La expansión de la infraestructura energética vuelve a generar un conflicto territorial en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el foco está puesto en Ingeniero Maschwitz, donde los habitantes cuestionan la instalación de una planta de almacenamiento eléctrico sobre la calle Brasil, entre La Pista y la Ruta Provincial 26, prácticamente en el límite con Dique Luján.
La iniciativa, denominada BESS Maschwitz 33 kV, es desarrollada por Genneia en articulación técnica con Edenor y forma parte del programa AlmaGBA, impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación. Aunque el objetivo es reforzar el abastecimiento eléctrico y reducir los problemas de suministro durante los períodos de mayor consumo, la ubicación elegida abrió una discusión sobre los riesgos de este tipo de instalaciones en zonas habitadas.
La oposición vecinal se organizó a través de una petición en Change.org titulada “Protejamos Ingeniero Maschwitz de instalaciones peligrosas”, que al 3 de noviembre de 2026 había superado las 2.000 firmas verificadas. El reclamo apunta a las autoridades municipales y provinciales y exige mayor transparencia sobre los estudios ambientales, las medidas de prevención y las condiciones de seguridad.
La preocupación aumentó luego de que el lunes 2 de noviembre comenzaran los trabajos preliminares en el predio, pese a los cuestionamientos de los habitantes de la zona.
La planta de baterías de litio tendrá 44 contenedores cerca de viviendas
El emprendimiento ocupará un terreno de aproximadamente 33.000 metros cuadrados y estará compuesto por 44 contenedores con baterías de litio y otros ocho destinados a equipos de conversión y transformación eléctrica.
La instalación tendrá una potencia nominal de 40 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 200 megavatios hora (MWh), suficiente para entregar energía durante aproximadamente cinco horas.
El funcionamiento previsto consiste en almacenar electricidad durante los momentos de menor demanda para devolverla a la red cuando aumenta el consumo. De esta manera, el sistema busca contribuir a la estabilidad del servicio eléctrico en Ingeniero Maschwitz, Garín y otras localidades cercanas, especialmente durante el verano.
Este tipo de infraestructura forma parte de las inversiones necesarias para acompañar la transformación del sistema energético y mejorar su capacidad de respuesta frente a los picos de consumo. Sin embargo, su desarrollo también exige una planificación territorial que contemple las características del entorno y los posibles efectos sobre la población.
Ese es precisamente el punto que cuestionan los vecinos. La principal objeción no está dirigida a la tecnología de almacenamiento energético en sí misma, sino a la decisión de instalar una infraestructura de esta magnitud cerca de viviendas, en lugar de evaluar terrenos industriales alejados de sectores residenciales.
Incendios, contaminación y ruidos entre las preocupaciones vecinales
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los riesgos asociados a las baterías de ion-litio. Aunque estos sistemas permiten almacenar electricidad sin generar combustión durante su funcionamiento habitual, pueden experimentar fallas que provoquen sobrecalentamiento e incendios.
Entre los fenómenos que generan mayor preocupación se encuentra la fuga térmica, un proceso en el que una celda de la batería eleva su temperatura de manera descontrolada y puede desencadenar una reacción en cadena que alcance otros módulos.
En determinadas condiciones, estos episodios pueden producir incendios difíciles de controlar y liberar gases inflamables y sustancias potencialmente tóxicas. También existe el riesgo de acumulación de gases dentro de los contenedores y de que las baterías vuelvan a encenderse incluso después de que el fuego haya sido controlado inicialmente.
Por ese motivo, las instalaciones de almacenamiento energético de gran escala requieren sistemas específicos de detección temprana, ventilación, separación entre módulos y protección contra incendios. También necesitan protocolos de emergencia que contemplen la intervención de los equipos de respuesta y la protección de las áreas cercanas.
La preocupación no se limita a los posibles incendios. Los vecinos también reclaman información sobre las consecuencias que podría tener un eventual accidente sobre el suelo y el agua.
En caso de siniestro, las tareas de extinción y refrigeración pueden demandar grandes cantidades de agua. Si los líquidos utilizados no se contienen y gestionan correctamente, podrían arrastrar residuos y sustancias contaminantes hacia el terreno o los cursos de agua próximos.
A esto se suma el ruido que podrían generar los equipos de refrigeración, ventilación y transformación eléctrica durante el funcionamiento de la planta. Los habitantes quieren conocer qué medidas de insonorización se implementarán y qué niveles sonoros se esperan en las viviendas más cercanas.
La existencia de estos riesgos no implica que necesariamente vaya a producirse un accidente, pero obliga a evaluar las condiciones de seguridad, las distancias de protección y la capacidad de respuesta ante una emergencia antes de habilitar una instalación de estas características.
Qué respondió el Municipio de Escobar sobre el proyecto
Frente a los cuestionamientos, la información difundida por el Municipio de Escobar señala que el emprendimiento cuenta con autorización nacional para incorporarse al sistema eléctrico y conformidad provincial para realizar trabajos preliminares.
También se informó que obtuvo una prefactibilidad hídrica y un aval antisiniestral de Bomberos. Sin embargo, la ejecución de las obras civiles y la puesta en funcionamiento requieren las licencias y habilitaciones correspondientes.
Por otra parte, el estudio de impacto ambiental y social elaborado por la consultora Scudelati & Asociados, fechado en septiembre de 2025, calificó el riesgo ambiental del emprendimiento como bajo y contempló distintas medidas de prevención, monitoreo y respuesta ante contingencias.
Entre las previsiones incluidas figuran sistemas de detección de temperatura y gases, mecanismos de protección contra incendios, insonorización de equipos y la construcción de un muro perimetral de hormigón de tres metros de altura.
Sin embargo, los vecinos reclaman que esa documentación esté disponible para su consulta y que las condiciones de seguridad sean verificadas mediante controles efectivos. La existencia de un estudio ambiental y de autorizaciones para avanzar con determinadas etapas no reemplaza la necesidad de supervisar el cumplimiento de las medidas previstas ni garantiza, por sí sola, la ausencia de impactos.
La campaña ciudadana también exige que se informe cuáles son las distancias de seguridad, qué mecanismos de contención se utilizarán ante un incendio y cuáles serán los procedimientos para proteger a la población ante una eventual emergencia.
Los vecinos piden frenar las obras y reconsiderar la ubicación
La petición impulsada en Change.org aclara que el reclamo no representa un rechazo al desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, sino un cuestionamiento al lugar elegido para instalar la planta.
Entre los principales pedidos figuran la publicación de los estudios de impacto ambiental, la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de seguridad y la apertura de instancias de información y participación ciudadana.
Además, los impulsores solicitan que se evalúe la reubicación del emprendimiento en un sector más adecuado y alejado de las viviendas, y que no se avance hacia nuevas etapas sin las autorizaciones y garantías correspondientes.
La organización vecinal también comenzó a difundir el reclamo a través de la cuenta Maschwitz Libre de Litio, desde donde comparte información sobre el proyecto y promueve nuevas adhesiones.
El conflicto expone una discusión que atraviesa la expansión de la infraestructura energética en distintos territorios: cómo compatibilizar las inversiones necesarias para mejorar el suministro eléctrico con la protección ambiental, la seguridad y los derechos de las comunidades cercanas.
El almacenamiento de energía puede cumplir un papel importante en la estabilidad de las redes eléctricas y en la incorporación de fuentes renovables. Pero su desarrollo también requiere evaluaciones rigurosas, información pública y una planificación que contemple los riesgos específicos de cada tecnología.