La Corte Suprema volvió a intervenir en la disputa por la Ley de Tierras y convocó a dos conjueces para resolver cómo seguirá una causa que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión se conoció después de que los tres integrantes actuales del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no alcanzaran una posición unánime sobre el planteo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie. El sorteo de los conjueces se realizará para completar la integración necesaria del tribunal.
El nuevo movimiento judicial se produce mientras en la Cámara de Diputados avanza el debate sobre el DNU 70/2023. La oposición impulsa una sesión especial para el 15 de octubre, mientras que en el Congreso ya fue presentado un proyecto para derogar específicamente el artículo 154 y restituir la vigencia de la Ley de Tierras.
Por qué la Corte vuelve a analizar la Ley de Tierras
El nuevo expediente surgió a partir de una presentación de Árbol de Pie, una asociación ambiental que cuestiona el artículo 154 del DNU y sostiene su planteo en el derecho a la protección del ambiente.
La organización presentó una solicitud de aclaratoria luego del fallo con el que la Corte rechazó la demanda impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación. En esa oportunidad, el máximo tribunal dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154.
Sin embargo, la Corte aclaró que aquel fallo no resolvió la cuestión de fondo: es decir, no determinó si es constitucional o no la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. También señaló que su decisión se limitó a la legitimación del CECIM y que no impedía analizar otros expedientes vinculados con la misma norma.
Ahora, el planteo de Árbol de Pie vuelve a poner el artículo 154 bajo análisis judicial.
Qué pueden resolver los conjueces
La cuestión que debe definir la Corte en esta instancia no implica necesariamente que vaya a pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154.
El primer punto será determinar cómo continúa el expediente iniciado por Árbol de Pie y si corresponde aplicar a esta asociación el mismo criterio utilizado con el CECIM. La diferencia planteada por la organización ambiental es que su presentación se basa en la protección del ambiente y cuestiona la derogación de la Ley de Tierras desde una perspectiva diferente.
Si la causa continúa su trámite, quedaría abierta la posibilidad de que posteriormente se analice una medida cautelar contra la aplicación del artículo 154. Una eventual decisión en ese sentido podría volver a modificar el escenario sobre la vigencia de la derogación de la Ley de Tierras.
Por ahora, la Corte no declaró la constitucionalidad del artículo 154. La derogación de la Ley 26.737 permanece vigente a partir del fallo que rechazó la presentación del CECIM, mientras el nuevo planteo sigue en análisis.
El debate por la Ley de Tierras llega a Diputados
La discusión judicial se desarrolla en paralelo con una nueva ofensiva parlamentaria contra el DNU 70/2023.
En la Cámara de Diputados fue presentado el expediente 5217-D-2026, que propone derogar el artículo 154 y restituir la plena vigencia de la Ley 26.737. El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.
Además, existe un proyecto para rechazar de manera integral el DNU 70/2023. La oposición busca avanzar con una sesión especial el 15 de octubre, en un escenario en el que la derogación del decreto no puede votarse artículo por artículo.
La Ley de Tierras quedó así en el cruce de dos discusiones: una judicial, que ahora suma nuevos magistrados para resolver cómo continúa una demanda ambiental, y otra parlamentaria, que busca modificar nuevamente el marco que regula la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros.
La próxima definición de la Corte sobre el expediente de Árbol de Pie será seguida de cerca por el Congreso, porque una eventual medida cautelar sobre el artículo 154 podría modificar nuevamente el escenario en torno a la Ley de Tierras y al debate sobre el DNU 70/2023.
Con información de iProfesional