La explotación petrolera proyectada en las aguas próximas a las Islas Malvinas vuelve a quedar bajo la lupa de la Justicia, esta vez con foco en los directivos de las compañías involucradas y en los posibles impactos ambientales de avanzar con la actividad hidrocarburífera en una zona de alto valor ecológico.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Gobierno de Javier Milei y busca determinar la eventual responsabilidad de quienes participaron de las decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegales por desarrollarse sin autorización nacional.
El avance de la investigación apunta así a ir más allá de las empresas involucradas y poner el foco sobre las personas que tuvieron participación concreta en las decisiones. En ese marco, Stornelli requirió investigar a los responsables de ambas compañías para establecer qué intervención tuvieron en las operaciones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.
Qué investiga la Justicia sobre las petroleras de Malvinas
La investigación también apunta a reconstruir la estructura societaria y el circuito económico detrás de las actividades petroleras. Para ello, el fiscal solicitó analizar los movimientos económicos y financieros de las compañías involucradas.
La medida busca identificar el origen y destino de los fondos, las operaciones realizadas y las relaciones existentes entre las distintas sociedades que participaron de los proyectos.
El expediente alcanza a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, asociadas para desarrollar Sea Lion, un proyecto localizado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa contempla avanzar hacia la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina y que actualmente se encuentra bajo administración británica.
Según la información vinculada con la causa, los delitos que se investigan contemplan penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión, en caso de que se acrediten las conductas denunciadas y resulten aplicables las figuras penales analizadas.
La imputación de los directivos representa un nuevo avance de la causa iniciada por el Gobierno y desplaza parte de la atención desde las personas jurídicas hacia quienes tomaron o participaron de las decisiones empresariales relacionadas con las operaciones.
El Gobierno prepara nuevas denuncias contra las petroleras
El avance de Stornelli se produce mientras el Gobierno prepara nuevas acciones judiciales contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias existentes y que se presentarán nuevas acciones contra empresas que, según la posición oficial, desarrollan actividades sin autorización argentina y en presunta violación de la Ley 26.659.
La normativa establece el régimen aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La primera denuncia de esta nueva etapa alcanzó a Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas empresas participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas.
El caso vuelve a colocar la explotación de petróleo alrededor de las Islas Malvinas en el centro de una disputa que combina intereses económicos, reclamos de soberanía y acciones judiciales. En ese escenario, la investigación deberá determinar si existieron conductas que configuren los delitos denunciados y cuál fue el grado de participación de los directivos señalados.