¿Para quién va el negocio?: el Gobierno analiza el futuro de las mayores centrales hidroeléctricas del país
El objetivo sería extender los plazos de las concesiones que vencen en 2023 para las que hayan demostrado ser compatibles con el cuidado del medio ambiente.
A partir de 2023 vencen los contratos de concesión de las represas hidroeléctricas que operan en todo el país.
Si bien faltan todavía casi tres años para que llegue esa fecha, en el Gobierno comenzaron a analizar la situación de cada concesión con el objetivo de encarar nuevas licitaciones o de mantener a los actuales operadores a partir de las inversiones tendientes a mejorar las condiciones del medio ambiente y de energía limpia que hayan hecho o no durante todos estos años de concesión.
Ocurre que las autoridades consideran que tienen todavía una larga vida útil por delante y que su condición de amortizadas las convierte en centrales de bajísimo costo de explotación, sobre todo, al compararlas con centrales térmicas.
Las represas fueron entregadas a grupos privados en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem y en la actualidad los grupos Pampa Energía; la norteamericana AES y la italiana ENEL son los que mayor porcentaje accionario poseen en todas las centrales.
Entre los inversores también figuran conocidos empresarios locales como Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo. También, los banqueros Guillermo Reca y Eduardo Escasany participan en este negocio.
La represa más conocida es El Chocón que tiene 1.000 MW de potencia instalada y junto Piedra del Aguila y Alicurá, conforman el grupo de las tres centrales más potentes del país.
Panorama federal
Pero en la Argentina operan 95 represas hidroeléctricas, incluso hasta dos con concesiones binacional como son Yacyretá (2746 MW) que se comparte con Paraguay, y Salto Grande (945 MW), con Uruguay.
Del total, 31 son fiscalizadas por el Estado nacional a través del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), que no tiene jurisdicción sobre las centrales hidroeléctricas binacionales las controladas por las provincias.
En este marco, las autoridades debaten si el poder concedente de las próximas licitaciones deben ser nuevamente el Estado nacional o se tienen que trasladar las jurisdicciones a las provincias, como Río Negro y Neuquén que concentran 10 de las 31 represas fiscalizadas por la Nación.
En esa zona que delimita los ríos Neuquén y Limay, existen seis centrales hidroeléctricas con 4.431 MW de potencia instalada que son El Chocón (1200 MW); Arroyito (120 MW); Alicurá (1000 MW); Piedra del Águila (1400 MW); Pichi Picún Luefú (261 MW) y el complejo Cerros Colorados en donde Planicie Banderita tiene una potencia de 450 MW.
Los casos bajo la lupa:
- El Chocón y Arroyito, que son propiedad de Enel Generación El Chocón y cuya concesión fue otorgada el 11 de agosto de 1993, por el término de 30 años al consorcio Hidroinvest que hoy controla el 59% de las acciones y que también participa en Enel Generación Costanera (ex Central Costanera); Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en generación; Enel Trading Argentina en comercialización; Edesur en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec en transporte.
- Planicie Banderita y Central Alto Valle que son administradas por Orazul Energy, la operadora del fondo de inversión I Squared Capital fundado en 2012 por el egipcio Sadek Wahba.
Compró los activos de la norteamericana Duke Energy en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. Es además, accionista minoritario de las centrales termoeléctricas San Martín y Manuel Belgrano y de Central Vuelta de Obligado. - Alicurá, que desde agosto del 2000 es operada por AES Argentina, subisidaria de AES Corporation de Estados Unidos. Está presente en el país desde 1993 y es el concesionario original. Opera ocho plantas de generación ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan, y tiene participación accionaria en las Centrales Termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín, ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En Neuquén, además invirtió en la instalación del parque eólico Vientos Neuquinos.
- Pichi Picún Leufú fue otorgada en concesión en 1999 a Petrobras que luego la transfirió a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, uno de los principales jugadores en el negocio local de la energía y en el transporte y producción de gas. También posee la central térmica Loma de La Lata; produce gas en El Mangrullo, Sierra Chata, Rio Neuquén y Rincón del Mangrullo. Y participa en el bloque Parva Negra Este, Las Tacanas Norte, Rincón de Aranda y Chirete.
- Piedra del Aguila, que es operada por la Sociedad Argentina de Electricidad (Sadesa), del grupo Miguens-Bemberg e inversores encabezados por Guillermo Reca. Adquirió la empresa Hidro Neuquén, controlante de Hidroeléctrica Piedra del Aguila y la Central Puerto.
Por fuera de esas concesiones, en la región patagónica se encuentran dos centrales hidroeléctricas: Futaleufú (472 MW), y Florentino Ameghino (60 MW), ambas en Chubut. La primera es mayoritariamente controlada por Aluar y el Estado provincial, que a su vez comparte propiedad con Hidroeléctrica del Sur en la otra planta.
También existe el complejo Piedra del Aguila, en Neuquén, mientras que en Santa Cruz se destacan los proyectos Cóndor Cliff y La Barrancosa, financiados por China y que estarán controlados por la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA) y sumarán 1310 MW de potencia de base al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
En la región cuyana, ocho de las nueve centrales son operadas Pampa Energía y están ubicadas en Mendoza. Cuatro sobre el Río Diamante como son Los Reyunos (224 MW); Agua del Toro (150 MW); El Tigre (14 MW) y el arco de protección de Los Reyunos, que sirve solamente para cuidar la sala de máquinas de esa central.
Las restantes se ubican sobre el Río Atuel y son Aisol (136,2 MW); El Nihuil (74 MW); Tierras Blancas (52 MW) y Valle Grande (25 MW).
En la región norte se ubican otras 10 represas. Tres en Salta como son General Manuel Belgrano (102 MW); Peñas Blancas y General Martín Miguel de Güemes (10,8 MW). En Tucumán y Santiago del Estero, en tanto, opera Hidroeléctrica Tucumán y la subsidiaria Hidroeléctrica Rio Hondo, ambas propiedad de Holdec Inversora.
El futuro
En todo este complejo panorama y según un informe privado, sólo Pichi Picún Leufú, previó en su contrato de concesión el destino que tendrá una vez finalizado ese plazo de 30 años de concesión ya que quedó establecido que pasará a manos de Río Negro y Neuquén como poderes concedentes.
Un escenario que también podría darse en el resto de las represas si prospera un proyecto legislador por Río Negro y ex secretario de Energía de esa provincia, Sebastián Caldiero, para que todas las centrales pasen a la órbita de las provincias.
Sin embargo, existen otras iniciativas para que las hidroeléctricas sean controladas por la Nación, como lo proponen el diputado neuquino César Gass y el titular del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Jorge Lapeña, para quienes el Estado debe definir, a través de su energía económica, un plan de desarrollo.
El plan forma parte de un documento que el instituto acaba de publicar como especie de plataforma de política energética concebida para ser aplicada en los próximos 30 años en el marco de un proceso de transición energética complejo y múltiple.
La plataforma está compuesta por 60 medidas destinadas a cambiar el “status quo” en el que se encuentra el sector energético y llevarlo a un objetivo final de “mediato, deseable y sostenible“, con una reforma profunda que incluirá un plan energético a largo plazo; una nueva matriz con mayor aporte de energías limpias; un sector petrolero que incremente su producción y al mismo tiempo su productividad y que exporte excedentes sin ningún tipo de subsidios a la oferta.
El objetivo de la propuesta se define como “producir y comercializar una energía de precio competitivo y accesible para nuestro pueblo, para nuestra industria, para nuestro agro y que además sea compatible con el cuidado del medio ambiente”.
Quienes defienden esta posible estrategia advierten que el actual esquema lleva al sector a su propia autodestrucción, actualmente disimulada por los subsidios que otorga el Gobierno.
