La Cámara de Senadores de Mendoza dio media sanción este martes a un proyecto de ley que propone incorporar denuncias ciudadanas georreferenciadas como herramienta complementaria para detectar y controlar posibles casos de contaminación ambiental.
La iniciativa mendocina, que fue aprobada por unanimidad, busca crear una plataforma oficial para que los vecinos puedan aportar imágenes y videos en tiempo real, con mecanismos que garanticen la autenticidad y trazabilidad de la información.
El proyecto, impulsado por legisladores del radicalismo, establece un marco jurídico para la “recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía”, con el objetivo de ampliar la capacidad de fiscalización y seguimiento ambiental en todo el territorio provincial.
Cómo funcionará la plataforma
A través de la aplicación, los ciudadanos podrán reportar posibles incumplimientos de la normativa ambiental. El sistema incluirá herramientas de georreferenciación, validación de identidad, sellado temporal, códigos de verificación y otros mecanismos tecnológicos destinados a garantizar la integridad de las pruebas aportadas.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, que administrará la plataforma, procesará técnicamente los registros y derivará las actuaciones a los organismos competentes. En los casos que involucren competencias municipales, el sistema funcionará como un mecanismo de articulación entre la Provincia y los municipios.
El proyecto aclara que las fotografías y videos enviados por los ciudadanos podrán ser utilizados como elementos de sustento dentro de un procedimiento administrativo, aunque por sí solos no serán suficientes para determinar la existencia de una infracción. En todos los casos, será la autoridad competente la encargada de analizar las pruebas, garantizar el derecho de defensa y adoptar las medidas previstas por la legislación vigente.
El objetivo de la iniciativa
La senadora radical Yamel Ases explicó que la iniciativa busca dar respaldo legal a una participación ciudadana que actualmente se canaliza de manera informal y transformarla en una herramienta útil para la protección del ambiente.
“Buscamos modernizar el sistema de denuncias ambientales, permitiendo que la ciudadanía aporte registros audiovisuales en tiempo real mediante una aplicación oficial que garantice la autenticidad y trazabilidad de la evidencia. El Ministerio de Energía y Ambiente será la ventanilla única, respetando competencias municipales, y se asegurará el debido proceso y el derecho a defensa. Agradezco a los senadores y senadoras que acompañaron esta iniciativa”, explicó.
Además, la legisladora señaló en sus redes sociales: “Queremos reforzar herramientas para que la sociedad pueda participar de los procesos de fiscalización a través de una plataforma oficial, agilizando la detección ante infracciones y mejorando la capacidad de respuesta del Estado, siempre con las garantías del debido proceso”.
Ases también indicó que la propuesta se integrará al proceso de digitalización de la administración pública provincial previsto en la Ley 9625 del Sistema de Administración Pública Digital, con la posibilidad de incorporarse a futuras herramientas y aplicaciones oficiales.
El apoyo de la oposición y el marco legal
Desde el bloque Encuentro Mendocino, la senadora Adriana Cano acompañó la iniciativa y destacó que el proyecto “demuestra que las leyes son mejores cuando se construyen con diálogo y participación. La ciudadanía debe tener más herramientas para colaborar con el cuidado del ambiente, pero eso no puede significar que el Estado renuncie a sus obligaciones”, señaló.
La legisladora agregó que la norma “permitirá a la ciudadanía ejercer un verdadero control cuando el infractor sea el propio Estado. Si hubiera estado vigente antes, los vecinos de Corralitos habrían contado con una herramienta específica para iniciar acciones de contralor ambiental frente a los derrames cloacales”.
La iniciativa toma como referencia antecedentes nacionales e internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la protección del ambiente. También se apoya en los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Mendoza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, vinculados a la acción climática, la conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento institucional.