La científica Virginia Aparicio recibió la máxima sanción que se puede otorgar a los empleados públicos nacionales: fue exonerada a través de la resolución 366 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acusada de cometer “graves hechos”, según consideran desde ese organismo.
Desde la comunidad científica que la apoya y que en el último mes juntó más de 17 mil firmas, consideran que se la persigue por divulgar información sobre el impacto de los agrotóxicos en Argentina en el marco de un proyecto internacional, chocando con los intereses de grandes intereses de la agroindustria.
Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias, investigadora independiente del Conicet y era parte de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del (INTA); se dedicó a estudiar por más de 25 años el destino de los plaguicidas y otros contaminantes de uso agrícola que están presentes en el ambiente y que tienen impacto en la salud humana.
La acusación hacia la científica se inició a través de la apertura de un sumario administrativo en 2023, al poco tiempo de obtener los primeros resultados del estudio internacional “Transición Sostenible de Protección Vegetal”, conocido como SPRINT, en el que Argentina participó a través del INTA. Los resultados de las 73 personas voluntarias revelaron que tenían mezcla de agroquímicos en sangre, orina y materia fecal.
El estudio internacional se desarrolló entre 2020 y 2025 con el objetivo de investigar en 11 países el efecto de los plaguicidas sobre las personas, los animales y los distintos ecosistemas. Argentina fue el único país no europeo incorporado al estudio por ser uno de los principales países consumidores de plaguicidas en la actividad agropecuaria; en 2025, utilizó 262.500 toneladas de plaguicidas según la FAO.
A pesar de su protagonismo, fines del 2023, la Argentina anunció que se retiraba del proyecto a través de la Resolución 2023-399-APN-INTA, sin comunicar los hallazgos de agrotóxicos en las personas y el ambiente, ni brindar explicaciones acerca del motivo de la desvinculación del país.
El abogado de Aparicio, Mario Bolla, habla con Economía Sustentable sobre los detalles de la persecución que viene sufriendo Virginia desde que obtuvo los resultados científicos: “En el año 2023 se inicia un sumario administrativo contra Virginia y otros jerárquicos que participaron del SPRINT. A Virginia la notifican recién en febrero del 2025 y cuando la llaman a declarar, como no había tenido acceso al expediente y a los hechos imputados, nos reservamos el derecho a no declarar. Lo hicimos al poco tiempo, por escrito, donde negamos los motivos de las acusaciones”.
De todos los 10 miembros que participaron del SPRINT que fueron investigados en el sumario, según el letrado, solo a tres personas se le aplicaron sanciones: “15 días de suspensión para el actual director de la estación Balcarce, que era el superior inmediato de Virginia, 25 días de suspensión a otro investigador que trabajó en los resultados de los análisis y, la exoneración para Virginia”.
“No solamente es desproporcionado, absurdo e irracional el tipo de sanción aplicado a Virginia, además es discriminatorio. Creo que necesitaban una sanción ejemplificadora con la científica más importante del INTA en Balcarce y la zona, ya que ella tiene una trayectoria de más de 20 años impecable, es referente internacional en temas de suelo y agua y, en muchos juicios importantes donde se cuestiona el agro negocio en el impacto de la salud humana, ha sido convocada para que emita su opinión como perito”, resalta Bolla.
Por qué el INTA sancionó a la científica Virginia Aparicio
Las decisiones del Consejo Directivo del INTA se fundamentan principalmente en el aparente mal manejo de fondos europeos del proyecto, en el traslado de las muestras al exterior sin autorizaciones formales del organismo nacional y por brindar participación a una persona sin vínculo laboral vigente con el instituto y ser pareja de Virginia. Sin embargo, en la resolución se aclara que no existió perjuicio económico para el Estado ni se pudo determinar enriquecimiento personal.
En la resolución 366, se identifican cuatro hechos principales como argumentos suficientes para determinar la exoneración: “Que las prohibiciones comprobadas configuran la causal de exoneración del artículo 33, inciso d), del anexo a la Ley N° 25.164, en tanto la autonomía decisoria ejercida, el favorecimiento de su conviviente mediante participación y acceso reservado, la aplicación patrimonial inconsulta y la persistencia de los incumplimientos de información comprometen gravemente la confianza funcional y justifican imponer la EXONERACIÓN, conforme a los artículos 27, 28 y 30, inciso d), del mismo régimen”, de acuerdo a lo indicado en el documento.
Bolla responde punto por punto. “Sobre la autonomía decisoria ejercida, es falso porque ella era la Coordinadora, por lo cual, era quien tomaba las decisiones en relación a la investigación. Imputarle este hecho es absolutamente necio e improcedente. Ella se manejó siempre dentro de los lineamientos y protocolos del SPRINT”
Sobre el favorecimiento de su conviviente mediante la participación de su pareja, José Luis Costa (investigador retirado del INTA), asegura que “tanto el Consorcio Europeo del SPRINT como el director de la Estación Experimental Balcarce, estaban al tanto y no hubo ningún tipo de objeción. Además, en la resolución, no se especifica sobre cuál podría hacer sido el motivo por el que Costa se habría visto favorecido”. Acerca de la aplicación patrimonial inconsulta, dice que “es absurdo, ya que, desde el INTA, en la resolución, se reconoce que no hubo incremento patrimonial de Virginia ni desvío de fondos”. Por último, en relación al punto sobre la persistencia de los incumplimientos de información, asegura que “Virginia mantuvo a su superior jerárquico (Facundo Quiroz) informado siempre de todos los pasos que se dieron en el proyecto, un hecho que fue reconocido tanto por Quiroz, como en el propio sumario de INTA”.
Cómo será la apelación judicial de Virginia Aparicio tras la sanción del INTA
Ahora piensan agotar instancia administrativa con un recurso de reconsideración, por el cual el Consejo Directivo tiene que rever la sanción. Si no hay cambios, habrá reclamo judicial. “Virginia está fuerte y va a pelear hasta el final”, subraya, y considera que “existe una campaña de desprestigio hacia la figura de Virginia ya que como a nivel científico no pudieron refutar los datos, y por eso en la resolución no niegan ningún dato, y tampoco encontraron evidencia de un perjuicio patrimonial, optan por desprestigia su accionar dentro de la investigación”.
Y hay otro hecho más que el abogado define de “escandaloso”: “El INTA guardó silencio durante estos últimos tres años frente a resultados que pueden ser nocivos para la salud, y en vez de dedicarse a estudiar para ver qué se puede hacer y dar intervención a las autoridades sanitarias, han guardado completo silencio”.
Por su parte, Virginia eligió hablar en las redes a través de un video breve y contundente: “El INTA tiene que hacerse responsable de la vulneración de los derechos de los voluntarios que participaron de este proyecto gracias a los cuales tenemos la información que tenemos”.
“También tenemos que pensar que en democracia no podemos vivir procesos de censura, persecución, de falta de libertad para investigar. La ciencia se rebate con más ciencia”, dijo con total firmeza a cámara.
Con la exoneración le impiden de por vida ejercer su función en la administración pública, poniendo así también en riesgo su cargo en el CONICET.