La jueza federal Mariel E. Borruto reconoció la competencia del juzgado y la legitimación de los demandantes para avanzar con la acción judicial. Sin embargo, determinó que el expediente deberá tramitarse mediante un proceso ordinario y no como un amparo, por considerar que la complejidad de los hechos requiere una instancia de análisis más amplia.
La causa pone bajo la lupa las actividades de una red de compañías pesqueras que explotan recursos del Atlántico Sur con autorizaciones de las autoridades británicas de las islas, sin contar, según sostiene la demanda, con permisos de la autoridad argentina. El planteo apunta a las consecuencias ambientales de esas capturas sobre un ecosistema marino que no reconoce las divisiones administrativas ni las disputas territoriales.
El alcance de la denuncia comprende la Zona Económica Exclusiva Argentina y las aguas próximas a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Para la magistrada, el caso involucra un posible daño ambiental de carácter interjurisdiccional, ya que las especies capturadas también habitan y se desplazan por otras áreas del Atlántico Sur.
Una demanda de hasta US$ 26.465 millones por la explotación pesquera en Malvinas
La presentación fue impulsada por César Lerena, especialista en política pesquera y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El reclamo económico se ubica entre los US$ 12.351 millones y los US$ 26.465 millones, según el criterio utilizado para calcular el valor de las capturas realizadas entre 1989 y 2025.
La diferencia entre ambos montos responde a las metodologías de valuación consideradas. La demanda contempla tanto precios FOB como valores mayoristas de los productos pesqueros, además de intereses, actualización y costas judiciales.
Entre las compañías señaladas figuran firmas españolas, sociedades mixtas vinculadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones. El planteo también alcanza a otros actores de la cadena comercial, como bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios que habrían participado o facilitado el funcionamiento de la actividad.
Según los demandantes, la explotación de los recursos pesqueros se desarrolla sin autorización argentina desde hace décadas y genera perjuicios que exceden el valor económico de las capturas. Por ese motivo, solicitan que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las empresas involucradas y establezca una reparación por los daños ambientales, económicos y sociales denunciados.
Para respaldar la presentación, los impulsores invocan el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922. También incorporan la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y documentación estadística y técnica, entre ella informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Uno de los puntos cuestionados son las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades británicas de las islas, incluidas renovaciones por períodos de hasta 25 años. La demanda también pone en discusión determinados esquemas societarios en los que participan mayoritariamente capitales vinculados con las islas.
La sobrepesca amenaza los recursos del Atlántico Sur y preocupa por el calamar
El impacto de las actividades denunciadas no se limita a la cantidad de ejemplares extraídos. Uno de los principales argumentos de la presentación es que las especies capturadas en las aguas próximas a Malvinas también forman parte del ecosistema de la Zona Económica Exclusiva Argentina y comparten ciclos biológicos y cadenas alimentarias.
En ese sentido, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había dictaminado a favor de admitir la demanda y recomendó hacer lugar a la medida cautelar solicitada para frenar las operaciones de las flotas denunciadas en aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En su dictamen, advirtió que la actividad denunciada provoca un daño ambiental “profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible”. También consideró que las consecuencias de la explotación pesquera pueden extenderse más allá de las zonas específicas donde operan los buques, debido a la conexión ecológica entre las distintas áreas del Atlántico Sur.
Entre las especies que concentran la actividad de las flotas extranjeras se encuentran el calamar Loligo o patagónico y el calamar Illex. Según informó el portal especializado Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en las islas colapsó en agosto, luego de que los muestreos científicos registraran niveles críticos de biomasa comercializable.
El dato vuelve a poner en discusión la sostenibilidad de un modelo de explotación que depende de recursos marinos compartidos y cuya extracción puede comprometer la disponibilidad futura de las especies. La presión pesquera, cuando no está acompañada por controles científicos y mecanismos efectivos de conservación, puede afectar la reproducción de las poblaciones y alterar el equilibrio del ecosistema.
Por ahora, la decisión de la jueza Borruto representa un primer avance judicial, pero no implica que se haya reconocido la responsabilidad de las empresas ni que se haya ordenado detener la actividad. La magistrada deberá resolver el pedido cautelar una vez incorporados los informes requeridos para evaluar el alcance de los daños denunciados.