El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) dictó una sanción de casi $80 millones contra la firma desarrolladora, Grupo MDay, del complejo urbanístico Vía Aurelia, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta. La resolución se emitió tras comprobarse el vertido de líquidos cloacales sin el tratamiento adecuado en el cauce del río Arenales, un hecho que las autoridades regulatorias calificaron como una afectación directa a bienes colectivos vinculados con el ambiente y la seguridad sanitaria.
De acuerdo con las actuaciones del organismo de control, el sistema de tratamiento de efluentes implementado por el loteo —proyectado para albergar unos 1.800 terrenos— resultó deficitario y sobrepasado en su capacidad operativa. Paralelamente, la sanción alcanzó a la empresa contratada para operar la planta de saneamiento, determinándose que ambas firmas desarrollaban sus actividades sin las habilitaciones ni inscripciones correspondientes ante los registros de servicios públicos sanitarios de la provincia.
Argumentos cruzados y la revocación de permisos
El proceso sancionatorio avanzó luego de una serie de intimaciones y del dictado de medidas cautelares previas destinadas a frenar la polución en el sector afectado. Durante el expediente administrativo, la empresa responsable del desarrollo inmobiliario esgrimió en su defensa contar con un Certificado de Aptitud Ambiental Municipal que habilitaba de manera provisoria el funcionamiento del sistema de descargas.
No obstante, tras conocerse los dictámenes del organismo regulador y profundizarse los cuestionamientos técnicos por el desvío de efluentes crudos, la propia Municipalidad de Salta procedió a revocar dicha autorización provisoria mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos. Por su parte, los representantes del emprendimiento privado atribuyeron la problemática a factores estructurales, señalando las dificultades del Estado provincial para finalizar las obras de ampliación de la infraestructura cloacal definitiva en la región, lo que impide conexiones directas a la red general.
Las alarmas en torno a la degradación del río Arenales cobran relevancia ante los registros epidemiológicos locales. Desde el área de Epidemiología de la provincia se recordó que en períodos anteriores se llegaron a constatar picos de hasta 50 casos semanales de salmonelosis en la capital salteña, vinculando la propagación bacteriológica al uso de aguas contaminadas de la cuenca para el riego de áreas productivas cercanas.
Acciones judiciales y fallas estructurales
La gravedad del cuadro motivó la remisión de los antecedentes administrativos al Ministerio Público Fiscal, con el propósito de evaluar la existencia de responsabilidades penales ligadas a delitos ambientales de carácter continuado.
El caso vuelve a poner de manifiesto un conflicto recurrenten en los centros urbanos de rápido crecimiento: el desfasaje entre el avance de los loteos privados y la inversión en redes de saneamiento esenciales. Mientras los organismos provinciales, el municipio y la prestataria estatal de agua continúan supeditados a mandatos judiciales previos para coordinar planes de mitigación en el río Arenales, la falta de una infraestructura sanitaria estratégica sigue condicionando tanto el desarrollo ordenado de las periferias urbanas como la preservación de los recursos hídricos superficiales.