La crisis de los organismos ambientales del Estado también atraviesa a Parques Nacionales. En una entrevista con ANRed, Marcelo Rojas, delegado de ATE en Bariloche y trabajador estatal con 18 años de trayectoria en temas ambientales, topográficos y de análisis geográficos, describió un escenario marcado por despidos, contratos que no se renuevan, retiros voluntarios y pérdida de personal especializado.
Rojas trabaja como supervisor de proyectos y análisis ambientales en la Dirección Regional Patagonia Norte, dependiente de la Dirección Nacional de Conservación, con intervención en áreas protegidas de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Según su diagnóstico, el organismo cuenta actualmente con menos de 2.000 trabajadores para atender 52 áreas protegidas y cuatro monumentos naturales, que en conjunto abarcan unos 18 millones de hectáreas. Cuando comenzó la actual gestión, se produjeron más de 70 despidos y posteriormente se sumaron no renovaciones de contratos y otras desvinculaciones.
“Esta gestión se dedicó a diezmar la cantidad de personal en cada área protegida del país y en cada sector técnico”, afirmó Rojas.
El problema, según explicó, no se limita a la cantidad de trabajadores. La salida de personas con años de experiencia también implica perder conocimientos acumulados dentro de un organismo que tiene entre sus funciones la conservación, la fiscalización y el control del territorio.
Parques Nacionales enfrenta despidos y falta de personal
Uno de los sectores más afectados es el de los brigadistas. Rojas señaló que actualmente no llegan a 400, mientras que el sistema nacional establece que serían necesarios alrededor de 700 para Parques Nacionales.
“Un brigadista que empieza acá en Patagonia está cobrando 850.000 pesos. Un brigadista en la zona centro está cobrando 650 lucas. Son gente que sale a combatir incendios de proporción”, sostuvo.
A esto se suma el deterioro salarial y la falta de reemplazos. De acuerdo con el delegado, los trabajadores que se retiran o renuncian no son compensados en cantidad suficiente por nuevos ingresos, lo que profundiza la pérdida de capacidad operativa.
El organismo también enfrenta una elevada proporción de trabajadores contratados. Según Rojas, alrededor de 600 de los aproximadamente 1.000 profesionales, técnicos y administrativos serían contratados, mientras que todos los brigadistas trabajan bajo esa modalidad.
“Con lo cual tenés más de la mitad de la planta contratada, con contratos temporales realizando labores permanentes. Es un fraude laboral enorme”, afirmó.
Rojas también cuestionó el impacto de los retiros voluntarios sobre la experiencia acumulada. Según explicó, quienes optan por retirarse suelen ser trabajadores con mayor antigüedad, mientras que el organismo no logra reemplazar ese conocimiento con la misma velocidad.
El vaciamiento de Parques Nacionales también afecta al ambiente
Para Rojas, la reducción de personal tiene una consecuencia directa sobre la capacidad del Estado para controlar y conservar las áreas protegidas.
“Lo que vemos es un retiro del organismo del territorio. Eso es lo que se plasma en el vaciamiento del organismo: el organismo empieza a perder poder de control, de fiscalización, que es lo que realiza el guardaparque, además de tareas de conservación”.
El delegado también cuestionó que las áreas protegidas puedan quedar reducidas a espacios aislados mientras las actividades productivas avanzan sobre los territorios que las rodean.
En relación con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que permitir cambios de uso del suelo después de incendios puede favorecer procesos de especulación inmobiliaria y afectar la continuidad de los ecosistemas. También vinculó esa discusión con la modificación de la normativa sobre tierras y la gestión de los recursos naturales.
En ese marco, Rojas utiliza la expresión “balcanización de la política ambiental” para referirse a un escenario en el que cada provincia podría terminar aplicando criterios diferentes sobre recursos y estándares de conservación.
“Lo que quieren es que cada provincia tenga su criterio para analizar si este glaciar es estratégico o no”, sostuvo, al referirse a la modificación de la Ley de Glaciares. Y agregó: “si se rompen los criterios nacionales o federales, o los que criterios unificados, lo que va suceder es un impacto ambiental en todos lados, porque cada provincia se va a acomodar a la realidad que tenga”.
La presión sobre las provincias puede impulsar el extractivismo
El diagnóstico también apunta a la relación entre el financiamiento provincial y la explotación de los recursos naturales. Según Rojas, una reducción de los recursos disponibles para las provincias puede generar mayores incentivos para avanzar sobre actividades extractivas.
“Entonces, ante una asfixia financiera como la que ejerce también el gobierno nacional sobre las provincias: la salida es el extractivismo”, afirmó.
El trabajador de Parques Nacionales sostuvo que no todas las actividades pueden ser consideradas sostenibles y planteó la necesidad de analizar sus impactos sobre las comunidades y los territorios.
“Hay actividades que no son sostenibles, y hay cosas que no se deberían considerar recurso directamente por lo que implican como impacto ambiental, deberían desestimarse como recurso”.
La discusión adquiere especial relevancia en territorios donde conviven áreas protegidas, comunidades originarias, propiedades privadas y recursos naturales. Rojas señaló que en parques como Nahuel Huapi y Lanín existen propiedades privadas dentro de las áreas protegidas y advirtió sobre las tensiones que podrían surgir si avanzan procesos de extranjerización de tierras.
Menos presencia estatal implica más riesgos ambientales
El deterioro de la capacidad institucional no solo afecta las tareas cotidianas de los guardaparques. También compromete la posibilidad de producir información científica y técnica para tomar decisiones sobre conservación.
Rojas explicó que Parques Nacionales cuenta con trabajadores especializados que generan conocimiento para resolver problemas concretos de gestión, desde el retroceso de una especie hasta la planificación de acciones de conservación.
Según su planteo, la reducción de esos equipos implica perder capacidades que no pueden reconstruirse rápidamente.
“¿Qué es lo que busca esta gestión? Un Estado que no planifica, un Estado que no quiere ejecutar política pública, un Estado que deja que las cosas sucedan”.
Y resumió las consecuencias que, desde su perspectiva, puede tener ese proceso: “Y ese dejar que las cosas sucedan implica menos derechos para la gente, implica, en nuestro caso, más impactos ambientales, pérdida de años de conservación, pérdida de patrimonio natural y cultural, pérdida de bienes comunes”.
El conflicto de Parques Nacionales, de esta manera, excede la discusión salarial o laboral. La disputa también alcanza la capacidad del Estado para sostener presencia territorial, fiscalizar actividades, producir conocimiento y administrar áreas protegidas frente a presiones económicas y productivas.
Fuente: con información de Indymedia Argentina