Productores, cooperativistas, empresarios pymes y asesores técnicos del sector rural de la provincia de Misiones advirtieron sobre el «impacto negativo» que podría tener la Ley de Bioinsumos, que establece la prohibición del glifosato a partir de 2030.
En un comunicado conjunto, difundido por la Confederación Económica de Misiones (CEM), solicitaron su derogación de la ley ante la falta de alternativas biológicas viables y accesibles para la producción local.
“No se trata de defender el glifosato. El problema es que, hasta hoy, no existe un reemplazo biológico que haya demostrado eficacia real en las condiciones productivas de Misiones ni que sea accesible para los productores”, señalaron lEn una reunión convocada por la Confederación Económica de Misiones (CEM), os participantes a través de un documento.
Qué dice la ley que limita el uso del glifosato
La normativa, sancionada en 2023, fue modificada posteriormente para extender el plazo de prohibición del herbicida de 2025 a 2030. Sin embargo, establece que los productores que deseen continuar con su uso deben inscribirse en el Registro de acceso a la Prórroga para uso de Glifosato, habilitado por el Ministerio del Agro, y detallar cómo planean reemplazar el producto químico.
Desde el sector productivo, señalan que esa exigencia es de difícil cumplimiento. “La única opción real que tenemos actualmente es machetear, pero eso tiene un costo que resulta prohibitivo para cualquier producción, la verdad es que no sabemos qué poner en ese registro”, comentó un productor tealero al salir del encuentro.
Un reclamo con respaldo institucional
La CEM, junto a diversos actores del ámbito rural, expresó que si bien apuestan al desarrollo sostenible y al cuidado del ambiente, las decisiones deben basarse en evidencia y no en imposiciones sin sustento técnico.
“Promovemos y apostamos al desarrollo sostenible de Misiones mediante la preservación del ambiente, el cuidado de la salud de las comunidades, la producción responsable y la rentabilidad de quienes producen. Esto, considerando que las Buenas Prácticas Agrícolas y los sistemas nacionales e internacionales de certificación son estrategias tan sustanciales como los productos biológicos naturales”, expresaron.
“Cuando hay miles de familias y comunidades en juego, las definiciones deben basarse en evidencias y no en ideologías o intereses particulares”, agregaron.
El comunicado también advierte sobre posibles sanciones económicas que recaerían sobre quienes no cumplan con la ley, lo que podría afectar gravemente la economía regional. “Los productores se encuentran expuestos a la aplicación de graves sanciones (multas millonarias), motivo por el cual urge brindar una solución inmediata y consistente en la derogación de la ley de bioinsumos».
Desde el sector económico-productivo misionero concluyeron que el objetivo es evitar que las normativas vigentes “paralicen o dificulten las actividades económicas que sostienen a la provincia” y reclamaron un marco legal más realista que no imponga “obstáculos burocráticos” a quienes producen.