.”, manifestó Bilbao.
“La gobernanza pesquera argentina es sumamente opaca, no contamos con un registro público de embarcaciones pesqueras que nos permita saber qué permisos tiene un barco, qué artes lleva autorizadas, qué antecedentes acumula ni qué cuotas le fueron asignadas. Esa oscuridad no es un detalle burocrático: es la condición que permite que un buque como el Nddanddu opere ‘como si nada’ incluso cuando hay videos, hay testimonios y hay datos satelitales.”, afirmó Juan Coustet, Coordinador de Sin Azul No Hay Verde.
Sobrepesca y pérdida de divisas
Según cálculos de distintas ONGs defensoras de la diversidad marina, cada año se extraen ilegalmente del mar argentino más de 148 mil toneladas de calamar y otras especies, lo que implica para el Estado una pérdida de u$s 818 millones, casi el 10% de las exportaciones totales del país.
Actualmente, la pesca representa el 0,4% del PBI Argentino, con más de 25.000 empleos directos y exportaciones cercanas a u$d 2.000 millones de dólares anuales.
La sobrepesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es llevada adelante por flotas industriales de bandera tanto extranjera como local. Esta actividad, además de impactar negativamente en los ecosistemas oceánicos y el erario público, perjudica especialmente a los pescadores artesanales y a miles de familias y emprendimientos que tienen al mar como su principal sustento.
Desde hace varios años, el Círculo de Políticas Ambientales promueve la ratificación de acuerdos internacionales que refuercen la conservación marina y la seguridad pesquera —como el Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, el Acuerdo de Ciudad del Cabo y el Tratado de Alta Mar—. También impulsa en el Congreso una “Ley de Trazabilidad de la Pesca”, para monitorear la cadena productiva, garantizar la sostenibilidad y responder a las exigencias de mercados globales como el europeo, que demandan productos con sellos de sustentabilidad, calidad y no explotación laboral.