Los barrios cerrados deberán separar y gestionar la basura que generan y plantea un nuevo desafío

En la provincia de Buenos Aires, todos los barrios cerrados deberán separar y gestionar la basura que producen, incluyendo residuos orgánicos, aparatos eléctricos y desechos de construcción y demolición. 

El rápido crecimiento de estos barrios generó un desafío en la gestión de residuos domiciliarios, imponiendo una carga adicional sobre los municipios y comunas que ha elevado los costos de los servicios tradicionales. 

Para abordar este problema y en línea con la tendencia de la economía circular, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente, decretó que a partir de este mes todos los barrios cerrados o countries deberán encargarse de separar y gestionar sus propios residuos.

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La resolución 190/2024, firmada por la ministra Daniela Vilar, establece que todos los clubes de campo y barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires deben implementar un plan de gestión diferenciada de residuos sólidos urbanos. Esto incluye la separación en origen y el transporte de la fracción reciclable para su tratamiento.

Esta normativa amplía la resolución Nº 137 de 2013, que solo aplicaba al Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Además de extenderse a toda la provincia, la nueva disposición del Ministerio de Ambiente del gobierno de Axel Kicillof amplía las responsabilidades de los generadores de residuos para incluir también los residuos orgánicos, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y los residuos de construcción y demolición (RCD). Esta medida forma parte del programa provincial “Mi Provincia Recicla”, orientado a promover la economía circular.

Según datos oficiales, en Argentina se generan en promedio 1,15 kg de residuos sólidos urbanos por persona al día, lo que equivale a aproximadamente 49.300 toneladas diarias y unos 18 millones de toneladas anuales.

Estas cifras dieron lugar a cerca de 5.000 basurales a cielo abierto (BCA), una forma de disposición final de desechos que sigue siendo oficial en muchos municipios y representa uno de los mayores riesgos ambientales y sanitarios del país.

La normativa anterior solo aplicaba a las urbanizaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y solo alrededor del 10% de estas estaban registradas en el Ministerio provincial. Desde el Ministerio de Ambiente, señalaron que la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en las urbanizaciones no registradas añade una carga adicional a la recolección municipal, lo que implica mayores costos y desafíos logísticos para los gobiernos locales.

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“La separación en origen y el correcto tratamiento de residuos tiene un enorme impacto ambiental y social: disminuye considerablemente la cantidad de residuos que terminan en basurales y genera trabajo para los recuperadores urbanos”, explicó la ministra Vilar.

Estas acciones también favorecen toda la cadena industrial generada a partir del reciclado, conformada por un entramado de cooperativas de recolectores, pequeñas industrias recicladoras y grandes fábricas destinadas a generar la materia prima reciclada.

“Es importantísimo para que la industria del reciclado crezca impulsar que las instituciones y complejos habitacionales que generen grandes cantidades de residuos separen en origen y gestionen sus reciclables”, enfatizó la funcionaria.