La comisión de Ambiente del Senado de Mendoza dio despacho favorable a un proyecto de ley que busca crear un sistema oficial de denuncias ambientales georreferenciadas. La iniciativa propone el desarrollo de una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía aportar imágenes y videos de presuntas infracciones ambientales, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y fiscalización del Estado.
El proyecto, impulsado por los senadores oficialistas Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, establece un marco legal para la recepción, preservación y tratamiento administrativo de los registros audiovisuales enviados por los ciudadanos, ampliando las herramientas disponibles para detectar posibles incumplimientos de la normativa ambiental en todo el territorio provincial.
La propuesta establece que los reportes podrán realizarse en tiempo real a través de una plataforma oficial equipada con herramientas de georreferenciación, validación de identidad, sellado temporal, códigos de verificación y otros mecanismos tecnológicos destinados a garantizar la autenticidad e integridad de la información.
Cómo funcionará el sistema de denuncias ambientales en Mendoza
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, encargado de administrar la plataforma, procesar técnicamente el material recibido y derivar las actuaciones a los organismos competentes. En los casos que correspondan a competencias municipales, el sistema buscará facilitar la articulación entre la Provincia y los municipios.
Durante el tratamiento legislativo también se analizó el riesgo de denuncias falsas o motivadas por conflictos personales. Para ello, el proyecto prevé un proceso de validación técnica previo antes de cualquier actuación administrativa. Si se comprobara que una denuncia es falsa, el expediente será archivado y podrán iniciarse las acciones legales correspondientes.
Además, la iniciativa aclara que las imágenes y videos aportados por los ciudadanos funcionarán como elementos de respaldo dentro de un procedimiento administrativo, pero no constituirán por sí mismos una prueba suficiente para determinar la existencia de una infracción. En todos los casos, la autoridad competente deberá analizar los antecedentes, garantizar el derecho de defensa y aplicar la normativa vigente.
Participación ciudadana y digitalización del control ambiental
Según se explicó durante el debate, el proyecto busca brindar respaldo jurídico a una práctica que actualmente se realiza de manera informal, permitiendo que los aportes de la ciudadanía puedan incorporarse de forma ordenada y segura a los procesos de fiscalización ambiental.
La iniciativa también apunta a integrarse al proceso de digitalización de la administración pública previsto en la Ley 9625 del Sistema de Administración Pública Digital, con la posibilidad de incorporarse a futuras herramientas y aplicaciones oficiales.
Durante la reunión de comisión se acordó incorporar un artículo que invita a los municipios mendocinos a adherir al sistema, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de control ambiental.
El proyecto toma como referencia el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana, además de los principios establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de Mendoza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Tras las modificaciones incorporadas durante el debate, la comisión otorgó despacho favorable a la iniciativa, que quedó en condiciones de ser tratada próximamente por el pleno del Senado provincial.