Otro golpe: ¿por qué están en riesgo los acuerdos comerciales entre el Mercosur y Europa?

El fuerte proceso de deforestación ilegal ocurrido en vastas zonas de Argentina y Brasil podría poner en riesgo un acuerdo comercial firmado el año pasado entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea.

Principalmente, por la apertura de pastos para aumentar la producción ganadera en ambos países, que va en contra de las disposiciones para el respeto medioambiental y la seguridad alimentaria al que se comprometieron los integrantes del Mercosur y que parte de respetar e implementar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Tanto los gobiernos que forman parte del mayor bloque comercial de América latina  como las naciones europeas accedieron a luchar juntos contra el cambio climático para desarrollar una economía sustentable baja en carbono, lo cual incluye, entre otras, una promesa para combatir la deforestación.

Sin embargo, un informe dado a conocer recientemente por 30 Organizaciones no Gubernamentales (ONG), francesas advierte que el  convenio entre los dos bloques comerciales tendría impacto “desastroso” para los bosques, el clima y los derechos humanos europeos.

En riesgo

El documento fue difundido a modo de carta abierta al presidente Emmanuel Macron, quien ya declaró que Francia no hará “ningún acuerdo comercial con países que no respeten el Acuerdo de París“. 

En los próximos días, un comité de expertos creado a petición del gobierno de esa nación europea debe presentar su propia evaluación sobre los alcances que el convenio comercial podría tener especialmente para el medioambiente y la salud de los consumidores.

Parte de esas conclusiones ya se han filtrado a la prensa y califican al pacto comercial como “una oportunidad desperdiciada”  por parte de los europeos para obtener garantías medioambientales y sanitarias. También se alerta sobre el riesgo de que los intercambios comerciales aceleren la deforestación.

“El acuerdo representa una oportunidad desperdiciada para la UE de utilizar su poder de negociación para obtener garantías sólidas que respondan a las expectativas ambientales, sanitarias y sociales de sus conciudadanos”, señala el documento, según datos de la agencia de noticias AFP.

El informe agrega que la deforestación en el Mercosur podría “acelerarse un 5% anual” debido a la superficie adicional de pastoreo que sería necesaria para cubrir el aumento de producción de carne bovina destinada a la UE (entre 2 y 4%). 

Evalúa también “entre 4,7 millones y 6,8 millones de toneladas equivalentes de CO2” el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que generaría el acuerdo y pone en duda que las “ganancias económicas” compensen “los costos climáticos”.

El pacto comercial entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la UE ahora cuestionado fue firmado en 2019, después de dos décadas de negociaciones, pero debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y los congresos de los 27 países que conforman este bloque.

Hasta ahora,  Francia y Holanda, entre otros países, han manifestado reservas sobre el acuerdo debido a las políticas forestales de Argentina y Brasil. 

Lo mismo hizo el parlamento holandés, así como Austria, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, que expresaron su oposición al tratado al entender que “traerá una competencia injusta para los agricultores europeos y acelerará la deforestación en la Amazonía”.

También Alemania, a través de la jefa del gobierno, Angela Merkel, expresó”serias dudas” sobre el futuro del acuerdo debido al avance de la deforestación. En especial, por las decisiones del gobierno de Jair Bolsonaro de abrir la Amazonía a la explotación minera y energética.

“La Unión Europea se apresta a conceder un cheque en blanco a las multinacionales para hacer disparar el comercio transatlántico entre ambas regiones a expensas de toda consideración social y medioambiental”, indicaron las organizaciones en la carta.

Otras entidades europeas, como la Asociación de Agricultores Irlandeses (IFA), por ejemplo, vienen advirtiendo que la apertura del mercado a las importaciones de carne vacuna brasileña y argentina, cuyas normas ambientales y de seguridad no están alineadas con las normas de la UE, “podrían socavar a los agricultores europeos”.

Del mismo modo, la Comisión Europea insiste en que todas las importaciones del Mercosur deben cumplir con el 100% de los requisitos establecidos por la UE, lo cual no se estaría cumpliendo en el caso de la carne vacuna. 

En este contexto, las ONG francesas reclaman actuar “para oponerse a este acuerdo cuyo impacto en los bosques, el clima y los derechos humanos sería desastroso” y le piden al mandatario francés “imponer su veto y asegurarse de que este acuerdo sea definitivamente enterrado”.

En agosto pasado, la revista Science publicó un trabajo en donde se denuncia que el 17% de la carne de vacuna importada por la UE desde Brasil y en menor medida desde Argentina, procede de áreas deforestadas ilegalmente. 

En el caso del país vecino, el documento estima que responde por el 25% al 40% de las importaciones de carne de vacuno del viejo continente que es el segundo mercado más grande para productos agrícolas detrás de China.

Bajo el título de Rotten Apples of Brazil Agribusiness, la revista asegura que entre el 10% y el 14% de las cabezas de ganado vacuno sacrificadas en Brasil proceden de áreas de deforestación ilegal potencialmente. 

Además, 38-58% de todas las cabezas sacrificadas pueden estar contaminadas con deforestación potencialmente ilegal de proveedores indirectos a medida que el ganado pasa de una propiedad a otra antes de ser sacrificado.

Argentina, bajo la lupa

En el caso de Argentina, la organización ambientalista Greenpeace estima que durante el 2019 se perdieron 80.938 hectáreas de bosques en las cuatro provincias con más desmontes del país: son 25.513 hectáreas en Santiago del Estero; 23.521 hectáreas en Formosa; 14.664 hectáreas en Salta y 17.240 hectáreas en Chaco.

De acuerdo al documento, en 12 años ya se perdieron 2,8 millones de hectáreas de bosques nativos y, desde la sanción de la Ley de Bosques (2007) ya se desmontaron casi 1 millón de hectáreas de bosques protegidos.

Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a Argentina entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, período durante el cual se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.

Y de acuerdo a Greenpeace, en los primeros seis meses de este año, la deforestación en Argentina se aceleró durante y afectó a 38.852 hectáreas, 2.000 más que en el primer semestre del año pasado.

“Pese a la pandemia del coronavirus, el desmonte de los bosques no se detuvo y que solo durante los meses de confinamiento que comenzó el 20 de marzo y aún sigue vigente en varias regiones del país, se desforestaron 21.275 hectáreas, una superficie mayor que la que ocupa, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires”, denuncia la ONG.

Para la ONG, la deforestación se realiza principalmente por motivos económicos, ya que esos terrenos se utilizan para incrementar la superficie disponible para labores de ganadería o agricultura intensiva. Pero también ocasiona “la pérdida de biodiversidad y reducción de disponibilidad de agua y otros recursos esenciales en la zona“.

“Las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente”, se sostiene en el documento de Greenpeace difundido a principios de año.

Para los autores de trabajo, “los ambiciosos planes de expansión de la ganadería intensiva en el norte del país van a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a nuestros últimos bosques nativos”.

Greenpeace destacó en su informe que, si bien desde 2014 se ha registrado una importante disminución de la deforestación, en el 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques, alcanzando las 27.704 hectáreas.

Para los ambientalistas, la conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Sólo en agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representan el 39% de las emisiones de gases del efecto invernadero del país.