La causa por la matanza de pingüinos en Punta Tombo entra en su tramo decisivo. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut escuchó los últimos argumentos en la apelación presentada por el empresario Ricardo La Regina, condenado por daño ambiental y crueldad animal tras la destrucción de nidos y la muerte de ejemplares en 2021.
El fallo, que podría conocerse en los próximos días, definirá si se confirma la pena de tres años de prisión condicional o si se revierte la condena. La expectativa es alta, tanto en el ámbito judicial como entre organizaciones ambientalistas, por el impacto que la decisión puede tener más allá del caso puntual.
Punta Tombo y el daño ambiental: qué pasó con los pingüinos de Magallanes
Los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre de 2021 en una de las principales colonias continentales de pingüinos de Magallanes. Según la acusación, La Regina realizó obras sin autorización en zonas protegidas, incluyendo la apertura de caminos con maquinaria pesada, desmontes y la instalación de un alambrado electrificado.
Estas intervenciones provocaron la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 pingüinos. Además, alteraron de manera significativa el ecosistema en plena etapa reproductiva, afectando tanto a ejemplares adultos como a crías.
Uno de los puntos más críticos fue la construcción de un camino de casi un kilómetro que removió la capa superficial del suelo en un área de alta densidad de nidificación. A esto se sumaron nuevas intervenciones que profundizaron el impacto ambiental en la zona.
Fallo clave y debate por el ecocidio en Argentina
La resolución del tribunal no solo definirá la situación del empresario, sino que podría sentar un precedente en materia ambiental. La fiscal de la causa, Florencia Gómez, fue contundente: “Necesito que se confirme la condena para dejar doctrina latinoamericana en impacto ambiental”.
El caso también dejó en evidencia vacíos legales. A pesar de la magnitud del daño, la acusación debió encuadrarse en delitos menores como daños agravados, ante la ausencia de una figura penal específica como el ecocidio.
Este punto reavivó el debate sobre la necesidad de actualizar la legislación ambiental en el país. La normativa vigente sobre crueldad animal data de 1954 y contempla penas consideradas bajas frente a hechos de esta magnitud.
La decisión de los cinco ministros del tribunal podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia argentina. En juego no solo está el futuro judicial del acusado, sino también el alcance real de la protección de los ecosistemas.