La reciente reforma de la Ley de Glaciares reabrió un debate que parecía saldado desde 2010, pero que ahora suma un nuevo capítulo con impacto potencial en provincias alejadas de la cordillera, como Córdoba. La norma, sancionada el 9 de abril y promulgada el 24, introduce un cambio clave: traslada a las provincias cordilleranas la potestad de definir qué zonas proteger y bajo qué criterios.
Hasta ahora, el esquema establecía parámetros homogéneos a nivel nacional. Con la nueva legislación, en cambio, la protección se reduce a aquellos cuerpos de hielo con “función hídrica comprobable”, lo que abre la puerta a actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera en áreas antes resguardadas.
El argumento oficial apunta a fomentar inversiones, pero el giro encendió alertas en sectores científicos, ambientales y políticos. La preocupación no se limita a las provincias con glaciares: el impacto puede sentirse a cientos de kilómetros, a través de los sistemas hídricos que dependen de esos reservorios naturales.
Cómo la reforma de la Ley de Glaciares puede afectar el agua en Córdoba
Aunque no tiene glaciares en su territorio, Córdoba depende de cuencas que nacen en la cordillera. En ese sentido, los especialistas advierten que cualquier alteración en esos ecosistemas puede repercutir en el abastecimiento provincial.
“El problema no es ‘minería sí o minería no’, sino la validez del agua como recurso vital y único”, sostuvo el geólogo Ricardo Astini, investigador superior del Conicet. Desde esa perspectiva, planteó que se trata de un tema de “soberanía hídrica”, ya que los glaciares -aunque ocupan menos del 0,3% del territorio- impactan en más de 30 cuencas hídricas del país.
El funcionamiento de estos sistemas es clave: los glaciares y ambientes periglaciares regulan el agua a escala regional. Su degradación puede afectar caudales que sostienen cuencas como la del Salí-Dulce, fundamentales para el consumo humano y el riego.
En ese marco, el exgobernador Juan Schiaretti advirtió que la reforma “pone en riesgo el suministro de agua de Córdoba”, en referencia a la dependencia de sistemas interconectados que exceden los límites provinciales.
Astini, además, subrayó que los impactos no son inmediatos, pero sí persistentes: el deterioro ambiental se propaga con el tiempo y el agua funciona como “una cinta transportadora” de esos efectos.
Rechazo social y conflicto judicial por la nueva ley de glaciares
El frente de conflicto no es solo ambiental. También se abre una disputa jurídica que podría escalar hasta la Corte Suprema.
Para el abogado ambientalista Aldo Novak, la reforma introduce un retroceso. “Introduce un criterio regresivo en materia ambiental al debilitar estándares ya alcanzados, lo que contraviene el artículo 41 de la Constitución Nacional”, afirmó.
El letrado también cuestionó la transferencia de facultades a las provincias y el debilitamiento del rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). “Se debilita el respaldo científico de la política ambiental”, advirtió, al tiempo que recordó que los Estados deben basarse en la mejor evidencia disponible.
En paralelo, crece el rechazo social. Una demanda colectiva reunió cerca de 900 mil adhesiones y hubo movilizaciones en distintas ciudades del país. Según Astini, en la audiencia pública previa, “más del 90%” de las intervenciones se manifestaron en contra de la reforma.
El conflicto, lejos de cerrarse, entra ahora en una etapa clave. La vía judicial aparece como el próximo campo de disputa, mientras el debate se amplía más allá de la cordillera. En el fondo, la discusión vuelve a ser la misma: quién decide sobre un recurso estratégico como el agua y bajo qué prioridades. En ese escenario, Córdoba podría convertirse en uno de los casos testigo.