Organizaciones ambientales reclamaron que el Congreso avance con un proyecto para hacer públicos los permisos, antecedentes y sanciones de la flota pesquera comercial argentina, en medio de la falta de actividad de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados.
El planteo se realizó el martes durante el conversatorio “La Agenda de la pesca en el Congreso de la Nación”, realizado en el Salón Frondizi Moreno del Senado. El encuentro contó con el respaldo de la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi y reunió a representantes de organizaciones ambientales y legisladores.
La comisión de Diputados está presidida por el legislador de La Libertad Avanza, César Treffinger y, según las organizaciones, todavía no avanzó con el tratamiento del proyecto presentado por el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro. La iniciativa busca establecer un registro abierto con información sobre los permisos, antecedentes y sanciones de las embarcaciones que integran la flota pesquera comercial.
Ferraro sostuvo que el acceso a la información es una condición para avanzar hacia una actividad pesquera sostenible, ya que se trata de la explotación de un recurso natural público. Según explicó, el Estado ya cuenta con buena parte de esos datos y el proyecto busca ordenarlos, actualizarlos y facilitar su acceso a la ciudadanía.
Reclaman terminar con el monopolio estatal de la información
El Círculo de Políticas Ambientales y la fundación Sin Azul No Hay Verde respaldaron el reclamo para reactivar el tratamiento legislativo.
Consuelo Bilbao, directora política del Círculo, cuestionó la falta de participación ciudadana en las decisiones vinculadas con el sector y señaló que el Estado concentra tanto la administración de los recursos marítimos como la información necesaria para controlar las licencias.
“La participación ciudadana en la toma de decisiones en el sector pesquero es prácticamente nula”, sentenció la especialista durante el encuentro.
Bilbao también señaló que las organizaciones civiles no tienen acceso al Consejo Federal Pesquero ni conocen la integración de las comisiones de asesoramiento técnico donde se toman decisiones operativas. Además, cuestionó que Argentina sea, según su planteo, el único país de la región con una flota industrial que no publica los datos de sus embarcaciones en un registro abierto.
Por su parte, el coordinador de Sin Azul No Hay Verde, Juan Coustet, cuestionó que el titular de la comisión legislativa no avance con proyectos vinculados con la transparencia y sostuvo que sin información de acceso irrestricto resulta difícil evaluar el impacto ambiental de las flotas frente a las costas patagónicas.
Más transparencia y riesgos de corrupción
Durante el encuentro, Ferraro planteó que la falta de información pública obliga en algunos casos a recurrir a fuentes privadas o internacionales para conocer datos básicos sobre la flota. “Resulta paradójico que muchas veces para conocer información básica sobre nuestra propia flota debamos recurrir a certificadoras, organizaciones internacionales o plataformas privadas”, sentenció.
El diputado sostuvo que publicar los datos no perjudicaría al sector productivo, sino que permitiría distinguir a quienes cumplen con las normas de quienes operan al margen de ellas. Según argumentó, una mayor transparencia reduciría los espacios de discrecionalidad y los riesgos de corrupción en la administración de los recursos públicos.
En ese sentido, reclamó mayor información sobre los titulares de las embarcaciones y las condiciones bajo las cuales operan.
“Tenemos que poder saber quién pesca, con qué permisos, qué cuotas tiene, quiénes son los titulares y cuáles son sus antecedentes y sanciones”, enumeró para graficar el nivel de apertura que exige su iniciativa parlamentaria.
La trazabilidad, otra deuda del sector pesquero
El debate también abordó la trazabilidad de los productos pesqueros como una herramienta para fortalecer los controles ambientales y respaldar las exportaciones.
Según los organizadores, el sector pesquero argentino exporta cerca del 90% de sus capturas y genera ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares al año. En ese contexto, Ferraro planteó que los mercados internacionales exigen estándares de trazabilidad cada vez más rigurosos.
La propuesta busca establecer un sistema que permita seguir el recorrido de los productos a lo largo de toda la cadena, desde la captura hasta la comercialización final.
“Para las provincias pesqueras cuidar el recurso significa proteger también el trabajo, la producción y el futuro de la actividad a lo largo de todo el litoral marítimo. Necesitamos contar con información confiable para que nuestros mares sigan siendo productivos para las próximas generaciones”, concluyó Ferraro.