Tras denunciar contaminación con petróleo, se lanza a la política: quién es María Emilia Scatolón
Se postula por un frente independiente luego de ser suspendida y destituida por Irrigación, en una causa atravesada por acusaciones cruzadas y conflicto ambiental.
La exinspectora de cauce, María Emilia Scatolón, fue confirmada como integrante de una lista de candidatos en Maipú, provincia de Mendoza, para las elecciones municipales del 22 de febrero. Scatolón, una productora de la zona de Lunlunta, se postula en el frente «Proyecto Maipú Nuevo Rumbo», una agrupación de empresarios y productores locales que se define como independiente de los partidos políticos tradicionales. Su incorporación a la arena política se da luego de un controvertido despido del Departamento General de Irrigación, donde denunció la contaminación del agua con petróleo en su jurisdicción.
El sábado pasado se cumplió el plazo para la presentación de listas en los seis municipios mendocinos que desdoblaron sus comicios: Maipú, La Paz, Santa Rosa, San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia. El frente «Proyecto Maipú Nuevo Rumbo» busca diferenciarse al competir «sin responder a los mandatos de Casa de Gobierno o del PJ central», con la promesa de desplazar a la «política tradicional». El empresario Pablo Rey lidera esta propuesta, mientras que María Emilia Scatolón ocupa el segundo lugar. Completa la lista Cristian Di Betta, un reconocido empresario pastelero de la región.
La denuncia de contaminación y la suspensión de Scatolón
La historia de María Emilia Scatolón tomó relevancia pública en septiembre del año pasado, cuando vecinos productores de Lunlunta reportaron la presencia de una sustancia «negra, viscosa y con olor a combustible» en el agua. Esta situación se dio en una zona de viñedos y olivares que también cuenta con pozos petroleros, donde previos pasivos ambientales se declararon saneados. Scatolón, quien se desempeñó como inspectora del canal matriz Lunlunta-Río Mendoza desde 2011 y fue la primera mujer en ese cargo en el Gran Mendoza, ya venía alertando desde 2014 sobre este tipo de contaminación.
En aquella oportunidad, Scatolón no solo acudió a Irrigación, sino que también elevó la denuncia a la Justicia. Oficiales judiciales tomaron muestras de agua y sedimentos que fueron analizadas en laboratorios de la Universidad Nacional de Cuyo. Los resultados, confirmados en diciembre, revelaron la existencia de contaminación. A raíz de esto, YPF recibió una intimación por parte de la Dirección de Protección Ambiental en enero para presentar un plan de remediación en la zona afectada.
Las explicaciones de Irrigación y las acusaciones de la exfuncionaria
Paralelamente a la investigación ambiental, en octubre del año pasado, apenas un mes después de la denuncia, el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación decidió suspender a la inspectora de cauce. El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, argumentó que Scatolón no presentó la rendición de cuentas del Ejercicio 2022 en tiempo y forma, cuya fecha límite era el 10 de junio de 2023. Marinelli añadió que la rendición se hizo en septiembre pasado, pero de manera «incompleta e insuficiente», previo a la resolución.
Por su parte, María Emilia Scatolón calificó su suspensión como una «cama» orquestada para destituirla. Declaró haber recibido pedidos de renuncia y, ante su negativa, denunció amenazas. «Me hicieron llamados anónimos, mensajes de texto. Me dijeron que me iban a encontrar muerta en un canal», manifestó Scatolón, quien radicó una denuncia en la Fiscalía 10° de Maipú. Sostuvo que se le perdió un balance de 2022 y que le ofrecieron «limpiarle la causa» si renunciaba, a lo que se negó para evitar que el tema quedara «en la nada».
Cese de funciones y sanciones económicas
El 20 de agosto pasado, el mismo Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación culminó la investigación sobre la inspectora. La resolución final concluyó que existieron «serias irregularidades» en la presentación del balance de María Emilia Scatolón. Entre las anomalías detectadas, se encontraron pagos y aportes que no correspondían a períodos trabajados y la presentación de documentos con firmas falsificadas.
Las irregularidades fueron corroboradas y la inspectora fue sancionada. El Tribunal impuso la inhabilitación a todo el cuadro de autoridades (Inspector y Delegados) para ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por un lapso de cinco años. Además, se decidió la destitución del cargo de la propia Scatolón. También se le requirió la devolución de fondos a la Inspección de Cauce por un monto de $3.608.523,62, correspondiente al valor de los sueldos brutos y contribuciones no abonadas a los denunciantes, más intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a su cuenta personal.
