La transición hacia una economía baja en carbono todavía avanza a un ritmo insuficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aunque distintos países actualizaron sus compromisos climáticos, las medidas implementadas no alcanzan para garantizar una reducción de emisiones compatible con limitar el calentamiento global.
Así lo advierte el informe State of the Sovereign Transition 2026, elaborado por el TPI Global Climate Transition Centre de la London School of Economics (LSE), que evaluó el desempeño climático de 85 países, responsables de alrededor del 90% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Uno de los datos más contundentes aparece al analizar los subsidios a los combustibles fósiles: solo cinco de los 71 países evaluados mantienen un compromiso vigente para eliminarlos. El plazo de 2025 para avanzar en esa eliminación venció sin que se estableciera una nueva fecha. Como consecuencia, Canadá, Alemania e Italia dejaron de cumplir con el criterio que contemplaba el compromiso asumido por el G7.
El informe señala que, desde 2016, los líderes del G7 habían reafirmado en distintas declaraciones el objetivo de eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles para 2025. Sin embargo, ese compromiso ya no apareció en las principales declaraciones del grupo de 2025 y 2026, que dieron mayor lugar a cuestiones vinculadas con la seguridad energética, los riesgos geopolíticos y las presiones económicas.
Los autores relacionan este retroceso con un cambio en las prioridades de los gobiernos, en un contexto de tensiones internacionales y restricciones fiscales. Aunque destacan que todavía existen iniciativas de cooperación para avanzar en la eliminación de estos incentivos, el área de combustibles fósiles continúa siendo la de peor desempeño dentro del marco de evaluación.
¿Qué países cumplen las metas climáticas del Acuerdo de París?
La distancia entre los compromisos y los resultados también se refleja en las proyecciones globales. Según el Emissions Gap Report 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), incluso si los países cumplen sus compromisos climáticos actuales, el calentamiento global podría alcanzar los 2,6 °C durante este siglo. Si se mantienen las políticas vigentes, la proyección asciende a 2,8 °C. Para limitar el calentamiento a 1,5 °C hacia 2100, las emisiones mundiales deberían caer un 45% para 2035 respecto de los niveles de 2025.
El estudio distingue entre dos problemas. Por un lado, la brecha de ambición, que mide la distancia entre los objetivos nacionales y los niveles de reducción necesarios, y, por otro, la brecha de implementación, que refleja cuánto se alejan las tendencias actuales de las propias metas de cada país.
En este último punto, los resultados también muestran dificultades. Solo 13 de los 75 países están encaminados a cumplir sus objetivos de emisiones para 2030. Sin embargo, ocho de ellos aparecen en esa situación porque sus metas permiten que las emisiones absolutas continúen aumentando.
El informe también advierte que la nueva generación de compromisos para 2035 no necesariamente representa una mejora en la ambición climática. De los 40 objetivos que pudieron cuantificarse y compararse con los parámetros de referencia, solo nueve están alineados con una trayectoria de 1,5 °C y 14 con una inferior a los 2 °C.
Por qué las políticas sectoriales no logran bajar las emisiones globales
Otra de las novedades del estudio es la incorporación de una evaluación más detallada de los principales sectores emisores de cada país. El análisis considera cinco áreas de actividad y observa tanto las políticas adoptadas como la existencia de objetivos específicos y la evolución de las emisiones.
Los resultados muestran que el 68% de los países evaluados cuenta con políticas sectoriales de descarbonización, mientras que el 37% dispone de objetivos o trayectorias cuantificadas para sus sectores más contaminantes. Sin embargo, apenas el 10% registra tendencias descendentes de emisiones en esas cinco áreas.
La diferencia entre la existencia de políticas y los resultados concretos es especialmente visible en sectores como la industria, el transporte y la producción de combustibles fósiles. La electricidad presenta un desempeño relativamente mejor: muchos países establecieron caminos específicos para reducir sus emisiones y, en promedio, las tendencias del sector muestran una caída.
Adaptación al cambio climático: el caso argentino
El informe también dedica un apartado a las políticas de adaptación, un aspecto cada vez más relevante frente al aumento de los riesgos físicos asociados al cambio climático. En este punto, encuentra que la mayoría de los países cuenta con herramientas básicas de planificación, aunque todavía existen dificultades para monitorear su implementación y garantizar los recursos necesarios.
De los 85 países analizados, 66 tienen un Plan Nacional de Adaptación actualizado y 61 publican evaluaciones nacionales de riesgo climático. Sin embargo, solo 33 presentan informes de seguimiento y evaluación sobre la implementación de esas medidas.
En este apartado, Argentina aparece entre los ejemplos de buenas prácticas. El informe destaca su Plan Nacional de Adaptación de 2023, que incluye estimaciones de costos para medidas específicas, organizadas en seis líneas estratégicas o áreas temáticas: conservación de la biodiversidad, sistemas alimentarios y bosques sostenibles, movilidad sostenible, territorios resilientes, transición energética y transición productiva.
Los investigadores también señalan experiencias de otros países, como Costa Rica, que publica información presupuestaria diferenciada para identificar cuánto destina a medidas de adaptación y mitigación, y Jamaica, que cuenta con mecanismos de cobertura financiera frente a desastres climáticos.
De todos modos, el documento advierte que contar con planes, estimaciones de costos y mecanismos institucionales no significa necesariamente que las medidas se hayan ejecutado o que hayan reducido la vulnerabilidad de las comunidades.
En sus conclusiones, el TPI Global Climate Transition Centre sostiene que los resultados muestran avances en algunos componentes de la política climática, pero también retrocesos en compromisos clave y una brecha persistente entre los objetivos anunciados y las transformaciones efectivas. El desafío, plantea el estudio, no pasa solamente por establecer nuevas metas, sino por traducirlas en políticas, financiamiento y reducciones verificables de emisiones.