Revés judicial para las empresas Rockhopper y Navitas Petroleum. La Justicia Federal ordenó este miércoles frenar el inicio y la ejecución material del proyecto petrolero León Marino, denominado Sea Lion, a cargo de ambas compañías, que pretenden desarrollarlo sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Río Grande tras declararse competente/, en el marco de la acción preventiva de daño ambiental colectivo presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Desde AAdeAA precisaron en un comunicado que la jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a las dos compañías extranjeras “abstenerse de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar los actos materiales necesarios para desarrollar la explotación petrolera. La prohibición comprende tanto las operaciones marítimas como las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener el proyecto”, detallaron.
“La decisión constituye un avance fundamental para la defensa de la soberanía argentina y la protección de los ecosistemas del Atlántico Sur. Frente a un proyecto impulsado con licencias otorgadas por el gobierno de ocupación británica, la Justicia afirmó la aplicación del derecho argentino y ordenó actuar antes de que comiencen las perforaciones y se produzcan daños que podrían resultar irreversibles”, afirmaron desde AAdeAA.
En este sentido, detallaron que la medida cautelar prohíbe a la empresa inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited avanzar con:
- La perforación del lecho y el subsuelo marino destinada al desarrollo o explotación de hidrocarburos.
- La instalación permanente de infraestructura submarina para la extracción o producción de petróleo y gas.
- La colocación de conductos, líneas de flujo, sistemas de inyección, comunicación y control, y estructuras de fondeo permanente.
- La instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos.
- El inicio de la extracción o explotación comercial de petróleo y gas.
- Las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener esas operaciones.
La prohibición alcanza también la ampliación de instalaciones portuarias, la construcción o habilitación de bases logísticas, las plantas de preparación de lodos de perforación y cemento, los depósitos de productos químicos, la infraestructura habitacional y las instalaciones de apoyo aeronáutico vinculadas con León Marino.
A su vez, aseguraron que la orden “se extiende a las posibles ampliaciones del proyecto y a los pozos e instalaciones que se encuentren funcionalmente integrados al emprendimiento”.
“La abstención deberá mantenerse hasta que se realice ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido por la Ley General del Ambiente y se adopte la decisión correspondiente, o hasta que el Juzgado disponga lo contrario”, detallaron.
Qué es el proyecto Sea Lion
Sea Lion es un proyecto de explotación de hidrocarburos ubicado sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Está impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited.
El emprendimiento contempla una explotación petrolera de gran escala que podría extenderse durante más de 30 años. En su primera etapa están previstos 23 pozos submarinos, además de infraestructura instalada sobre el lecho marino y una unidad flotante destinada a la producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos.
El proyecto también requiere una infraestructura de apoyo en tierra, que incluye instalaciones portuarias y una base logística para sostener las operaciones offshore. Entre las obras vinculadas se encuentran plantas para la preparación de lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones de apoyo aeronáutico.
Navitas controla el 65% del proyecto mediante una subsidiaria constituida en el Reino Unido, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas compañías pretenden avanzar con permisos otorgados por las autoridades de las Islas Malvinas, un punto que forma parte del conflicto judicial planteado ante la Justicia Federal de Río Grande.
Desde la AAdeAA sostienen que Sea Lion “pretende instalarse sobre la plataforma continental argentina y en los espacios marítimos argentinos”. Por ese motivo, plantearon que el desarrollo debe someterse a la legislación ambiental argentina y contar con la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
El Estado argentino deberá informar y exigir información
En tanto, la Justicia también ordenó “requerir información urgente a distintos organismos del Estado nacional”. La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental deberá informar “si existe algún procedimiento ambiental, aviso de proyecto, declaración de impacto ambiental o certificado de aptitud ambiental relacionado con León Marino. Si el trámite se inicia en el futuro, deberá comunicarlo al Juzgado”.
Por su parte, la Secretaría de Energía deberá remitir los antecedentes administrativos de Rockhopper, Navitas y las demás sociedades vinculadas con el proyecto. También deberá informar sobre la vigencia y el alcance de las sanciones y actuaciones administrativas existentes.
La Cancillería argentina, en tanto, deberá precisar si alguna de las empresas, sus controlantes, contratistas o sociedades vinculadas recibió autorización del Estado argentino para realizar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes. Asimismo, deberá informar sobre investigaciones, declaraciones de clandestinidad, inhabilitaciones y sanciones relacionadas con el proyecto.
Soberanía ambiental en peligro
Sea Lion proyecta una explotación petrolera de gran escala destinada a funcionar durante más de treinta años. Sus primeras etapas contemplan 23 pozos submarinos, infraestructura instalada sobre el lecho marino, una unidad flotante de producción y almacenamiento y una extensa base logística y portuaria.
“Las empresas pretenden avanzar con permisos concedidos por la administración colonial británica que ocupa ilegítimamente las Islas Malvinas. La explotación convertiría esa ocupación territorial en apropiación económica de recursos naturales argentinos y consolidaría durante décadas una infraestructura petrolera extranjera en el Atlántico Sur”, sentenciaron.
A la vez, recordaron que el proyecto “amenaza las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur”. “La defensa de Malvinas requiere políticas públicas permanentes y una actuación coordinada de todas las instituciones del Estado. La Justicia dio un paso fundamental. Ahora corresponde garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución y evitar que Rockhopper y Navitas consoliden una explotación petrolera extranjera sobre territorio marítimo argentino”, concluyeron.