Piden incorporar el ecocidio como delito en el Código Penal Argentino

Con más de 50 mil firmas, la diputada nacional Margarita Stolbizer recibió la petición “Argentina necesita una Ley de Ecocidio: ¡Que la destrucción ambiental sea un delito!”, que busca incorporar el ecocidio como delito en el Código Penal Argentino.

Como parte del Día Internacional del Medio Ambiente, se realizó un evento público en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) para visibilizar la «urgente necesidad de que el país incorpore el crimen de ecocidio en su legislación penal».

Ecocidio y crisis ambiental

Durante su intervención, Stolbizer remarcó la urgencia de abordar la crisis ambiental y avanzar en la tipificación de las conductas que dañan el ambiente, subrayando el impacto directo que estas acciones tienen también sobre las personas. “Es tiempo de hacernos cargo de la crisis ambiental, del cambio climático y de todas las consecuencias que esto ocasiona”, expresó la legisladora y destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para impulsar un marco legal que sancione el ecocidio.

Uno de los momentos centrales del evento fue la entrega simbólica de las más de 48 mil firmas reunidas en change.org/LeyEcocidio que busca incluir el delito de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. “Lo importante es lo que queda, y en este caso, lo que va a quedar es la participación de las organizaciones sociales y de las ciudadanías que se han manifestado a través de su firma, con la colaboración de Change.org”, remcaró Stolbizer en un comunicado de prnesa.

La diputada compartió el inicio de la jornada con Constanza Soler, representante de Stop Ecocidio Internacional, organización que lleva años impulsando esta causa a nivel global. “Reconocemos en Stop Ecocidio un trabajo permanente y valiente que logró instalar este tema en la agenda pública, tanto nacional como internacional. Nuestro compromiso es acompañar ese esfuerzo con responsabilidad y humildad”, sumó Soler.

Debate por el ecocidio

Argentina fue sede de un diálogo internacional que abordó el desarrollo del marco normativo nacional a partir de experiencias concretas en países donde el ecocidio ya es ley. Estuvo presente Patricia Willocq, directora de Stop Ecocidio en países francófonos, quien fue parte del proceso legislativo que llevó a Bélgica a incorporar esta figura penal esencial. En su presentación destacó que “América Latina tiene un rol clave con su biodiversidad, sus pueblos originarios y su profunda conexión con la naturaleza. Y lo que sucede aquí, en Argentina, puede tener un impacto mucho más allá de sus fronteras”.

El encuentro, titulado “Delitos Ambientales y Ecocidio: Encuentro Internacional Camino a la Ley en Argentina”, contó con la participación de representantes internacionales como Jojo Mehta, cofundadora de Stop Ecocidio; legisladores de Colombia y Perú, y expertos jurídicos de América Latina.

La agenda incluyó paneles sobre experiencias internacionales, análisis de proyectos legislativos locales y un homenaje al Papa Francisco por su compromiso ambiental a través del Movimiento Laudato Si. Contó con la presencia de organizaciones ambientales, referentes académicos, especialistas en derecho penal ambiental y defensores del medio ambiente. Se presentó también el anteproyecto de ley elaborado por el Dr. Miguel Ángel Asturias, director de la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), que adaptó la definición internacional de ecocidio al marco jurídico argentino.

En el último panel se destacó uno de los hitos más significativos en la historia reciente de los delitos ambientales en Argentina que ocurrió en 2021, en la Reserva de Punta Tombo, Chubut. Allí, una persona destruyó con una topadora más de 200 nidos y provocó la muerte de más de 100 pingüinos de Magallanes —especie emblemática de la fauna patagónica— al intentar instalar un alambrado eléctrico.

A diferencia de tantos otros casos que quedan archivados, este avanzó gracias a la denuncia de organizaciones ambientalistas: llegó a juicio oral y concluyó con una condena en primera instancia por daño agravado y crueldad animal. Sin embargo, las penas previstas por la legislación vigente no estuvieron a la altura de la magnitud del daño causado. En un fallo sin precedentes, se mencionó por primera vez el término “ecocidio” en la jurisprudencia argentina. Este caso demuestra que, a veces, es la realidad la que interpela al derecho y lo obliga a avanzar.

«Argentina tiene hoy la oportunidad de dar un paso histórico hacia la protección del ambiente, sumándose a países como Brasil y Chile, que ya avanzan con proyectos legislativos para penalizar el ecocidio. La ciudadanía ha hablado con claridad: la destrucción ambiental debe ser considerada un crimen», destacaron desde Change.org.