Las restricciones a las apuestas online en Argentina enfrentan a las empresas del sector con quienes impulsan una regulación más estricta. Mientras las plataformas con licencia buscan evitar nuevas obligaciones, el Congreso debate cómo frenar el acceso de menores al juego, limitar la publicidad y combatir los sitios que operan sin autorización. La discusión enfrenta dos estrategias: endurecer las reglas para todo el mercado o concentrar los controles en las plataformas ilegales.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo propone penas de prisión para quienes organicen o exploten sistemas de apuestas sin autorización, además de sanciones para quienes faciliten su funcionamiento mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales cuando conozcan su ilegalidad.
La iniciativa contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten u organicen sistemas de apuestas no autorizados y de dos a cuatro años para quienes presten servicios esenciales para esas operaciones con conocimiento de su carácter ilegal. También prevé bloquear dominios y restringir las operaciones financieras de las plataformas sin habilitación.
Sin embargo, el texto oficial tiene un alcance más acotado que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en 2024. La propuesta del Gobierno se concentra en impedir el acceso de menores de edad y limitar la publicidad dirigida a ese público o que vincule las apuestas con el éxito económico, laboral o social. No establece una prohibición general de los anuncios ni de los patrocinios deportivos.
Esta diferencia es central para las empresas del sector, que buscan que la respuesta estatal se concentre en la oferta ilegal y no imponga nuevas restricciones a los operadores habilitados. Del otro lado, quienes promueven controles más amplios sostienen que la publicidad, las promociones y los mecanismos para incentivar el juego también deben formar parte de la regulación.
El Senado debate cómo regular las apuestas online y la publicidad
La media sanción de Diputados de 2024, que pierde vigencia este año si no completa el trámite legislativo correspondiente, incorpora mayores restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de las apuestas online.
El texto también contempla mecanismos de verificación de identidad, un sistema de autoexclusión para quienes decidan dejar de apostar y límites a los medios de pago utilizados para realizar apuestas. Estas herramientas apuntan a reducir los riesgos asociados al juego y dificultar el acceso de personas que deberían estar excluidas de las plataformas.
La discusión tiene una dimensión económica relevante. La industria de las apuestas online combina ingresos por publicidad, acuerdos comerciales y patrocinios deportivos, mientras que las plataformas compiten por captar y retener usuarios mediante promociones y programas de fidelización.
Una regulación más estricta podría modificar esas estrategias comerciales y aumentar las obligaciones de las empresas autorizadas. Por eso, el sector busca que las nuevas normas distingan entre los operadores que cumplen con los requisitos legales y aquellos que funcionan al margen de los controles estatales.
Según publicó El Cronista, dentro del oficialismo advierten sobre el peso de la informalidad en el mercado y las dificultades para aplicar una regulación sobre plataformas que operan sin licencia. En ese contexto, se mencionó que el 85% de la actividad se canalizaría por vías informales. Sin embargo, esa cifra requiere corroboración independiente, ya que no se dispone de información suficiente sobre su metodología, el universo analizado ni el período al que corresponde.
La dimensión del mercado ilegal es uno de los argumentos centrales para quienes defienden una estrategia enfocada en bloquear sitios, interrumpir sus operaciones financieras y sancionar a quienes faciliten su funcionamiento. No obstante, combatir la oferta sin licencia no resuelve por sí solo el debate sobre la exposición a la publicidad, las promociones comerciales y los mecanismos que incentivan a apostar con mayor frecuencia.
La provincia de Buenos Aires impulsa mayores controles a las casas de apuestas
La disputa regulatoria también se extiende a la provincia de Buenos Aires. Los legisladores de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto impulsan una iniciativa que busca imponer mayores exigencias a las empresas de apuestas online.
Entre las medidas propuestas figura la eliminación de los bonos de bienvenida y los programas de fidelización, herramientas comerciales que las plataformas utilizan para atraer nuevos usuarios y mantener su actividad. La iniciativa también contempla mecanismos para bloquear sitios ilegales y medidas económicas destinadas a financiar políticas públicas.
Uno de los puntos más relevantes es la creación de un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas, cuyos recursos se destinarían a políticas de salud mental. El proyecto también propone establecer un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.
Estas medidas buscan vincular parte de los recursos económicos generados por el sector con acciones de prevención y asistencia. Al mismo tiempo, podrían modificar los costos comerciales de las empresas y la relación entre las plataformas, los anunciantes y las instituciones deportivas.
El debate legislativo, por lo tanto, no se limita a determinar qué sanciones corresponden a quienes operan sin autorización. También pone en discusión hasta dónde debe llegar la regulación de una actividad legal, qué responsabilidades tienen las empresas frente a los riesgos asociados al juego y qué mecanismos de financiamiento deberían sostener las políticas de prevención.