Tras el fallo de la Corte Suprema, ahora la Justicia ordenó al Gobierno nacional preservar toda la información sobre tierras rurales de la provincia de Buenos Aires recopilada durante los 15 años de vigencia de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023.
La medida fue adoptada a partir de un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que advirtió sobre la pérdida de mecanismos de control tras la eliminación de la normativa.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata le dio cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para informar hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de los antecedentes registrales reunidos durante ese período.
La presentación fue realizada por el organismo que conduce Guido Lorenzino, que señaló que la derogación de la Ley 26.737 eliminó el mapa dominial y las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de titulares extranjeros.
Desde la Defensoría advirtieron que la falta de esos mecanismos puede afectar el conocimiento sobre la distribución de la propiedad rural y la protección ambiental en distritos donde existe una alta concentración de titularidad extranjera, entre ellos Campana y Zárate.
“Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”, sostuvo Lorenzino.
El organismo también planteó que la información acumulada durante la vigencia de la Ley de Tierras resulta necesaria para conocer la situación dominial de los campos bonaerenses y evaluar los cambios que puedan producirse a partir de la derogación de las restricciones.
Información clave para el desarrollo sostenible de la provincia
El juzgado estableció que el Ministerio de Justicia debe precisar hasta qué momento fueron actualizadas las bases de datos y asegurar la conservación de los registros y antecedentes recopilados durante los últimos 15 años.
En su resolución, el tribunal consideró que la pérdida o alteración de esa información podría provocar un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia.
La medida se produce en medio de la disputa judicial y política por el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley de Tierras había creado mecanismos de registro y control sobre la titularidad extranjera. Con su derogación, esos límites dejaron de estar vigentes, mientras distintas organizaciones y organismos cuestionan las consecuencias de la desregulación sobre el territorio y el ambiente.
Para la Defensoría bonaerense, preservar los datos generados durante la vigencia de la ley permite evitar que la modificación del marco normativo implique también la pérdida de información clave sobre la propiedad rural de la provincia.