El caso de Comarsa, la empresa señalada por acumular residuos peligrosos de la actividad hidrocarburífera sin el tratamiento correspondiente en Vaca Muerta, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. A partir del análisis sobre la causa judicial contra Comarsa en Vaca Muerta, la investigación expuso un pasivo ambiental millonario y presuntas irregularidades en el manejo de los desechos petroleros. Ahora, una nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén volvió a poner en duda la realización del juicio oral contra tres de sus exdirectivos.
Los responsables de la empresa del mayor basurero de residuos hidrocarburíferos a cielo abierto de la Patagonia, enclavado en la ciudad de Neuquén, obtuvieron una nueva oportunidad por parte del Poder Judicial local para evitar un juicio oral y público por daños graves al ambiente y a la salud pública.
Comarsa y el basurero petrolero de Vaca Muerta bajo investigación judicial
La sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso que un nuevo juez de Garantías vuelva a considerar la suspensión del juicio a prueba (probation) en beneficio de un accionista y dos ex gerentes de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), responsables de al menos 300 toneladas de tóxicos acumulados en superficie y un volumen indeterminado enterrado clandestinamente.
El 2 de noviembre, la sala penal firmó el acuerdo para anular la decisión de otro tribunal de impugnación, cuando otro juez ya fijó para marzo del año próximo la realización del juicio oral y público contra los tres imputados. Ese laberinto judicial confirma que distintos actores pretenden que no se ventile en audiencias públicas los detalles de los delitos acumulados desde 2014, la basura producida por las más grandes operadoras del mercado del fracking en Vaca Muerta. Al cierre de esta nota todavía no estaba fijada la fecha de la nueva audiencia, ni designadx nuevx juezx de Garantías para que disponga eventualmente la suspensión del juicio a prueba y, en caso positivo, las condiciones a imponer.
Juan Manuel Luis, Héctor Emilio Basilotta y Federico Augusto Ponce son acusados por la Fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén y dos organizaciones querellantes por los residuos tóxicos que contienen por lo menos seis sustancias cancerígenas, acumuladas por años en medio de la trama urbana, a metros de barrios densamente poblados, sin el tratamiento de remediación exigido por ley vigente. El pasivo ambiental está estimado en 7 millones de dólares, según se documentó en la audiencia pública de formulación de cargos en 2024. Este año, un juez de Garantías otorgó la probation a uno de los imputados por diez millones de pesos destinados a la Secretaría de Ambiente, entre otras condiciones aún más baratas.
Comar SA fue formada en 2008 en Neuquén, por directivos oriundos de Cipolletti (Río Negro). Al año siguiente comenzó a operar en el parque industrial de la ciudad de Neuquén, en el tratamiento de los desechos de lodos y aguas contaminadas provenientes de la explotación convencional. Con la irrupción del fracking a partir de 2011 en la formación Vaca Muerta, aumentó la producción de residuos por parte de todas las operadoras, con YPF y Chevron a la cabeza en esa etapa. Comarsa recibía, no trataba (ni remediaba), emitía certificaciones a las operadoras que le entregaban los residuos, eliminaba la huella de origen. A la vez, acaparaba tierra pública porque la superficie otorgada por el municipio local le resultaba insuficiente para atender la demanda, todo de acuerdo a las fundamentaciones hechas en distintas audiencias desde la denuncia original iniciada en 2022.
Residuos tóxicos del fracking y el impacto ambiental en Neuquén
En 2014, cuando florecía el negocio de las plantas de tratamiento de residuos de la industria petrolera en Vaca Muerta, comenzaron a expresarse los primeros espacios sociales y políticos que advirtieron el riesgo medioambiental de los basureros. Algunos sectores políticos aislados se pronunciaron, reclamaron información pública. En 2021, el Frente de Izquierda (FIT) reclamó y consiguió documentación de la provincia y del municipio, base documental indispensable para la denuncia posterior encabezada por la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas, querellante en este legajo.
Comar SA hizo un negocio de los residuos producidos por YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol, cuya trazabilidad quedó oculta por el manejo fuera de la ley del basurero. La Fiscalía sostuvo que se está ante el delito de contaminación peligrosa para la salud pública por el acopio de material contaminante sin tratar, no sólo en su predio, sino que depositó grandes cantidades de desechos tóxicos en tierras lindantes que no eran de su propiedad.
El Observatorio Petrolero Sur (OPSur) publicó un informe sobre el caso en 2021, trabajo de lectura necesaria en esta coyuntura en que se verá si el Poder Judicial respeta la necesidad social de confrotar a los megacontaminadores, o los protege. De acuerdo con el informe de investigación publicado por el Observatorio Petrolero Sur en junio de 2021, un equipo de OPSur explicó que “la noción residuos petroleros se refiere fundamentalmente a cutting (lodos de perforación), flowblack (agua de retorno del fracking) y los denominados fondos de tanques, entre otros desechos. Estos, además de contener los químicos utilizados en todo el proceso de perforación y fractura, suelen traer las sustancias alojadas en subsuelo, como metales pesados –mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, etc.– o materiales radiactivos de origen natural –uranio, torio, radio y radón”.