La aprobación del proyecto minero Agua Rica en el RIGI volvió a poner a Catamarca en el centro de la discusión sobre el modelo extractivo argentino. El Gobierno de Javier Milei oficializó el 27 de octubre, mediante la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, la incorporación de la iniciativa de Minera Agua Rica LLC, perteneciente a la multinacional Glencore, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El emprendimiento contempla una inversión declarada de US$ 6.393 millones para extraer cobre, oro, plata y molibdeno.
La decisión garantiza a la compañía acceso a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por los impactos de la megaminería sobre los recursos naturales y las actividades productivas de las comunidades catamarqueñas.
Mientras el Gobierno nacional presenta estas inversiones como una oportunidad para generar divisas y dinamizar la economía, las asambleas socioambientales advierten que el avance de la actividad puede comprometer recursos esenciales para la población, especialmente el agua y los ecosistemas de la región.
El conflicto tampoco se limita a Agua Rica. En la Región Albigasta, las comunidades vienen realizando movilizaciones contra otro emprendimiento minero en la zona de El Alto, a cargo de Litios del Norte S.A. Los reclamos apuntan a evitar que la expansión de los proyectos extractivos avance sobre los bosques, las fuentes de agua y las economías locales.
La política minera del Gobierno tuvo otra señal el 28 de octubre, cuando Milei encabezó junto al gobernador Raúl Jalil un acto en Catamarca para inaugurar la expansión Fénix 1B y la operación Sal de Vida, dos proyectos de Río Tinto que representan inversiones cercanas a los US$ 1.400 millones.
La sucesión de anuncios muestra la centralidad que la minería adquirió en la estrategia económica nacional y provincial. El interrogante es cuánto de esa riqueza se traducirá en beneficios concretos para las poblaciones locales y qué garantías existirán para evitar que los costos ambientales y sociales queden en los territorios.
¿Qué antecedentes ambientales tiene Glencore en Catamarca y el exterior?
Detrás de Agua Rica se encuentra Glencore, una de las principales corporaciones internacionales dedicadas a la producción y comercialización de materias primas. Su trayectoria incluye investigaciones judiciales, sanciones administrativas y denuncias ambientales en distintos países, antecedentes que vuelven necesario examinar los mecanismos de control previstos para su nuevo emprendimiento en Catamarca.
En Argentina, uno de los antecedentes más relevantes está relacionado con Bajo de la Alumbrera, también vinculado a la actividad de la compañía.
En noviembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento del entonces gerente general de Minera Alumbrera en una causa por presunta contaminación ambiental de la cuenca Salí-Dulce.
La investigación se centró en los vertidos provenientes de la planta de filtros de Cruz del Norte, en Ranchillos, a través del canal DP2. Según información del Ministerio Público Fiscal, los análisis detectaron concentraciones de cobre superiores a los valores guía para la protección de la vida acuática. El procesamiento constituyó un antecedente judicial relevante, aunque no equivale por sí mismo a una condena penal firme.
En Perú, las operaciones de Glencore también quedaron bajo cuestionamiento. En octubre de 2025, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso a la compañía una multa superior a 5,5 millones de soles por exceder los límites permitidos de emisiones de material particulado PM10 en su emprendimiento Antapaccay, ubicado en la región de Cusco.
Las controversias en Espinar también incluyen denuncias por contaminación y posibles afectaciones a la salud de las comunidades. Organizaciones como CooperAcción y Oxfam documentaron cuestionamientos sobre los impactos sociales y ambientales de la actividad minera y el cumplimiento de los estándares de protección de los pueblos indígenas.
En 2025, comunidades afectadas presentaron una acción de amparo por contaminación con metales pesados. Durante 2026, el proceso continuaba pendiente de una audiencia de fondo.
En otros países también se registraron denuncias relacionadas con las actividades de la multinacional. En la República Democrática del Congo, investigaciones periodísticas expusieron acusaciones por vertidos ácidos y condiciones de trabajo infantil en cadenas de producción de cobre y cobalto.
En 2021, el Gobierno británico aceptó tramitar una denuncia por presuntas vulneraciones de derechos humanos vinculadas con un derrame de aguas residuales tóxicas ocurrido en 2018 en Chad. Habitantes de la zona denunciaron quemaduras, lesiones y enfermedades después de entrar en contacto con el agua contaminada.
Estos antecedentes no determinan por sí mismos cuáles serán los impactos de Agua Rica, pero muestran por qué resulta indispensable contar con controles independientes, información pública y mecanismos de reparación ambiental que puedan exigirse durante todas las etapas del proyecto.
La trayectoria de una empresa multinacional no debería quedar al margen de la evaluación de nuevas inversiones. La promesa de desarrollo y sostenibilidad debe contrastarse con sus antecedentes operativos y con las garantías que ofrece para prevenir daños en los territorios donde desarrolla sus actividades.
¿Qué beneficios otorga el RIGI al proyecto minero Agua Rica?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es una de las principales herramientas de la política económica de Javier Milei para atraer capitales extranjeros. La normativa ofrece estabilidad tributaria, beneficios aduaneros y cambiarios, además de condiciones especiales para los proyectos que cumplen con los requisitos de adhesión.
En el caso de Agua Rica, la inversión declarada asciende a US$ 6.393 millones, una cifra que posiciona al emprendimiento entre las grandes apuestas mineras del país.
Uno de los puntos más cuestionados del régimen es el alcance de las garantías que reciben las empresas. El artículo 165 de la Ley Bases establece que las normas nacionales o provinciales que se opongan, limiten, restrinjan o desvirtúen las disposiciones del RIGI serán nulas de pleno derecho, en los términos previstos por el propio régimen.
Además, el esquema contempla garantías vinculadas con el acceso a insumos esenciales para el desarrollo de los proyectos, entre ellos el agua y la energía.
Estas condiciones abren una discusión sobre el equilibrio entre los derechos de las empresas, las competencias de las provincias y las necesidades de las comunidades que dependen de los mismos recursos naturales.
En territorios donde la disponibilidad de agua es determinante para el consumo humano, la producción agropecuaria y la conservación de los ecosistemas, cualquier emprendimiento minero de gran escala necesita evaluaciones rigurosas sobre su demanda hídrica y sus impactos acumulativos.
También resulta necesario conocer qué mecanismos de fiscalización se aplicarán, cómo se controlará el manejo de los residuos mineros y qué garantías económicas tendrá el Estado para exigir la reparación de eventuales daños ambientales.
El problema no se limita a la cantidad de inversiones que puede atraer una provincia. También importa cómo se distribuyen sus beneficios, qué actividades económicas pueden verse afectadas y qué sucede cuando los recursos naturales que sostienen a las comunidades quedan comprometidos.
La experiencia de Bajo de la Alumbrera vuelve especialmente relevante esta discusión. El desarrollo de grandes proyectos mineros puede generar exportaciones y actividad económica, pero esos resultados deben analizarse junto con los impactos ambientales, las condiciones de vida de la población y las consecuencias que permanecen después del cierre de las operaciones.
En Catamarca, la expansión de Agua Rica y otros emprendimientos vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para el modelo productivo argentino: quién se queda con los beneficios económicos de la explotación minera y quién asume los costos cuando la actividad afecta el agua, los territorios y las economías locales.
Para las empresas, los proyectos representan oportunidades de negocio a escala internacional. Para las comunidades, en cambio, el territorio es el espacio donde desarrollan su vida, su producción y sus vínculos sociales. Esa diferencia vuelve indispensable que la política de inversiones incorpore controles ambientales efectivos y garantías de participación para quienes pueden resultar afectados.